El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió un caso crucial relacionado con los ataques del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal.
Mediante una votación de 6-3, el caso Fischer v. Estados Unidos revierte la interpretación más amplia de la ley adoptada por el Circuito de D.C., pues la mayoría del Tribunal resolvió que esta no puede servir para evaluar la procedencia de los cargos contra Fischer, un exoficial de policía de Pensilvania, quien ingresó al Capitolio durante los disturbios del 6 de enero.
Esta determinación pudiera impactar el caso que enfrenta el expresidente Donald J. Trump, quien fue acusado de dos cargos de obstrucción y conspiración para obstruir un procedimiento oficial en el caso penal federal en su contra por intentar revertir las elecciones de 2020.
La cuestión central del caso contra Fischer era determinar si una ley federal que criminaliza la obstrucción corrupta de investigaciones y consultas del Congreso puede ser utilizada para procesar a los participantes en el ataque al Capitolio.
El Tribunal sostuvo que, para demostrar una violación de la ley, el gobierno debe probar que el acusado afectó la disponibilidad o integridad de registros, documentos, objetos u otras cosas utilizadas en un procedimiento oficial, o que intentó hacerlo.
Esta decisión marca un precedente significativo en la interpretación de la ley federal en el contexto de las investigaciones congresionales y subraya la necesidad de criterios específicos y claros para enjuiciar casos relacionados con la obstrucción de procesos oficiales.
¿Cómo surgió este caso?
El caso Fischer v. Estados Unidos ha tenido un recorrido significativo a través del sistema judicial antes de llegar al Tribunal Supremo.
Joseph W. Fischer, un exoficial de policía de Pensilvania, fue acusado de varios delitos, incluyendo la obstrucción de un procedimiento oficial bajo la sección 18 U.S.C. § 1512(c). Esta ley, parte del Sarbanes-Oxley Act de 2002, fue diseñada inicialmente para abordar la manipulación de pruebas y otros actos de obstrucción en contextos corporativos.
En marzo de 2022, el juez de distrito Carl J. Nichols desestimó las acusaciones de obstrucción contra Fischer y otros dos acusados, argumentando que la ley no debía aplicarse a sus acciones, ya que no involucraban manipulación de pruebas físicas como documentos o registros. Sin embargo, esta decisión no fue vinculante para otros jueces, y muchos otros casos siguieron su curso con diferentes interpretaciones de la ley.
En abril de 2023, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. revocó la decisión de Nichols, sosteniendo que la ley podía aplicarse de manera más amplia para incluir cualquier forma de obstrucción corrupta de un procedimiento oficial y no solo la manipulación de pruebas físicas. Fischer apeló esta decisión al Tribunal Supremo, que aceptó revisar el caso en diciembre de 2023.
El 16 de abril de 2024, se presentaron los argumentos orales ante el Tribunal Supremo. Finalmente, en una decisión dividida de 6-3, el Tribunal Supremo decidió que para probar una violación de la ley, el gobierno debe demostrar que el acusado afectó la disponibilidad o integridad de registros, documentos u otros objetos utilizados en un procedimiento oficial, o intentó hacerlo. Esta decisión limitó la interpretación más amplia del Circuito de D.C. y devolvió el caso para una nueva evaluación a la luz de esta interpretación más estricta.
¿Qué pasó el 6 de enero de 2021?
El 6 de enero de 2021, una multitud de partidarios del entonces presidente Donald Trump atacó el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Este evento se produjo dos meses después de la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020, cuando sus seguidores intentaron impedir la certificación del voto del Colegio Electoral que confirmaría la victoria de Joe Biden.
Ese día, Trump dio un discurso en un mitin cerca de la Casa Blanca, reiterando sus afirmaciones infundadas de fraude electoral y animando a sus seguidores a "luchar como el infierno". Miles de manifestantes marcharon hacia el Capitolio y cientos de ellos irrumpieron en el edificio, superando a las fuerzas de seguridad y vandalizando oficinas, incluyendo la del entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Este ataque ocurrió mientras el Congreso estaba reunido en una sesión conjunta para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que Joe Biden había derrotado a Trump. Los seguidores de Trump, motivados por sus afirmaciones infundadas de fraude electoral, entraron violentamente en el edificio para impedir la confirmación de la victoria de Biden.
Durante el ataque, los manifestantes rompieron ventanas, saquearon oficinas y vandalizaron el edificio del Capitolio. Los enfrentamientos resultaron en la muerte de cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio, y numerosos heridos entre los agentes de seguridad y los manifestantes. Aproximadamente 140 oficiales de policía fueron agredidos, incluidos miembros de la Policía del Capitolio y del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C.
La respuesta inicial de las fuerzas del orden fue superada por la magnitud del ataque, lo que llevó a la activación de la Guardia Nacional de D.C. alrededor de las 2 p.m. y la llegada de refuerzos que finalmente lograron asegurar el perímetro del Capitolio horas más tarde. A las 8 p.m., el complejo fue declarado seguro, permitiendo que el Congreso reanudara la sesión y confirmara formalmente la elección de Biden a las 3:24 a.m. del 7 de enero.
Este evento fue ampliamente condenado y calificado como un acto de insurrección o intento de golpe de estado. En los días siguientes, Trump fue sometido a un segundo juicio político por "incitación a la insurrección", y fue absuelto por el Senado.
La investigación y procesamiento de los involucrados ha sido una de las más grandes en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., con más de 1,200 personas arrestadas hasta la fecha. Se han presentado numerosos cargos, incluyendo asalto a oficiales de policía, obstrucción de un procedimiento oficial, y conspiración. Muchas de estas personas han sido condenadas y sentenciadas a prisión.