OIG detecta accesos sin control para alterar multas en CESCO

Una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) identificó deficiencias significativas en los controles del sistema DAVID+ del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), incluyendo accesos que permiten a empleados del CESCO modificar el estatus, ajustar o eliminar multas administrativas sin requerir autorización previa de sus supervisores.

Los hallazgos forman parte del informe OIG-QI-27-002, publicado el 8 de septiembre, tras una investigación sobre posibles irregularidades en el CESCO de Caguas. La intervención comenzó a raíz de un planteamiento recibido por la OIG el 4 de junio de 2024 relacionado con el manejo del sistema DAVID+. 

Según el informe, administradores, oficiales de oficina, oficinistas, auxiliares administrativos e incluso empleados clasificados como educadores de conductores poseían accesos con privilegios que les permitían ejecutar transacciones consideradas críticas, aun cuando no necesariamente tenían la designación de operadores.

Esos accesos incluían la capacidad de ajustar o eliminar multas administrativas, completar procesos relacionados con licencias de conducir, modificar categorías de licencias, manejar planes de pago y tramitar transferencias de títulos de vehículos. La OIG determinó que esas operaciones podían realizarse sin autorización previa o supervisión directa del nivel gerencial del CESCO. 

El organismo fiscalizador advirtió que el propio sistema DAVID+ permite modificar el estatus de una multa sin que el cambio tenga que ser aprobado previamente por un supervisor o por la dirección del centro.

La OIG señaló que esa ausencia de controles aumenta la posibilidad de errores o irregularidades que podrían no ser detectadas oportunamente y representa un riesgo para la integridad de la información almacenada en el sistema. 

51,254 transacciones bajo análisis

Como parte de la investigación, el DTOP entregó a la OIG información correspondiente a 51,254 transacciones de multas administrativas efectuadas entre marzo y diciembre de 2024.

Los informes contenían, entre otros datos, el nombre y número de usuario de la persona que realizó cada transacción, el boleto, el monto de la multa, la tablilla, la fecha y el estatus adjudicado. Posteriormente, la OIG seleccionó una muestra y realizó varias visitas al CESCO de Caguas para verificar si los cambios efectuados contaban con documentación que los justificara. 

En septiembre de 2025, el CESCO produjo 97 certificaciones relacionadas con las transacciones seleccionadas para la investigación.

Sin embargo, el informe público no detalla determinadas situaciones detectadas durante ese análisis. La OIG confirmó que surgieron asuntos que fueron referidos a autoridades con jurisdicción, pero mantuvo confidenciales tanto los fundamentos como los detalles para evitar afectar investigaciones posteriores. 

El documento también advierte expresamente que las posibles infracciones de naturaleza penal identificadas durante la investigación no fueron incluidas en el informe público porque serán atendidas por las autoridades correspondientes. 

Sistema sin alertas y con perfiles de “superusuario”

La investigación reveló además que la administración de los accesos a DAVID+ depende de formularios procesados manualmente y que, al momento de la intervención, no existía una base de datos centralizada que permitiera mantener un tracto de las solicitudes, aprobaciones, modificaciones o cancelaciones de esos privilegios.

El sistema tampoco contaba con alertas automáticas o informes de excepción que permitieran identificar inmediatamente operaciones inusuales y someterlas al escrutinio de supervisores. 

La OIG atribuyó parte del problema a la utilización de perfiles de “superusuario”, la falta de segregación adecuada de funciones y a que DAVID+ ha sido declarado obsoleto y no había recibido las actualizaciones necesarias.

Otro problema identificado es que el sistema no permitía almacenar digitalmente la evidencia que respaldaba los cambios en las multas, como resoluciones judiciales o certificaciones de pago. Esa documentación permanecía en papel.

Documentos al alcance de empleados y visitantes

La investigación también encontró deficiencias en el manejo de los expedientes físicos.

Durante las inspecciones, la OIG encontró que el archivo del CESCO estaba ubicado en un espacio compartido y sin controles de acceso mediante llaves, tarjetas o mecanismos electrónicos, por lo que empleados e incluso visitantes podían tener acceso a documentación que contenía información confidencial.

Debido a la falta de espacio, además, había sobres y cajas almacenados en pasillos y otras áreas comunes. No se encontró evidencia del último inventario del archivo ni de un sistema adecuado para conocer qué documentos habían sido transferidos para digitalización o conservación. 

Cada operador podía interpretar una multa de manera distinta

El segundo gran hallazgo de la OIG apunta a la ausencia de reglas uniformes para decidir cuándo una multa debe aparecer como pagada, cancelada, invalidada, expirada o restaurada como pendiente de pago.

Según el informe, DISCO no tenía reglamentos, directrices o manuales formales que establecieran de manera uniforme cómo utilizar esas clasificaciones.

Cuando los investigadores entrevistaron a empleados en Caguas descubrieron criterios distintos incluso dentro del mismo centro. Mientras algunos operadores clasificaban como “invalidada” una multa eliminada mediante resolución judicial, otros la registraban como “cancelada”.

Una empleada llegó a mostrar a los investigadores un documento preparado por ella misma para explicar cómo interpretaba cada clasificación. Ese documento no era oficial y algunas de sus interpretaciones tampoco coincidían con las explicaciones ofrecidas por funcionarios de DISCO. 

La OIG concluyó que esa falta de uniformidad permite que los empleados clasifiquen multas utilizando criterios propios y dificulta determinar posteriormente si una transacción se realizó correctamente.

OIG ordena fortalecer los controles

La Inspectora General, Ivelisse Torres Rivera, concluyó que funcionarios concernidos del CESCO de Caguas actuaron contrario a normas internas y disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El informe identifica debilidades en los controles internos, la administración de documentos y el manejo de los accesos al sistema. 

Entre las recomendaciones al DTOP figura limitar los perfiles de “superusuario”, separar funciones, exigir autorización previa para transacciones críticas y establecer supervisión continua sobre las operaciones realizadas en DAVID+.

Particularmente, la OIG recomendó que cambios relacionados con multas canceladas, expiradas y restauradas como pendientes de pago requieran autorización previa. También recomendó digitalizar los documentos que respaldan cada transacción y reorganizar el archivo físico del CESCO de Caguas. 

El informe fue remitido al DTOP para la implantación de un plan de acción correctiva. Entretanto, los asuntos que podrían tener implicaciones adicionales permanecen bajo confidencialidad debido a los referidos realizados a otras autoridades.