Perú expone denuncias contra 77 religiosos por abusos
Organizaciones exigen acciones al papa León XIV ante denuncias de abuso sexual infantil, mientras Nueva York acuerda pagar $800 millones a víctimas.
Por Agencia EFE|Noticias|
Una organización internacional dedicada a documentar los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica presentó una base de datos con denuncias contra 77 religiosos vinculados a Perú por presuntos abusos sexuales contra menores, a pocos días de la visita del papa León XIV al país sudamericano.
La organización estadounidense BishopAccountability.org divulgó este jueves, 5 de noviembre, los resultados de una investigación que recopila señalamientos contra sacerdotes, hermanos religiosos y laicos consagrados que han desempeñado funciones en instituciones católicas peruanas durante las últimas décadas.
La presentación estuvo encabezada por Anne Barrett Doyle, codirectora de la organización, quien reclamó medidas más rigurosas para investigar las denuncias, proteger a los menores y responsabilizar a las autoridades eclesiásticas que hayan permitido el encubrimiento de conductas delictivas.
La base de datos reúne información sobre las personas señaladas, las circunstancias de las denuncias y las actuaciones adoptadas por las autoridades religiosas y judiciales cuando estas han intervenido.
La inclusión de una persona en el registro no supone necesariamente una condena judicial ni establece por sí sola su responsabilidad penal.
Exigen al Papa medidas contra el encubrimiento
La divulgación ocurre en vísperas de la visita de León XIV, quien mantuvo una estrecha relación con Perú durante más de dos décadas, primero como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo.
Durante su estancia en el país, el actual pontífice también presidió la Comisión de Protección del Menor de la Conferencia Episcopal Peruana, una responsabilidad que lo vinculó directamente con los mecanismos eclesiásticos de prevención y atención de denuncias.
Bishop Accountability considera que ese conocimiento de la realidad peruana coloca al Papa ante una oportunidad para impulsar reformas.
Entre las principales solicitudes presentadas figuran la publicación de los nombres de religiosos con acusaciones fundamentadas, la creación de una comisión de la verdad y modificaciones al derecho canónico para fortalecer la investigación y sanción de los abusos.
La organización también solicitó que el pontífice denuncie las presuntas acciones judiciales utilizadas contra periodistas que han investigado casos de abuso dentro de instituciones religiosas.
Barrett Doyle sostuvo que la transparencia resulta indispensable para prevenir nuevos casos y evitar que personas denunciadas continúen desempeñando funciones que puedan poner en riesgo a menores.
El escándalo del Sodalicio vuelve al centro del debate
Uno de los casos que resurgió durante la presentación fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, organización católica fundada en Perú y disuelta por orden del papa Francisco tras investigaciones sobre abusos sexuales, violencia psicológica y otras irregularidades.
Las investigaciones eclesiásticas recopilaron más de un centenar de denuncias relacionadas con diferentes formas de violencia y maltrato.
La disolución del grupo también estuvo acompañada de la expulsión de su fundador, Luis Fernando Figari, de la organización religiosa.
José Enrique Escardó, fundador de la Red de Sobrevivientes Perú y uno de los primeros denunciantes del Sodalicio, cuestionó la respuesta del sistema judicial peruano y denunció que las víctimas todavía esperan consecuencias penales para los responsables.
Escardó reclamó que las acciones de la Iglesia no se limiten a expresiones públicas de solidaridad, sino que incluyan medidas verificables de reparación, prevención y rendición de cuentas.
Por su parte, Bishop Accountability criticó los procedimientos internos mediante los cuales las autoridades eclesiásticas investigan a sus propios integrantes, al considerar que pueden generar conflictos de interés y dificultar una supervisión independiente.
Reclaman una comisión de la verdad
Los representantes de las víctimas solicitaron que el Gobierno peruano impulse una investigación independiente sobre las denuncias de violencia sexual cometida contra menores en instituciones católicas.
La propuesta coincide con recomendaciones formuladas en 2025 por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Una comisión de esta naturaleza permitiría examinar las actuaciones de las instituciones religiosas, identificar posibles patrones de encubrimiento y formular recomendaciones para prevenir futuros abusos.
La controversia surge mientras organizaciones de sobrevivientes reclaman una mayor participación de las autoridades civiles y mecanismos de investigación que no dependan exclusivamente de las estructuras de la Iglesia.
Nueva York indemnizará a 1,300 víctimas con $800 millones
Mientras las denuncias en Perú reavivan los reclamos de justicia, la Arquidiócesis de Nueva York alcanzó un acuerdo de $800 millones para compensar a aproximadamente 1,300 personas que denunciaron abusos sexuales sufridos cuando eran menores de edad.
El acuerdo, anunciado el jueves, 5 de noviembre, responde a reclamaciones contra sacerdotes y personal laico vinculados a instituciones católicas de esa jurisdicción estadounidense.
Según los términos divulgados, los sobrevivientes podrán optar por un pago único de al menos $250,000 mediante un procedimiento acelerado o solicitar una indemnización superior sujeta a una evaluación individual de sus reclamaciones.
Para financiar las compensaciones, la Arquidiócesis recurrió a la venta de propiedades de alto valor y a reducciones de personal y presupuesto.
El arzobispo de Nueva York, Ronald A. Hicks, expresó que la institución busca alcanzar una solución justa para las personas afectadas y promover un proceso de reconciliación.
El litigio cobró impulso tras la aprobación de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York en 2019, que abrió una oportunidad extraordinaria para presentar reclamaciones civiles por abusos ocurridos décadas atrás.
Como parte del acuerdo, la Arquidiócesis también deberá publicar información sobre integrantes del clero y personal laico señalados mediante acusaciones consideradas creíbles, además de mantener actualizado ese registro.
El convenio figura entre los acuerdos de compensación más cuantiosos relacionados con abusos sexuales dentro de la Iglesia católica estadounidense.
Una controversia que trasciende fronteras
Los acontecimientos de Perú y Nueva York reflejan dos etapas distintas de las reclamaciones contra instituciones católicas: por un lado, la exigencia de investigaciones independientes y transparencia; por otro, la negociación de compensaciones económicas para personas que denunciaron abusos ocurridos durante décadas.
En Perú, las organizaciones de sobrevivientes esperan que la visita del papa León XIV se traduzca en compromisos concretos para investigar responsabilidades y prevenir nuevas agresiones.
En Nueva York, el acuerdo económico representa un avance en la resolución de reclamaciones civiles, aunque las indemnizaciones no sustituyen los procesos de investigación ni las posibles responsabilidades penales individuales.
El reclamo compartido por las víctimas es que las instituciones religiosas respondan no solamente por los abusos denunciados, sino también por las decisiones y omisiones que pudieron permitir su continuidad.