PRIMICIA: Educación federal responde a terminación de fondos en Puerto Rico

El Departamento de Educación de Estados Unidos respondió en exclusiva a InDiario una serie de preguntas sobre el futuro de los fondos federales bajo el American Rescue Plan (ARP, por sus siglas en inglés) y la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA, en inglés) que fueron asignados a Puerto Rico pero que fueron cancelados antes de lo previsto, lo cual significa un recorte de cerca de $200 millones.

Fueron nueve las interrogantes sometidas Educación federal, las cuales giraron en torno al estado actual de los fondos ARP y CRRSA asignados a la isla, incluyendo cuánto dinero queda sin utilizar, si se han solicitado extensiones bajo las nuevas reglas, qué consecuencias enfrentaría el sistema educativo si no se liquida el dinero a tiempo, y si se requerirá que el gobierno local asuma los aumentos salariales a maestros que hasta septiembre de 2024 eran cubiertos en parte con una de esas subvenciones. También se preguntó sobre posibles reasignaciones de fondos no utilizados, explicaciones ofrecidas por el Departamento de Educación de Puerto Rico ante los retrasos, y áreas específicas de preocupación o progreso en el uso de los dineros relacionados con la pandemia.

En declaraciones escritas ofrecidas por Madison Biedermann, Deputy Assistant Secretary for Communications, la agencia federal dejó clara su posición sobre el uso de estos fondos y la decisión de no extender el plazo general más allá del 28 de marzo de 2025, cambiando así su normativa anterior que le brindaba a los recipientes hasta marzo de 2026 para gastar las asignaciones autorizadas.

“La pandemia de COVID-19 ha terminado. Los estados y distritos escolares ya no pueden alegar que están utilizando sus fondos de emergencia para el alivio del COVID cuando existen numerosos ejemplos documentados de uso indebido. La administración Biden estableció un precedente irresponsable al extender el plazo para gastar este dinero mucho más allá del propósito original de los fondos, y ya es hora de que ese dinero regrese a la cuenta del pueblo”, indicó la oficial mediante correo electrónico.

“El Departamento considerará extensiones caso por caso, basadas en proyectos individuales, siempre y cuando se demuestre que los fondos están siendo utilizados para mitigar directamente los efectos del COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes”, añadió la funcionaria.

La decisión de contactar directamente a Educación federal surgió ante la falta de respuesta del titular de Educación en Puerto Rico, doctor Eliezer Ramos Parés, quien reaccionó vía telefónica poco después de que las declaraciones desde la capital federal llegaran a nuestra redacción digital.

Educación local actuó de inmediato

En entrevista vía telefónica, el secretario Ramos Parés afirmó a InDiario que confía en que el gobierno federal reconsiderará la terminación de lo que estima en casi $200 millones, los cuales explicó que estaban destinados a sufragar servicios directos a estudiantes y proyectos vinculados directa o indirectamente con la pandemia, incluyendo ciertas obras de infraestructura que están en marcha.

El líder de la educación pública de la isla indicó que su solicitud, la cual se comprometió a enviar copia a este medio, fue remitida al Departamento de Educación federal durante la noche del viernes, pocas horas antes del vencimiento oficial del plazo el 28 de marzo a las 5:00 p.m. La carta suscrita por la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, fue recibida minutos después de la expiración del término brindado en la misiva.

Ramos Parés también respondió a la frase utilizada en la declaración de la portavoz federal—sobre devolver el dinero al "banco del pueblo"—y argumentó que la educación de los niños también debe ser parte de esa devolución. Señaló, además, que existen servicios ya rendidos que ya fueron facturados y que solo faltaba que el gobierno federal liberase los fondos correspondientes.

InDiario está a la espera de copia de la solicitud enviada por el secretario, en la cual se espera que desglose detalladamente las iniciativas que, según el Departamento de Educación de Puerto Rico, deberían seguir recibiendo los fondos ARP y CRRSA previamente obligados. Esto incluiría servicios educativos y proyectos de infraestructura escolar en marcha, como los dirigidos a resolver el problema de las columnas cortas, una falla estructural crítica en muchas escuelas públicas.

Dichas obras estaban planificadas para culminar a finales de 2025, es decir, antes de la fecha límite original de marzo de 2026, la cual fue modificada por Educación federal mediante carta oficial emitida el viernes, recortando el plazo final a ese mismo día.