Punto final a fondos federales de Educación para Puerto Rico por emergencias

Nota del editor: Esta historia fue actualizada a las 4:42 p.m., para consignar que el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, contestó al pedido de InDiario vía telefónica luego de la publicación de esta historia y se comprometió con enviar información relacionada a la misiva de Educación federal.

El Departamento de Educación federal anunció que no otorgará más extensiones generales para la liquidación de obligaciones bajo los fondos de estabilización educativa provistos por las leyes federales del American Rescue Plan (ARP, por sus siglas en inglés) y Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus (CRRSA, en inglés), y estableció el pasado viernes 28 de marzo de 2025 a las 5:00 p.m. como fecha límite definitiva para cerrar esas cuentas.

En una carta dirigida a los jefes estatales de educación que han incumplido con el uso de dichos fondos —incluyendo a Puerto Rico— la secretaria de Educación federal Linda McMahon recordó que, bajo la regulación 2 CFR § 200.344(c), las agencias receptoras de fondos federales estaban obligadas a liquidar todas las obligaciones dentro de un plazo de 120 días desde el fin del periodo de ejecución del fondo.

Aunque previamente se había concedido una extensión, la agencia indicó que ya no considera justificada una segunda prórroga.

“La extensión de los plazos para fondos relacionados al COVID-19, años después de concluida la emergencia, no es consistente con las prioridades del Departamento ni representa un uso razonable de su discreción,” dice el documento firmado el mismo 28 de marzo.

La misiva también deja la puerta abierta a extensiones individuales por proyecto, pero solo si los estados o territorios pueden demostrar que están directamente relacionadas con la mitigación del impacto del COVID-19 y justifican el uso de la discreción federal.

Esta determinación podría tener implicaciones significativas para Puerto Rico, una jurisdicción históricamente señalada por demoras en la utilización de fondos federales, especialmente en el sector educativo.

InDiario envió preguntas al Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, desde la mañana del sábado, solicitando el total de fondos aún no liquidados, los proyectos que podrían verse afectados y las acciones tomadas para cumplir con la nueva fecha límite.

Aunque al cierre de esta edición no había contestado nuestras solicitudes de información a través de su oficina de prensa, a las 4 de la tarde de hoy, lunes, concedió una extensa entrevista en la que aseguró que había enviado el viernes una solicitud al Departamento de Educación de Estados Unidos para pedir extensiones de tiempo en el uso de ciertos fondos atados a programas como terapias, mantenimiento, seguridad y servicios para estudiantes de educacion especial.

Indicó también que algunos proyectos de infraestructura como las columnas cortas en los planteles escolares, los cuales están en marcha y tenían fecha de finalización a finales de este año, tendrían que contar con el aval de la agencia federal para que continúen siendo sufragados con los fondos que fueron finalizados un año antes de lo previsto mediante la carta que les llegó el viernes poco despúes de las 5 de la tarde.

Además, Ramos Parés se comprometió con enviar a este medio el documento preparado por estos en la noche del viernes, con el fin de que los lectores puedan conocer de primera mano el contenido de la solicitud, la cual desglosa los asuntos pendientes que alcanzan cerca de $200 millones en fondos federales.

El secretario hizo la salvedad de que los fondos provenientes de CRRSA y ARP no estaban previstos para ser utilizados a partir del 1 de julio de este año, por lo que solo los servicios y proyectos que aún no han sido brindados o completados desde el viernes hasta el 30 de junio son los que la agencia tendría que costear de su propio pecunio. Para ello, ya la agencia sostuvo una reunión interna durante la mañana de hoy, lo mencionará en un encuentro previamente programado con la Junta de Supervisión Fiscal mañana, martes, y buscará una reunión posterior con el ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico para conocer las alternativas disponibles, las cuales involucran tanto la aprobación del organismo creado por la Ley Promesa, así como la del síndico asignado a la agencia.