Sindicatos de la AAA piden pesquisa sin prejuicios
Reclaman que la investigación por posible sabotaje incluya gerencia, contratistas, protocolos y decisiones operacionales.
Por Redacción InDiario|Noticias|
Tres organizaciones de empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reclamaron que la investigación sobre posibles actos de sabotaje en instalaciones críticas de la corporación pública sea amplia, rigurosa y libre de señalamientos generalizados contra los empleados de carrera.
La petición fue suscrita por la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA, la Unión Independiente Auténtica y la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA, luego de expresiones públicas de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre incidentes reportados en la planta de Canóvanas y la estación de bombas de Loíza Valley.
Las organizaciones expresaron que respaldan toda investigación seria dirigida a esclarecer los hechos, pero advirtieron que la pesquisa no debe limitarse a mirar hacia los empleados de carrera, sino que debe incluir también decisiones gerenciales, trabajos realizados por contratistas, protocolos operacionales y procesos de supervisión.
“Cualquier situación que pueda comprometer una instalación crítica de la AAA debe investigarse con todo el rigor que amerita”, expresaron las organizaciones en declaraciones escritas.
Según los gremios, la investigación debe contestar preguntas claves: quién autorizó los trabajos, quién supervisó las labores, qué contratistas participaron, qué protocolos se activaron, qué información recibió la alta gerencia y cómo se atendieron los riesgos operacionales.
El reclamo surge en momentos en que el gobierno ordenó una pesquisa para descartar posibles actos de sabotaje en instalaciones de la AAA, tras incidentes relacionados con la presencia de aceite o sustancias con apariencia de aceite en sistemas vinculados al servicio de agua en Loíza y Canóvanas.
No obstante, las organizaciones fueron enfáticas en que una investigación de esta naturaleza no puede convertirse en una narrativa injusta contra servidores públicos que, por años, han sostenido el sistema de agua potable del país en medio de huracanes, tormentas, terremotos, sequías, pandemias y otras emergencias operacionales.
“Si hubo actos indebidos, deben investigarse y adjudicarse responsabilidades conforme a la ley”, sostuvieron los gremios, al reclamar que cualquier persona que haya ofrecido información sobre alegados actos de sabotaje sea citada para presentar evidencia, nombres, fechas, lugares y detalles concretos.
Las entidades también plantearon que la pesquisa debe evaluar problemas estructurales dentro de la AAA, incluyendo mantenimiento de infraestructura, planificación operacional, disponibilidad de equipos, supervisión de contratistas y la participación del personal técnico, profesional y gerencial de carrera en las decisiones de la corporación pública.
“Puerto Rico necesita hechos, evidencia y acciones correctivas. La solución no puede ser culpar al empleado de carrera cada vez que ocurre una crisis”, indicaron.
Los sindicatos destacaron que muchos operadores de plantas de filtración residen en las mismas comunidades a las que sirven, por lo que rechazaron insinuaciones generales de que empleados puedan afectar intencionalmente un servicio esencial que también reciben sus familias, vecinos y comunidades.
AEG-AAA, UIA y HIEPAAA reiteraron su disposición a colaborar con cualquier investigación local o federal dirigida a proteger la seguridad operacional de la AAA y garantizar la continuidad del servicio de agua potable.
