Ética Gubernamental inicia pesquisa contra exsecretaria auxiliar del DTOP
Acoge referido de la Oficina del Inspector General y recomienda referir a Justicia para evaluar delitos contra empresa vinculada a la ingeniera Cristina Salib
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó que abrió una investigación administrativa contra una exfuncionaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), tras recibir el 27 de agosto un referido de la Oficina del Inspector General (OIG).
Según la agencia, se examinan posibles violaciones administrativas a la Ley de Ética Gubernamental y, además, se recomendó que los hallazgos que pudieran constituir delitos penales sean remitidos al Departamento de Justicia.
El referido está vinculado al informe OIG-QI-26-008, que reveló que la exsecretaria auxiliar de administración, Cristina Salib López, mantuvo a su empresa Salo Engineering como subcontratista de contratistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por alrededor de $11 millones en fondos de recuperación del huracán María, sin haber gestionado dispensa ética ni divulgar sus intereses.
El director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, explicó que el caso fue evaluado por el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) de la oficina, conforme al Artículo 7.1(c) de la Ley Núm. 1-2012. La pesquisa se concentrará en aquellos asuntos bajo jurisdicción de la agencia, mientras que la OIG deberá canalizar los elementos que pudieran implicar violaciones al Código Penal, al Código Anticorrupción y a otras leyes especiales.
El informe de la OIG halló que participó en comités de evaluación de propuestas mientras sus compañías figuraban en estas, y que no reveló la relación privada a la ACT, lo que pudo inducir a error a otros funcionarios.
Fuentes consultadas por INDIARIO señalaron por separado que la empresa mantiene otros vínculos contractuales con otras dependencias públicas que podrían plantear cuestionamientos éticos y legales adicionales, dada la falta de consulta formal para indagar sobre posibles conflictos de interés y prohibiciones legales para contratar con el Gobierno.
Pérez Vargas subrayó que el proceso en la OEG será manejado con “estricta confidencialidad” en cumplimiento con la Ley de Ética, al recalcar que no se emitirán más comentarios mientras la investigación esté activa.