Cuando el Estado deja de cumplir la ley - Opinión

Toda democracia paga un precio cuando el cumplimiento de la ley deja de ser una prioridad para el Estado. Ese precio no siempre se percibe de inmediato. Comienza con una pérdida de confianza en las instituciones, continúa con el debilitamiento de la autoridad y termina por erosionar el Estado de derecho que sostiene a toda sociedad libre.

Eso es precisamente lo que hoy representa Ceuta para España y, en buena medida, para las democracias occidentales. La crisis migratoria que vive esa ciudad autónoma ha dejado de ser un problema fronterizo para convertirse en un debate mucho más profundo sobre la soberanía, el Estado de derecho y la capacidad de los gobiernos para ejercer una de sus funciones más esenciales: proteger sus fronteras y hacer cumplir el ordenamiento jurídico.

Como abogada, he aprendido que el Estado de derecho no es un concepto abstracto ni una consigna política. Es la garantía de que la ley se aplica con la misma firmeza para todos, sin excepciones y sin depender de la conveniencia del momento. Cuando el propio Estado deja de actuar conforme a ese principio, comienza a debilitar el fundamento mismo de la democracia.

Durante los últimos años, las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez han sido objeto de cuestionamientos cada vez mayores, tanto dentro como fuera de España. Para un amplio sector de la opinión pública, esas políticas han contribuido a proyectar la imagen de un Estado con crecientes dificultades para ejercer un control efectivo en sus fronteras. La solidaridad constituye uno de los valores más nobles de cualquier democracia. Sin embargo, la solidaridad nunca debe confundirse con la renuncia al ejercicio de la autoridad que la ley confiere al Estado.

El Estado de derecho no se pone a prueba cuando las leyes son populares. Se pone a prueba cuando los gobiernos deciden si tienen la voluntad de hacerlas cumplir, aun cuando resulte políticamente incómodo. Es precisamente en esos momentos cuando una democracia demuestra si está gobernada por el imperio de la ley o por la conveniencia del poder de turno.

Las fronteras no representan un rechazo hacia las personas, como señalaba Ronald Reagan. Representan el límite dentro del cual una nación democrática ejerce su soberanía, protege a sus ciudadanos y garantiza que los derechos y obligaciones establecidos por la ley se hagan efectivos. Sin fronteras controladas, la soberanía deja de ser un principio jurídico para convertirse en una aspiración política.

 España no enfrenta este desafío en solitario. La inmigración irregular se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las democracias occidentales. Tan seria ha sido la crisis de Ceuta que varios gobiernos europeos han contemplado restringir el funcionamiento del espacio Schengen respecto de España. Italia anunció medidas extraordinarias respecto de la libre circulación con España, mientras que Finlandia y Dinamarca manifestaron su respaldo o estudiaron iniciativas similares. Más allá de la valoración política que cada cual pueda hacer de esas decisiones, el hecho de que varios Estados miembros hayan considerado adoptar dichas medidas refleja una preocupación creciente por la capacidad de España para ejercer un control eficaz sobre una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Cuando esa confianza comienza a erosionarse, las consecuencias dejan de ser exclusivamente nacionales y pasan a afectar el propio proyecto europeo.

Europa ha pagado un alto precio por haber convertido este debate en un asunto políticamente incómodo. Durante demasiado tiempo, numerosos dirigentes prefirieron evitarlo antes que enfrentarlo. En no pocas ocasiones, cualquier planteamiento sobre la necesidad de reforzar las fronteras fue descartado mediante etiquetas que sustituyeron el debate por la descalificación. Ese enfoque no resolvió el problema. Lo postergó.

Gobernar exige tomar decisiones difíciles, incluso cuando resultan impopulares. Renunciar a ellas puede generar aplausos pasajeros, pero termina por erosionar la autoridad del Estado, debilitar el Estado de derecho y, con ello, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.

Existe, además, una realidad que rara vez recibe la atención que merece. La ausencia de un control efectivo de las fronteras beneficia principalmente a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Son ellas las que convierten la desesperación humana en un negocio multimillonario, exponiendo a miles de personas a la explotación, la violencia y, en demasiados casos, a la muerte. Una frontera desprotegida no favorece al inmigrante honrado. Favorece al traficante de personas, al crimen organizado y a quienes lucran con la desesperación ajena.

Hace más de dos mil años, Aristóteles sostenía que la ley debía gobernar por encima de los hombres. Dos milenios después, esa enseñanza conserva plena vigencia. Las fronteras son la expresión física de la soberanía; el Estado de derecho es su expresión jurídica. Cuando una democracia deja de proteger a una, inevitablemente termina debilitando a la otra.

Ese es el verdadero precio de dejar de cumplir la ley. No consiste únicamente en perder el control de una frontera. Consiste en debilitar la confianza en las instituciones, erosionar el Estado de derecho y poner en riesgo los cimientos mismos de la democracia.

Porque una democracia no deja de ser democrática cuando protege sus fronteras, sino que comienza a debilitarse cuando deja de proteger el Estado de derecho.

Janille Rodríguez Beamud es abogada, notaria y asesora estratégica con cerca de dos décadas de experiencia en derecho corporativo, transacciones comerciales, relaciones laborales, cumplimiento regulatorio, derecho administrativo y planificación estratégica. A lo largo de su carrera, ha asesorado a empresas, organizaciones profesionales, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en asuntos legales, regulatorios, legislativos y de política pública, incluidos temas relacionados con el desarrollo económico, las relaciones gubernamentales y los asuntos federales. Participa activamente en el análisis de temas legales, económicos, regulatorios y de política pública que inciden en la competitividad, la inversión y el desarrollo de Puerto Rico.