Opinión-Un asiento vacío en las legislaturas municipales: ¿Dónde está el pueblo?

Uno de los pilares más importantes de nuestra democracia es el acceso a la información. Es fundamental garantizar que los espacios públicos sean verdaderamente accesibles y que los ciudadanos, entiéndase votantes, contribuyentes o como usted quiera llamarlos puedan conocer cómo los funcionarios electos ejercen sus funciones: cómo votan, por qué votan, cómo manejan nuestros impuestos, a quién otorgan contratos y cómo asignan fondos a distintos proyectos.

A nivel estatal, en Puerto Rico sí existe transparencia. Cualquier ciudadano puede acceder sin restricciones a las sesiones de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, ya sea de manera presencial o a través de Internet. Las vistas públicas, la radicación de proyectos y las hojas de votación están disponibles para todos, lo que permite que la ciudadanía tenga acceso directo y en tiempo real al trámite legislativo. No hay excusas ni barreras que impidan que el pueblo fiscalice el trabajo de sus legisladores.

Sin embargo, la realidad en nuestros municipios es muy distinta.

Los municipios son la primera línea de gobernanza en Puerto Rico. Son ellos los que responden de inmediato en emergencias, atienden de primera mano las necesidades ciudadanas y administran los presupuestos que impactan los servicios esenciales. Por eso, es necesario que las legislaturas municipales sean verdaderamente públicas y accesibles para todos. En pleno 2025, donde cualquier persona o entidad, desde un comerciante hasta una iglesia o una organización sin fines de lucro, puede transmitir actividades en vivo sin mayores costos, no hay razón para que las sesiones legislativas municipales no sean transmitidas por Internet.

Este no es un tema nuevo. En el pasado, se han radicado varios proyectos de ley para atender este asunto. El más reciente fue el Proyecto de la Cámara 1421, el cual fue aprobado por la Cámara y el Senado con votos de todos los partidos, pero vetado por el gobernador Pierluisi. A pesar de ello, algunos municipios han tomado la iniciativa por cuenta propia y han comenzado ya sea a transmitir sus sesiones o, en su defecto, a publicar los proyectos de ordenanza aprobados, garantizando mayor transparencia. Ejemplos de esto son San Juan, Guaynabo, Utuado, Manatí, Yauco y otros municipios que han implementado alguna de estas medidas con éxito.

Las legislaturas municipales toman decisiones cruciales que afectan directamente a los ciudadanos. Fue en estos foros donde se intentó aprobar el cobro de la basura en San Germán, Cabo Rojo e Isabela. También en Isabela, con fondos municipales, se pagó la deuda del CRIM de varios ciudadanos particulares sin ningún tipo de requisito o proceso transparente. Y en muchas ocasiones, es en estos espacios donde se han aprobado ordenanzas y asignaciones presupuestarias que luego han sido cuestionadas. Por eso, es imprescindible que haya una supervisión directa del pueblo, al igual que ocurre en la Asamblea Legislativa estatal.

Para garantizar el acceso a la información pública, no hace falta seguir aprobando leyes. El acceso a la información no es un gasto, es una inversión. Transparencia significa garantizar que los fondos públicos se usen correctamente y que el pueblo pueda supervisar, en tiempo real, cómo se manejan los asuntos municipales.

Si realmente queremos fortalecer nuestra democracia y nuestra gobernanza local, debemos exigir que todas las sesiones de las asambleas municipales sean transmitidas en vivo por Internet. De aprobarse un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para hacer esto realidad, es lógico que haya un período de implementación. Por ello, una alternativa viable sería establecer un plan piloto que facilite la transición.

Un plan piloto, coordinado y patrocinado por la Asamblea Legislativa, a través de su Oficina de Servicios Legislativos (OSL), podría servir para apoyar a los municipios que no cuenten con los recursos económicos o la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar el acceso a la información. Este programa podría incluir un primer grupo de 10 municipios, seleccionados estratégicamente para asegurar diversidad geográfica y demográfica. La OSL podría brindarles asistencia técnica, equipo y capacitación, además de evaluar la viabilidad de la iniciativa a gran escala.

Este enfoque permitiría identificar y corregir cualquier obstáculo antes de una implementación en todos los municipios de Puerto Rico. Más importante aún, garantizaría que la silla del pueblo en las legislaturas municipales sea ocupada por el pueblo, insertándolo en el trabajo legislativo municipal. La transparencia no puede depender de la capacidad económica de cada municipio; debe ser un derecho garantizado para todos.