A 90 días del juicio federal por corrupción contra Wanda Vázquez

Desde 2022, la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, enfrenta cargos criminales por un presunto esquema de soborno relacionado con su campaña política dos años antes. Su caso, el cual representa un momento histórico en la política puertorriqueña, entró a su punto culminante tras revelarse una moción que relata movidas que buscan dejar claro el destino de la segunda mujer en dirigir los destinos de la isla.

Aunque no es la primera vez que un gobernador o exgobernador enfrenta cargos federales —ese precedente lo marcó Aníbal Acevedo Vilá en 2008— sí es la primera ocasión que una dama que ha ocupado la gobernación es acusada por corrupción vinculada directamente al ejercicio de su cargo, el cual fue obtenido por orden de sucesión tras la salida de Ricardo Rosselló Nevares.

El 4 de agosto de 2022, Vázquez Garced fue arrestada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y acusada formalmente por un gran jurado federal.

La acusación incluyó tres cargos principales:

1. Soborno de programas federales (18 U.S.C. § 666(a)(1)(B) y (2))
2. Fraude electrónico de servicios honestos (18 U.S.C. §§ 1343 y 1346)
3. Conspiración para cometer soborno (18 U.S.C. § 371)

Esta formulación de cargos marcó la primera vez en que una exgobernadora era aprehendida. De ser hallada culpable, la exmandataria se expone a una pena de hasta 20 años de prisión, según ha señalado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, la entonces gobernadora habría aceptado apoyo económico para su campaña de reelección a cambio de intervenir directamente en el nombramiento del jefe regulador del sistema financiero. En específico, se alega que Vázquez acordó destituir al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y nombrar a una persona que favoreciera los intereses de Julio Herrera Velutini, banquero venezolano-italiano y propietario de un banco internacional que estaba bajo investigación federal.

En febrero de 2020, Vázquez pidió la renuncia del comisionado y, en mayo, designó como sucesor a un exconsultor del banco de Herrera Velutini, lo cual según la fiscalía formó parte de un plan coordinado para obtener apoyo electoral.

El caso también involucra a otras personas de alto perfil e interés para los federales. Además del banquero Herrera Velutini, figura el exagente del FBI Mark Rossini, acusado de facilitar la conexión política entre el banquero y la oficina de la gobernadora. También están implicados Frances Díaz, expresidenta del banco, y John Blakeman, estratega político de la campaña de Vázquez.

Tanto Díaz como Blakeman se declararon culpables en marzo de 2022 y han acordado cooperar con las autoridades federales, lo que podría ser clave para la fiscalía en el juicio que se avecina.

El proceso judicial está pautado para iniciar el 25 de agosto de 2025 en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico. El tribunal decidió separar los juicios de los distintos acusados, lo que permitirá que cada parte presente su defensa de manera individualizada y sin posibles conflictos de interés.

A medida que se acerca la fecha, aumenta la expectativa sobre el desarrollo del caso y el posible impacto en la historia reciente del país.

Vázquez Garced, por su parte, ha negado todos los señalamientos y se mantiene firme en su postura de inocencia. En múltiples ocasiones ha declarado públicamente que no ha cometido delito alguno ni ha incurrido en conducta ilegal o incorrecta. Su defensa alega que no existe evidencia directa que la vincule a un esquema delictivo y que los testimonios de los coacusados podrían responder a intereses personales para mitigar sus propias responsabilidades.

Aunque Aníbal Acevedo Vilá fue el primer gobernador de Puerto Rico acusado federalmente en 2008, en su caso los cargos estaban relacionados con violaciones a las leyes de financiamiento de campañas durante sus aspiraciones congresionales y su campaña a la gobernación en 2004. Fue absuelto en su totalidad en el año 2009 por un jurado federal. En contraste, el caso contra Wanda Vázquez Garced se relaciona directamente con decisiones tomadas mientras ocupaba el cargo de gobernadora, lo que marca una diferencia fundamental y eleva la gravedad de las alegaciones desde el punto de vista institucional y ético.