Gobernadora demanda directamente a LUMA Energy
Ante supuesta incertidumbre creada por la solicitud de "removal" presentada por el consorcio para que el Tribunal Federal atienda las controversias
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
El Gobierno de Puerto Rico presentó una nueva demanda contra LUMA Energy ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una acción separada y distinta al pleito radicado hace varios días por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Esto en respuesta directa a la supuesta incertidumbre jurídica provocada por la solicitud de removal presentada por LUMA ante el Tribunal federal ayer, martes.
A diferencia de la primera demanda, que fue radicada por P3 y la AEE, esta nueva acción es presentada directamente por la gobernadora Jenniffer González y el Gobierno de Puerto Rico, invocando su autoridad constitucional y su rol de parens patriae para proteger la salud, seguridad y bienestar del pueblo puertorriqueño.
En el escrito de 26 páginas, el Gobierno explicó que esta nueva reclamación surge porque la remoción del primer caso paralizó los procedimientos en el foro local y dejó en suspenso la determinación sobre la validez de la llamada Carta-Extensión del 30 de noviembre de 2022, el documento mediante el cual se extendió indefinidamente el contrato interino que permite a LUMA operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica .
En este nuevo pleito, el Estado solicita una sentencia declaratoria para que el tribunal local declare nula la Carta-Extensión y reconozca que, conforme a los términos originales del contrato, tanto el acuerdo suplementario como el T&D OMA terminaron automáticamente el 30 de noviembre de 2022, al no cumplirse las condiciones para su vigencia y no existir una extensión válida .
El escrito sostiene que la Carta-Extensión es nula porque no fue aprobada conforme a las leyes aplicables, carece de un término definido, no obtuvo el Certificado de Cumplimiento Energético requerido por la Ley 120 y colocó la continuidad del contrato al arbitrio exclusivo de LUMA, eliminando mecanismos esenciales de fiscalización y resolución diseñados para proteger el interés público .
Otra diferencia clave con la primera demanda es el remedio solicitado. En este nuevo caso, el Gobierno pide expresamente que el tribunal reconozca la obligación de LUMA de colaborar en una transición ordenada, incluyendo la entrega de datos operacionales, expedientes y sistemas, aun en el escenario de terminación automática del contrato, para evitar interrupciones al servicio eléctrico .
El Estado también fundamenta su legitimación en el estado de emergencia energética declarado mediante órdenes ejecutivas, al argumentar que la incertidumbre contractual actual amenaza la continuidad e integridad del sistema eléctrico y representa un riesgo directo para la vida, la salud y la propiedad de los ciudadanos .
En síntesis, mientras la primera demanda quedó atrapada en una disputa procesal sobre jurisdicción federal, esta nueva acción busca una determinación inmediata en el foro local sobre la nulidad del contrato y sus efectos legales, con el objetivo de restablecer certeza jurídica y proteger el interés público.