Fiscalía federal exige un año de cárcel para Wanda Vázquez Garced

El Departamento de Justicia federal en Puerto Rico solicitó una sentencia de doce meses de prisión para la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien se declaró culpable de haber aceptado contribuciones ilegales de un ciudadano extranjero durante su campaña primarista para las elecciones de 2020.

La recomendación de los fiscales a cargo del caso contra la exmandataria contrasta con sus expresiones públicas y las de sus abogados sobre la severidad de las acusaciones en su contra. De hecho, INDIARIO fue el primer medio en publicar una de sus contradicciones, al descubrir que la sección Stipulation of Facts, páginas 11 y 12 en su acuerdo para desestimar el caso y reclasificar el único delito por el que Vázquez Garced reconoció que las contribuciones provenían de un extranjero y que las aceptó “de manera consciente y voluntaria”, a pesar de que había dicho lo contrario al ser sentenciada.

Durante la mañana de hoy en un memorando de sentencia de 28 páginas, el gobierno de Estados Unidos argumentó que la entonces mandataria “corrompió el proceso electoral” al aceptar apoyo económico del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien buscaba influir en la designación del principal regulador financiero de la isla.

El documento sostiene que entre marzo y junio de 2020, cuando Vázquez era gobernadora y aspiraba a ser nominada por el Partido Nuevo Progresista, aceptó promesas de donativos valorados entre 15,000 y 25,000 dólares a través de un esquema que involucró a empresas extranjeras, consultores políticos y la creación de un comité de acción política o “SuperPAC” en Washington, D.C. Los fiscales señalan que Herrera financió los estudios y la estrategia electoral de Vázquez mediante la firma británica CT Group y el consultor estadounidense Dane Waters, a cambio de lograr la designación de Víctor Rodríguez Bonilla como comisionado de Instituciones Financieras.

Fiscalía federal también apuntaló que Vázquez Garced estaba al tanto de que la ley federal prohíbe recibir aportaciones de extranjeros y comoquiera aceptó los recursos provenientes de Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank. A cambio, la entonces gobernadora habría intervenido para remover al regulador que auditaba al banco del empresario venezolano, un acto que la fiscalía calificó como “una violación intencional y calculada de la ley electoral federal”.

La fiscalía pidió al tribunal que imponga una condena de prisión junto con libertad supervisada y una multa, argumentando que el caso merece una sanción ejemplar por el daño causado a la integridad del proceso electoral.

“El castigo en forma de encarcelamiento promueve el respeto por las leyes electorales y disuade a otros candidatos de incurrir en comportamientos corruptos”, señala el escrito firmado por los fiscales Seth A. Erbe y Myriam Y. Fernández González.

El memorando compara el caso de la exgobernadora con el del estratega político Joseph Fuentes Fernández, quien también fue condenado por ocultar donantes durante la elección de 2020, y lo enmarca dentro de una serie de incidentes de corrupción que han golpeado a la clase política puertorriqueña en la última década. Según la Fiscalía, 87 personas han sido sentenciadas por corrupción pública en Puerto Rico en los últimos diez años, una cifra “desproporcionada” en comparación con el resto de los Estados Unidos.

El documento también critica las expresiones públicas que hizo Vázquez tras declararse culpable, en las que intentó atribuir la responsabilidad de los hechos a su equipo de campaña. Los fiscales señalaron que esas declaraciones contradicen su aceptación de culpa y demuestran que “no reconoce la gravedad de su conducta”. A juicio del Ministerio Público, la exgobernadora “violó la confianza pública y comprometió la transparencia electoral mientras ocupaba el más alto cargo del gobierno de Puerto Rico”.

La recomendación de doce meses de prisión, concluye la fiscalía, es “justa y razonable”, y está en línea con las guías de sentencia federales y con casos similares en Estados Unidos.

“La seriedad de este tipo de corrupción política y el daño causado al pueblo de Puerto Rico requieren la imposición de una pena de cárcel”, afirma el documento, que será evaluado por la jueza Silvia Carreño Coll al momento de dictar sentencia.