Gobernadora Jenniffer González evaluará indulto a convicto por "hit and run"

El convicto Melvin Camilo Mathews Medina, quien en noviembre de 2024 fue sentenciado a dos años de prisión y 13 años de sentencia suspendida por causar la muerte de la joven Lara Camila González Ortíz en un accidente de tránsito en Vega Baja, solicitó indulto ejecutivo a la pasada administración, según confirmó la gobernadora Jenniffer González Colón.

La mandataria reveló que aunque no ha firmado ninguna clemencia ejecutiva, el padre de Mathews hizo una llamada informal durante el día de hoy a La Fortaleza para solicitar una reunión con la Gobernadora.

En entrevista exclusiva con InDiario, el fiscal Carlos Rodríguez expresó sorpresa ante la petición de la defensa de Melvin Camilo. Recordó que Mathews se declaró culpable “sin acuerdo”, es decir, admitió los hechos tal cual estaban imputados y así lo asentó en el Tribunal.

“Luego fueron al Apelativo para que se le impusieran los 15 años pero en probatoria, y me toma por sorpresa que luego de esto fueron a pedir un indulto”, comentó. Asimismo, detalló que por medio de la entrevista con el trabajador social asignado, Mathews no solo solicitó la modificación o reducción de la sentencia, sino también, que se le perdonara todo, como si el juicio hubiese sido anulado y la jueza lo hubiese declarado “No Culpable”.

El fiscal Rodríguez enfatizó que él y el equipo técnico detrás del caso, desde policías hasta especialistas en apoyo a víctimas, consideran que la pena impuesta no solo es justa en derecho, sino también adecuada para la familia afectada, resaltando que otorgar este tipo de clemencia equivaldría a desconocer el proceso judicial y el sufrimiento de la familia de Lara Camila.

Por su parte, la gobernadora aclaró ante preguntas de InDiario que la petición fue iniciada bajo la administración anterior y que no existe solicitud oficial vigente a su nombre.

“No tenemos ninguna solicitud de la persona a la que hace referencia. Sin embargo, el padre de la persona llamó para reunirse conmigo”, afirmó y detalló que la petición será evaluada por la Oficina de Clemencia Ejecutiva, bajo la supervisión de la Lcda. Shanira y técnicos especializados, así como la Junta de Libertad Bajo Palabra y otras instancias.

“Yo hasta el momento no he firmado un solo indulto”, reiteró la mandataria.

El caso de Mathews Medina, de 22 años al momento del incidente el 7 de septiembre de 2023, involucra un accidente ocurrido en el barrio Yeguada de Vega Baja. Conducía un Ford Mustang en presunto estado de embriaguez cuando impactó el vehículo contra un poste y abandonó la escena, provocando la muerte de la pasajera Lara Camila, de 21 años y heridas graves a otro joven.

En noviembre de 2024, la jueza María Z. Trigo Ferraiuoli lo sentenció a dos años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 7 meses, y 13 años de sentencia suspendida, se le impuso $3,000 en multas y revocó su licencia de conducir. Además, determinó una evaluación por su conducta en prisión para decidir si extender o finalizar los términos.

Mientras el proceso de clemencia sigue su curso administrativo y si se le fuese concedida su petición, Mathews podría exponerse no solo a una reducción de su sentencia, sino en su solicitud más extrema, a que se le permita borrar su expediente criminal como si nunca hubiese sido imputado. Sobre esto el Fiscal Carlos Rodríguez expuso para InDiario, que de esto ocurrir se activaría un inequívoco choque entre la prerrogativa política de la clemencia, la seriedad del juicio realizado y la necesidad de justicia para la familia de la víctima.

El proceso culminará cuando la Gobernadora reciba las recomendaciones de los técnicos y la Junta de Libertad Bajo Palabra. En caso de ser aprobado, el indulto podría conmutar la pena o limpiar completamente el expediente, una posibilidad que ha generado gran controversia en el ámbito judicial y social.

De acuerdo con las leyes de Puerto Rico, la concesión de una clemencia ejecutiva por parte del gobernador representa un acto de gracia que no requiere la anuencia del Tribunal. No obstante, conlleva un riguroso proceso de evaluación y, en caso de falsedad o fraude, el funcionario podría enfrentar responsabilidad administrativa. Hasta que haya una decisión formal firmada, Mathews permanece sujeto a la sentencia impuesta.