Jenniffer González renomina a juez vinculado a Anaudi

La gobernadora Jenniffer González Colón envió el viernes al Senado la renominación del juez superior Juan C. Avilés Feliú, de la sala de San Sebastián, cuyo nombramiento original en 2016 salió a relucir en el juicio federal en el que el exrecaudador del PPD Anaudi Hernández Pérez testificó contra sus propios coacusados. La designación aparece en una hoja de trámite de la Oficina de Nombramientos Judiciales y Ejecutivos de La Fortaleza, fechada el 23 de octubre y recibida por la Secretaría del Senado a las 4 y 20 de la tarde, a la que INDIARIO tuvo acceso.

El documento presenta seis designaciones, cuatro de ellas renominaciones. El nombre del juez entró al expediente público del caso federal de corrupción que involucra a figuras del PPD, el 30 de agosto de 2016, en el segundo día de testimonio de Hernández Pérez en la sala 3 del Tribunal federal en Hato Rey, durante el juicio contra la exadministradora de la ADL Sally López, la exvicepresidenta de la AAA Ivonne Falcón, su hermana Marielis Falcón y Glenn Rivera Pizarro. Según la crónica de Telemundo de ese día, el recaudador reconoció haber recibido más de 300 resumés de personas que buscaban puestos en el Gobierno de Alejandro García Padilla, contó que "logró hasta remover a empleados de confianza para lograr que se nombraran los que él recomendara" y detalló que recibió "el resumé de Juan Carlos Avilés por parte de Jorge Guntin".

Tres meses y medio después, el 14 de diciembre de 2016, El Nuevo Día publicó bajo el titular "Amigo de Anaudi fue el primer nominado" que el Senado, entonces bajo control del PPD, había confirmado el nombramiento de Avilés Feliú como nuevo juez superior en la misma jornada en que ratificó el ascenso de juez municipal a juez superior de un juez de apellido González Velázquez. Avilés Feliú, escribió el diario, era alguien "cuyo nombre sonó en la sala 3 del juzgado federal cuando desde el banco de los testigos el convicto recaudador mencionó el correo electrónico que recibió para impulsar ese nombramiento". El subtítulo resumía el patrón. "En las etapas tempranas del gobierno saliente se filtraron candidatos recomendados por exrecaudador de la Pava".

Avilés Feliú no fue acusado en ese caso ni en ningún otro, no ha sido acusado de ningún delito y ningún testimonio público lo señala de haber participado en los esquemas por los que Hernández Pérez se declaró culpable. Recibir una recomendación no es un delito y tampoco consta que el juez supiera quién movía su resumé. Lo que el testimonio dejó en el récord es que ese resumé pasó por las manos del recaudador que, según admitió bajo juramento, colocaba gente en el Gobierno para después obtener contratos, y ese es el expediente que ahora llega al Senado con la firma de la gobernadora.

LA RECOMENDACIÓN SALIÓ DEL SUPREMO

La renominación no nació en La Fortaleza. La Comisión de Evaluación Judicial del Tribunal Supremo terminó el 24 de junio la evaluación. Dicha evaluación se da tras el propio juez solicitar para seguir en el cargo, y el 7 de julio la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez le envió a la gobernadora la carta en la que la Comisión "acordó recomendar" su renominación como juez superior del Tribunal de Primera Instancia en San Sebastián, con un informe final de ejecución que el Poder Judicial no hace público. Los jueces superiores sirven términos de 12 años bajo la Ley de la Judicatura de 2003, de modo que el nombramiento confirmado en diciembre de 2016 se acerca a su vencimiento, y la renominación requiere, igual que la primera vez, el consejo y consentimiento del Senado.

Ese mismo 24 de junio la Comisión evaluó y recomendó para renominación a Diómedes González Velázquez, juez superior en Aguadilla, cuyo nombre no aparece en la hoja de trámite del 23 de octubre. INDIARIO no pudo confirmar si se trata del mismo juez González Velázquez cuyo ascenso mencionó El Nuevo Día en 2016.

La sala de San Sebastián pertenece a la Región Judicial de Aguadilla, donde Hernández Pérez tenía la residencia valorada en $4 millones en la que organizaba actividades de recaudación para García Padilla y que el Gobierno federal le incautó. El exrecaudador se declaró culpable en febrero de 2016 de 14 cargos por esquemas de unos $2 millones contra la ADL, la AAA y la Cámara de Representantes, con una recomendación de sentencia de 70 a 87 meses, y casi 11 años después sigue libre y sin sentencia. "Hasta el presente, no me han abordado con ese tema", dijo su abogado, Osvaldo Carlo, a Primera Hora el 22 de septiembre. La razón es que la Fiscalía federal lo sigue necesitando. Su testimonio volvió a usarse en el nuevo juicio contra Ivonne Falcón, celebrado después de que el Primer Circuito de Apelaciones en Boston anulara el primero en agosto de 2023, que terminó el 8 de octubre con un veredicto de culpabilidad por conspiración y fraude electrónico. La sentencia está pautada para el 15 de enero de 2027.

UN SENADO DISTINTO AL DE 2016

Hace diez años el nombramiento pasó por un Senado presidido por Eduardo Bhatia en las semanas finales de un gobierno derrotado en las urnas, dentro de la sesión extraordinaria que García Padilla convocó en noviembre de 2016 con 45 designaciones de jueces, fiscales y procuradores y que produjo noches de confirmaciones en bloque. Esta vez el expediente llega a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Thomas Rivera Schatz, el mismo presidente del Senado que esta semana se enfrentó a Oronoz Rodríguez por la reforma judicial que espera la firma o el veto de la gobernadora.

INDIARIO intentó obtener reacción del Senado pero al cierre de esta edición no ha sido recibida.