Justicia mantiene cerrado el caso de Suzanne Roig

El Departamento de Justicia determinó no iniciar una investigación preliminar contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, ni recomendar la reapertura de la pesquisa relacionada con el polémico contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un participante mientras la funcionaria trabajaba en el Departamento de Salud.

La agencia notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que no encontró evidencia suficiente para sostener una posible violación al delito de perjurio, luego de evaluar un referido presentado por el senador popular Luis Javier Hernández Ortiz sobre el proceso de consejo y consentimiento de Roig Fuertes. 

Según la determinación divulgada, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) revisó prueba documental, certificaciones oficiales y otra evidencia relacionada con la funcionaria. Aunque Justicia confirmó que Roig Fuertes participó en reuniones y ofreció una declaración jurada ante el Departamento de Salud, la agencia concluyó que no existe prueba de que haya sido notificada como investigada, sospechosa o persona de interés en algún procedimiento administrativo o penal. 

Ese elemento fue clave para descartar, por ahora, el referido por alegado perjurio. Justicia sostuvo que la prueba examinada no permite establecer el componente intencional requerido bajo el Artículo 269 del Código Penal, por lo que determinó no iniciar una investigación preliminar y notificó su decisión al PFEI. 

En una segunda determinación, Justicia también evaluó si procedía reabrir la investigación original referida por el Departamento de Salud. Para esa revisión, un fiscal que no participó en la pesquisa inicial analizó documentos adicionales sometidos por Hernández Ortiz, incluyendo facturas, comunicaciones electrónicas, entrevistas y evidencia relacionada con One Source Investigations, LLC (OSI) y el participante identificado como INR. 

La conclusión fue la misma: para Justicia, la información presentada no constituye evidencia nueva ni altera las determinaciones previas contenidas en la orden de cierre y archivo del caso. Por esa razón, la agencia determinó que no existe base probatoria para recomendar la reapertura de la investigación. 

La controversia se remonta a señalamientos sobre un contrato de $60,000 mensuales otorgado en 2021 para el cuidado de un paciente en el Hogar Hacienda Don Luis, mientras Roig Fuertes dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. El señalamiento principal ha girado en torno a si el contrato estuvo condicionado a la subcontratación de One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad. 

El caso fue referido originalmente al Departamento de Justicia en 2022 por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la entonces subsecretaria Marilú Cintrón, por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal. Sin embargo, Justicia archivó la pesquisa el 30 de octubre de 2025, al concluir que no existían elementos suficientes para probar delito más allá de duda razonable. 

La controversia cobró nueva fuerza cuando legisladores populares alegaron que el expediente evaluado por Justicia no incluyó toda la documentación disponible. Entre los documentos señalados figuraban el reenvío de un correo electrónico a una persona identificada como “Baby”, un referido adicional de Mellado, cartas relacionadas con Roig Fuertes y documentos vinculados a One Source. 

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, había indicado anteriormente que la agencia evaluaría documentos adicionales y entrevistaría personas antes de decidir si reabría el caso. También negó que Justicia hubiese escondido evidencia o removido documentos del expediente recibido del Departamento de Salud. 

Con la nueva determinación, Justicia cierra —al menos en el plano penal— dos frentes abiertos contra Roig Fuertes: el referido por alegado perjurio en su proceso de confirmación y la solicitud para reabrir la investigación sobre el contrato de $60,000 mensuales. Sin embargo, el caso mantiene su peso político en medio de los cuestionamientos del Senado sobre el manejo de expedientes, la transparencia del proceso y las explicaciones ofrecidas por la funcionaria.