Nelsa López pide a la CEE reactivar caso por endoso falso

La licenciada Nelsa López, viuda del exgobernador Rafael Hernández Colón, solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que reactive la querella administrativa que presentó en 2024 luego de descubrir que sus datos electorales habrían sido utilizados para registrar fraudulentamente un endoso a favor del entonces aspirante primarista Elmer Román González.

Mediante una moción presentada esta semana, López informó a la CEE sobre el resultado de la investigación realizada por el Departamento de Justicia y reclamó que el organismo electoral atienda una querella que, según sostuvo, nunca fue desestimada, adjudicada ni resuelta.

“La moción presentada ayer martes tiene el propósito de reactivar la querella a nivel administrativo, informar los resultados de la investigación del Departamento de Justicia, señalar las fallas serias que culminaron en los actos sujetos de esta querella y solicitar nuevamente que se tomen medidas preventivas para atender dichas fallas”, establece el documento.

La controversia se remonta al 9 de febrero de 2024, cuando López radicó una querella juramentada ante la CEE alegando que su información electoral había sido utilizada sin autorización para generar un endoso a favor de Román González.

En el documento aparece el nombre de Abimael Hernández Calderón como el funcionario ante quien supuestamente López habría suscrito el endoso.

La CEE refirió entonces el asunto a la Policía de Puerto Rico, que trabajó la investigación junto al Departamento de Justicia.

Según López, los querellados fueron notificados del procedimiento, pero ninguno contestó la querella. Además, aseguró haber presentado posteriormente dos mociones solicitando información sobre el estado del caso —una en abril y otra en septiembre de 2024— sin recibir una determinación de la CEE.

Justicia concluyó que hubo delito, según López

De acuerdo con la moción, el jefe de los fiscales, Juan Ramos, se reunió con López junto a otros funcionarios del Departamento de Justicia para comunicarle los resultados finales de la investigación.

“La conclusión de los fiscales es que los hechos configuraron delito. Dicho de otro modo, en mi caso hubo mano criminal”, expresó López en el escrito.

Sin embargo, según explicó, Justicia determinó que no contaba con evidencia suficiente para atribuir responsabilidad penal a una persona específica bajo el estándar de prueba requerido para presentar cargos.

López sostiene que esa dificultad no responde a que el hecho no ocurriera, sino a las condiciones bajo las cuales se manejaba el sistema electrónico de recopilación de endosos.

Según la abogada, la investigación de Justicia encontró que algunas personas encargadas de recopilar endosos utilizaban teléfonos celulares, tabletas y otros equipos personales, incluyendo dispositivos prepagados, en lugar de equipos suministrados por la CEE.

López alegó que esta práctica impidió a los investigadores establecer con certeza qué persona utilizó un dispositivo específico para generar el endoso cuestionado.

También sostuvo que esos funcionarios tenían acceso, mediante sus equipos personales, a información contenida en las bases de datos electorales de la CEE para completar los formularios electrónicos.

Para López, estos hallazgos revelan vulnerabilidades graves en el sistema utilizado durante el proceso primarista.

Señala acceso a información sensitiva

La viuda del exgobernador aseguró que la situación implicó acceso a información personal y sensitiva almacenada en los sistemas electorales.

Entre los datos que mencionó figuran su número de Seguro Social, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, información sobre sus padres y número electoral.

López indicó que se enteró del endoso cuando recibió un mensaje de texto alrededor de las 8:30 de la noche notificándole que había respaldado al candidato, algo que aseguró nunca haber hecho.

“Esta querellante no se hubiera enterado del endoso fraudulento de no ser por el mensaje de texto que recibió”, señaló.

La abogada indicó además que llevó ante Justicia a otras tres personas que, según afirmó, también recibieron notificaciones sobre endosos que alegadamente nunca habían otorgado.

A su juicio, el caso plantea un problema adicional: muchos electores podrían no contar con los conocimientos o recursos necesarios para presentar una querella juramentada ante la CEE y cumplir con los requisitos formales de notificación a las personas querelladas.

Firma distinta y hasta el nombre incorrecto

Entre los elementos que López considera particularmente reveladores está la firma que aparece en el documento de endoso.

Según explicó, esta no guarda similitud con la firma oficial que consta en los archivos de la CEE. Además, en el documento cuestionado su nombre habría sido escrito como “Neisa”, en lugar de Nelsa.

López sostiene que el Departamento de Justicia concluyó que ocurrió un acto delictivo, pero no pudo identificar al responsable debido a la forma en que se administraba el proceso electrónico de recopilación de endosos.

La abogada ahora reclama que la CEE no cierre el asunto únicamente porque no se presentaron cargos criminales.

Pide vista e investigación administrativa

Como parte de los remedios solicitados, López pidió la celebración de una vista y una investigación administrativa en la que pueda presentar los hallazgos recopilados durante el proceso.

También solicitó que la CEE revise sus protocolos de recopilación electrónica de endosos para evitar que situaciones similares puedan repetirse.

Entre sus reclamos figura además que se prohíba a Hernández Calderón participar en procesos electorales o primaristas dentro de la CEE, así como cualquier otro remedio que el organismo electoral estime procedente.

La controversia deja ahora en manos de la CEE una interrogante distinta a la examinada por Justicia: aunque el estándar penal no permitió identificar a una persona responsable más allá de duda razonable, López sostiene que el organismo electoral todavía tiene la obligación de determinar cómo pudo generarse un endoso falso utilizando información confidencial de una electora y qué cambios deben adoptarse para evitar que vuelva a ocurrir.