El impuesto invisible de vivir en Puerto Rico - OPINIÓN

Se va la luz y casi automáticamente, escuchamos encenderse las plantas eléctricas de los vecinos. Quien tiene placas solares verifica la carga de las baterías. Si la interrupción se prolonga, toca pensar en el combustible del generador, en los alimentos de la nevera y en cuánto tiempo podremos seguir trabajando con normalidad. Si también falta el agua, comienza otro cálculo: cuánto queda en la cisterna y cuándo regresará el servicio.

Todo esto lo hacemos con una naturalidad que debería preocuparnos, pues antes de que se fuera la luz, ya habíamos pagado la factura de electricidad. Antes de recurrir a la cisterna, ya habíamos pagado por el servicio de agua. Y, sin embargo, hemos tenido que invertir miles de dólares adicionales para garantizar privadamente aquello por lo que ya pagamos.

Ese es el impuesto invisible de vivir en Puerto Rico. No lo impone el Departamento de Hacienda. No aparece en el Código de Rentas Internas ni tiene una tasa determinada. Pero existe; lo pagamos todos los días y representa un costo adicional para vivir, trabajar, invertir y producir en Puerto Rico.

En mi caso, no tengo que recurrir a estadísticas para explicarlo. La semana pasada lo experimenté tres veces. El martes estuve sin electricidad desde las 7:00 p.m. hasta casi la medianoche. Dos días después, el jueves, el servicio volvió a interrumpirse, esta vez desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y el viernes desde las 11:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.

Lo del jueves y el viernes resulta particularmente frustrante porque no se trató de una avería inesperada, sino de un mantenimiento programado. Alguien sabía de antemano que el servicio se interrumpiría. Sin embargo, el sistema sigue siendo incapaz de realizar algo tan elemental como notificar oportunamente a los abonados afectados para que puedan prepararse.

En pleno 2026 recibimos en nuestros teléfonos una notificación del banco por una compra de pocos dólares, de una aerolínea por un cambio de puerta y de una empresa de entregas porque un paquete está próximo a llegar. ¿Cómo puede ser aceptable que no recibamos aviso de que estaremos horas sin electricidad por un trabajo previamente programado?

Ahí también se cobra el impuesto invisible. Se cobra en las horas de trabajo alteradas, en las reuniones que hay que recalendarizar, en el combustible del generador, en las baterías que tuvimos que comprar, en los equipos que debemos proteger y en el tiempo que dedicamos a averiguar qué ocurrió y cuándo regresará el servicio. Y la electricidad es solo un ejemplo.

Pagamos por el agua, pero miles de hogares y negocios han tenido que comprar cisternas, bombas y sistemas de reserva. Pagamos por utilizar nuestras carreteras mediante múltiples contribuciones y arbitrios, pero también asumimos el costo del desgaste que su estado ocasiona en nuestros vehículos. Pagamos contribuciones para sostener un aparato gubernamental y, aun así, ciudadanos y empresarios destinan incontables horas a navegar trámites, permisos, certificaciones y procesos que deberían ser mucho más sencillos.

El tiempo también tiene un valor económico. Cada hora que un ciudadano dedica innecesariamente a resolver un trámite es una hora que no dedica a trabajar, producir, atender a su familia o descansar. Cada día que una empresa espera por una autorización indispensable para comenzar operaciones representa renta, nómina y otros gastos que continúan acumulándose sin que pueda generar ingresos. Todo eso también se paga.

Durante décadas hemos hablado de desarrollo económico en términos de incentivos contributivos, fondos federales y programas gubernamentales. Todos pueden desempeñar un papel. Pero existe una estrategia de desarrollo económico mucho menos complicada: hacer que las cosas funcionen.

Una economía competitiva necesita electricidad y agua confiables, carreteras adecuadas, procesos de permisos predecibles y un gobierno que entienda que el tiempo del ciudadano también vale dinero. No son aspiraciones extraordinarias. Son las condiciones ordinarias bajo las cuales funciona cualquier economía moderna.

También deberíamos considerar este asunto cuando nos preguntamos por qué tantos puertorriqueños se marchan o qué necesitamos para lograr que regresen a la Isla. No basta comparar salarios. Hay que comparar cuánto cuesta realmente vivir. Electricidad más placas, baterías o generador. Agua más cisterna. Automóvil más reparaciones. Seguros. Vivienda. Y el costo, mucho más difícil de calcular, es nuestro tiempo.

Quizás lo más peligroso sea que nos hayamos acostumbrado. Hemos normalizado tener un plan B para casi todo. Se va la luz: resolvemos. Falta el agua: resolvemos. Un trámite no funciona: buscamos otra manera. Surge otra crisis: nos adaptamos.

Y entonces aparece una palabra que llevamos años escuchando: resiliencia. Nos dijeron que fuimos resilientes tras los huracanes. Después de los terremotos. Durante la pandemia. Ante los apagones, las inundaciones y cada nueva crisis. Y ciertamente hemos demostrado una extraordinaria capacidad para levantarnos, ayudarnos y seguir adelante.

Pero estamos cansados de tener que ser resilientes. ¿Hasta cuándo tendremos que serlo?

La resiliencia debe describir la capacidad de una sociedad para levantarse ante circunstancias extraordinarias. No puede convertirse en la obligación permanente del ciudadano de compensar aquello que, ordinariamente, no funciona. Mucho menos puede convertirse en un sustituto de eficiencia, planificación, mantenimiento, comunicación y resultados. 

Nuestra capacidad para resolver no puede ser la excusa para que otros no resuelvan. Puerto Rico no necesita acostumbrarse a administrar crisis. Necesita volver a exigir normalidad. 

Antes de preguntarnos cuál será el próximo incentivo para atraer a una empresa, retener a un profesional o convencer a una familia de que regrese, quizás deberíamos preguntarnos cuánto desarrollo económico generaríamos simplemente reduciendo el costo extraordinario de hacer cosas ordinarias. Porque el verdadero costo de vivir en Puerto Rico no es solo lo que pagamos en contribuciones. Es todo lo que tenemos que pagar después de pagarlas para conseguir que las cosas funcionen. 

Y después de tantos años pagando ese impuesto invisible, quizás ha llegado el momento de dejar de exigirle al puertorriqueño que sea resiliente y comenzar a exigir que el sistema funcione.

Janille Rodríguez Beamud es abogada, notaria y asesora estratégica con cerca de dos décadas de experiencia en derecho corporativo, transacciones comerciales, relaciones laborales, cumplimiento regulatorio, derecho administrativo y planificación estratégica. A lo largo de su carrera, ha asesorado a empresas, organizaciones profesionales, entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro en asuntos legales, regulatorios, legislativos y de política pública, incluidos temas relacionados con el desarrollo económico, las relaciones gubernamentales y los asuntos federales. Participa activamente en el análisis de temas legales, económicos, regulatorios y de política pública que inciden en la competitividad, la inversión y el desarrollo de Puerto Rico.