Puerto Rico necesita ya una conversación de adultos

Puerto Rico necesita urgentemente una conversación de adultos.

Y no me refiero a reunir a veinte personas alrededor de una mesa, ponerles botellas de agua —si Carraízo lo permite—, servir café y terminar cuatro horas después nombrando un comité para estudiar la posibilidad de crear otro comité.

Hablo de conversaciones de adultos de verdad. De esas donde uno pone los números sobre la mesa, reconoce que hay problemas, acepta que las soluciones cuestan dinero, entiende que ninguna alternativa es perfecta y, finalmente, toma decisiones.

Porque llevamos demasiado tiempo gobernando este país a fuerza de miedo, ideología, intereses económicos y todólogos.

Puerto Rico tiene una extraordinaria producción de todólogos. Se va la luz y aparecen tres millones de ingenieros eléctricos. Baja Carraízo y amanecemos con dos millones de hidrólogos. Se menciona energía nuclear y aparecen expertos que ya saben dónde va a explotar el reactor.

Y si hablamos de basura, todos somos ambientalistas. Hasta que toca separar el plástico del cartón.

Mientras tanto, los problemas siguen ahí.

Tenemos una crisis energética que lleva más de una década destruyendo competitividad y encareciendo la vida.

Tenemos una crisis de agua que durante el último año dejó de ser una amenaza y, con la sequía, nos recordó algo elemental: vivir en una isla tropical no significa tener agua disponible cada vez que abrimos la pluma.

Y detrás de esas dos viene caminando tranquilamente la próxima crisis.

La basura.

La Ley 70 para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios Sólidos fue aprobada en 1992. Luego se estableció una meta para alcanzar un 35% de reducción y reciclaje para el 31 de diciembre de 2006.

Sí, leyó bien. Hace veinte años.

Si aquello hubiese sido una hipoteca, probablemente ya estaría casi salda.

Pero seguimos enterrando basura y preguntándonos cuánto espacio queda en los vertederos.

Por eso llegó el momento de hablar seriamente sobre tres asuntos que durante demasiado tiempo hemos tratado como palabras prohibidas: reactores nucleares pequeños, desalinización y waste-to-energy.

Y antes de que alguien diga que estoy proponiendo experimentos de ciencia ficción, conviene mirar alrededor.

Canadá desarrolla en Darlington un reactor modular pequeño de 327 megavatios. Chile lleva años utilizando desalinización y en 2026 aprobó una ley para ampliarla como herramienta de seguridad hídrica. Barbados, una isla del Caribe, utiliza desalinización dentro de su sistema de agua potable. Y en Estados Unidos operan 75 instalaciones en 25 estados que recuperan energía de desperdicios sólidos municipales.

No son tecnologías sacadas de Los Supersónicos.

Quizás somos nosotros los que llevamos demasiado tiempo anclados en el pasado.

Y ya me imagino a alguien preparando la pancarta.

Calma.

No estoy diciendo que mañana construyamos un reactor nuclear en el estacionamiento del Choliseo. Estoy diciendo algo mucho más peligroso para nuestra cultura política: que lo estudiemos.

Que hablemos de los llamados small modular reactors. Que preguntemos cuánto cuestan, cuánto producen, cuánto tardan, qué requisitos de seguridad tienen, qué hacemos con los residuos y qué impacto tendrían aquí.

Después decidimos.

Eso es una conversación adulta.

Lo infantil es escuchar la palabra “nuclear”, gritar “¡Chernóbil!” y dar por terminada la discusión.

Curiosamente, llevamos años tolerando un sistema eléctrico que falla, cuesta una fortuna y obliga a familias y comercios a comprar generadores y baterías.

Pero estudiar otra tecnología parece demasiado peligroso. Con el agua ocurre lo mismo.

Puerto Rico está rodeado de agua.

Ya sé. Es salada. Precisamente por eso existe la desalinización.

¿Es barata? No. ¿Consume energía? Sí. ¿Hay que manejar responsablemente la salmuera y los impactos ambientales? Por supuesto.

¿Eso significa que ni siquiera podemos estudiar dónde pudiera tener sentido?

Claro que no.

Aquí evaluamos las soluciones mirando cuánto cuesta hacerlas. Muy pocas veces preguntamos cuánto cuesta no hacerlas.

¿Cuánto cuesta que un comercio pierda operaciones porque no tiene agua? ¿Que una industria descarte una expansión porque no puede garantizar agua y energía? ¿Cuánto pagamos en cisternas, generadores, baterías y horas perdidas para compensar servicios que no funcionan?

Eso también es costo. Solo que está regado entre millones de bolsillos y políticamente es más fácil ignorarlo.

Y entonces está la basura.

Nuestros vertederos no son infinitos. Los programas de reciclaje nunca alcanzaron las expectativas establecidas y seguimos generando desperdicios todos los días.

La basura, además, tiene una característica incómoda: no entiende de ideologías.

Una bolsa del PNP ocupa exactamente el mismo espacio que una del PPD. Una lata independentista pesa igual que una estadista. Y, hasta donde conozco, todavía nadie ha inventado un vertedero estadolibrista donde el desperdicio tenga autonomía fiscal.

Así que algún día tendremos que hablar seriamente de waste-to-energy.

No significa quemar basura en un barril gigante detrás de Toa Baja. Significa evaluar tecnologías capaces de recuperar energía de residuos, con controles ambientales estrictos.

Lo racional es reducir, reutilizar, reciclar y recuperar materiales. Y con lo que inevitablemente queda, evaluar alternativas antes de enterrarlo.

Negarnos a discutirlo mientras los vertederos se llenan tampoco demuestra mucha inteligencia colectiva.

Ahora, antes de que comiencen las teorías: no soy cabildero de la industria nuclear, no represento compañías de desalinización, no vendo incineradores y no tengo interés económico en que se construya ninguna de esas instalaciones.

No estoy promoviendo una compañía ni un proyecto particular. Hablo desde más de dos décadas viendo el Gobierno de Puerto Rico desde distintas facetas. Y después de tantos años uno identifica patrones.

Puerto Rico no tiene solamente un problema para encontrar soluciones.

Tiene un problema para permitir que las soluciones se discutan.

Y, a mi juicio, hay tres grandes razones.

La primera son los intereses económicos.

No nos hagamos los ingenuos. Cada crisis produce damnificados, pero también gente que gana dinero con la crisis.

Hay contratos, suplidores, transportistas, intermediarios y consultores. Cuando aparece una tecnología capaz de cambiar quién cobra, quién distribuye o quién controla determinado mercado, comienzan misteriosamente las objeciones.

Porque los guisos también tienen instinto de supervivencia.

La segunda razón son los intereses políticos.

Aquí una propuesta puede ser extraordinaria el lunes y una catástrofe el martes dependiendo de quién la presente.

Si la propone el PNP, el PPD encuentra veinte razones para combatirla. Si la propone el PPD, el PNP encuentra treinta.

Y eventualmente alguien dirá que todo es culpa del estatus. Se rompió una tubería: culpa del estatus. Explotó una caldera: culpa del estatus.

Se llenó el vertedero: démele cinco minutos y alguien explicará cómo se hubiese evitado con la estadidad, la independencia o la soberanía en libre asociación.

Hay una discusión legítima sobre el futuro político de Puerto Rico. Pero mientras la resolvemos, alguien tiene que producir electricidad, llevar agua y decidir qué rayos hacemos con la basura.

Las turbinas no leen plataformas políticas. Y los embalses tampoco votan.

La tercera razón puede resultar más incómoda para quienes trabajamos en medios.

Son algunos medios de comunicación y comunicadores. Nuestra responsabilidad es fiscalizar, preguntar e investigar. Buscar quién gana, cuánto cuesta, exigir estudios ambientales y examinar contratos.

Eso es periodismo.

Otra cosa es convertirnos en promotores del miedo.

“Nuclear”, acompañado de una fotografía de Chernóbil. “Waste-to-energy”, acompañado de una chimenea soltando humo negro. “Desalinización”, presentada como una máquina diseñada para asesinar peces.

Así no se tiene una conversación seria.

El periodismo debe hacer las preguntas difíciles. Pero todas.

¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Cuánto cuesta no hacerlo? ¿Cuál es el riesgo de esa tecnología? ¿Y el de seguir como estamos? ¿Cuánto contamina? ¿Cuánto produce? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué funcionó en otros lugares?

Eso es fiscalizar. Lo otro es asustar.

Y el miedo genera audiencia, pero no necesariamente buena política pública.

Puerto Rico necesita entender, además, que infraestructura cuesta dinero.

Sí. Un reactor modular costaría. Una desalinizadora costaría. Modernizar el manejo de desperdicios y la red eléctrica cuesta.

Todo cuesta.

¿Pero cuánto nos está costando no tenerlo?

¿Cuánto desarrollo económico hemos perdido porque no podemos garantizar energía estable? ¿Cuánta inversión no llegó? ¿Cuánto gastan comerciantes en generadores? ¿Cuánto pagan las familias en cisternas, placas y baterías? ¿Cuánto costará transportar basura cada vez más lejos?

Hay algo profundamente absurdo en decir que una infraestructura es “demasiado cara” mientras aceptamos pagar durante décadas el costo de no tenerla.

Es como negarse a reparar el techo porque cuesta $10,000 y después gastar $1,000 todos los meses recogiendo agua dentro de la casa.

Pero celebramos que nos ahorramos los $10,000.

Puerto Rico no necesita enamorarse de ninguna tecnología.

Necesita perderle el miedo a estudiarlas.

Puede que un SMR no sea conveniente. Puede que una desalinizadora funcione en una región y sea absurda en otra. Puede que un proyecto waste-to-energy sea sólido y otro un desastre financiero.

Para eso existen ingenieros, científicos, economistas, ambientalistas, reguladores y periodistas.

Lo que no necesitamos es que los sustituyan los todólogos: el lunes explicaba Ucrania, el martes era epidemiólogo y el jueves amaneció experto en desperdicios sólidos.

Puerto Rico no necesita unanimidad.

Necesita madurez.

La energía, el agua y la basura no son asuntos del PNP, del PPD, del PIP ni de Proyecto Dignidad.

Son asuntos de un país.

La crisis energética ya está aquí. La crisis del agua también. La de los desperdicios viene caminando hacia nosotros.

Podemos hacer lo de siempre: ignorarla, politizarla, esperar, crear un comité, buscar culpables, celebrar vistas públicas y, cuando finalmente reviente, declarar una emergencia y preguntarnos cómo nadie lo anticipó.

O podemos intentar algo casi revolucionario para Puerto Rico.

Sentar a quienes realmente saben. Sacar los guisos de la mesa. Dejar las banderas políticas en la puerta. Poner los números frente al país. Estudiar nuclear. Estudiar desalinización. Estudiar waste-to-energy.

Comparar costos. Comparar riesgos. Tomar decisiones.

Y empezar, de una vez por todas, a hablar como adultos.

Porque la luz se sigue yendo. El agua ya empezó a faltar. Y próximamente quizá descubramos que tampoco tenemos dónde poner la basura.

Entonces no habrá ideología, todólogo, conferencia de prensa ni programa de televisión que pueda esconderla debajo de la alfombra.

Porque, para ese momento, probablemente la alfombra también estará en el vertedero.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.