María Antonieta y el contrato que ni con bizcocho se tragan

La semana pasada escribí sobre María Antonieta. Hablé del pan, del pastel, del agua que no llega, de la luz que se va y de esa peligrosa desconexión que ocurre cuando desde el poder comienzan a ver los problemas del pueblo como simples molestias de relaciones públicas.

Confieso que pensé que María Antonieta me iba a durar varias columnas. Pero apareció Power Expectations.

Y la administración de Jenniffer González decidió demostrar que no hace falta viajar hasta Versalles para encontrar una corte capaz de confundir una crisis con un problema de comunicaciones.

Porque si algo parece haberse convertido en doctrina gubernamental durante estos meses es una especie de Manual para Matar Issues en Tres Sencillos Pasos: primero, niegue; segundo, minimice; tercero, ataque al mensajero. Y si nada de eso funciona… refiera a Justicia.

Magnífico.

Cuando comenzaron a levantarse serias interrogantes sobre el contrato de generación temporera, particularmente sobre la participación de Enchanted Rock y la autoridad de quien aparecía firmando a nombre de esa empresa, la investigación periodística de Jay Fonseca y el equipo de Jagual Media fue poniendo documentos, nombres y preguntas sobre la mesa.

En vez de comprender inmediatamente la gravedad de lo que se estaba señalando, desde el Gobierno se hablaba de evitar un “reality” y un “show de medios”. El zar de Energía, Josué Colón, llegó a rechazar públicamente entrar en ese supuesto espectáculo.

Ah! El problema era el show!

No el contrato. No la firma. No quién estaba autorizado. No quién sabía qué. No quién verificó qué. No cómo un acuerdo que podía alcanzar unos $5,887 millones, por diez años y para instalar 400 megavatios de generación, terminó convertido en una novela donde una de las compañías esenciales del consorcio decía que no había autorizado su participación ni el uso de su nombre y firma.

El problema era el periodista.

Ese libreto es viejo. Cuando una información incomoda, se desacredita al que pregunta. “Eso es política”. “Eso es un chisme”. “Eso es un influencer”. “Eso es un show”. Hasta que aparece el documento. Y los documentos tienen una mala costumbre: no entienden de relaciones públicas.

La Junta de Supervisión terminó diciendo algo bastante más serio que cualquier comentario televisivo. Explicó que la participación de Enchanted Rock había sido determinante para aprobar el acuerdo porque, según el análisis realizado durante el proceso, Power Expectations no tenía por sí sola la capacidad financiera ni el conocimiento técnico necesario para ejecutar un proyecto de esa magnitud.

Y entonces vino el pequeño detalle: Enchanted Rock dijo que no estaba. Pequeñeces.

Una compañía fundamental para justificar un contrato de casi seis mil millones de dólares diciendo que no participaba. Eso en cualquier otro lugar provoca una alarma. Aquí aparentemente provocó primero una discusión sobre el tono de la prensa.

Y ya que hablamos de quién debía verificar las cosas, hay que hablar de la famosa 3PPO, la Oficina Independiente de Adquisiciones que dirige Osvaldo Carlo. Porque esto tiene un toque de humor involuntario extraordinario.

A 3PPO se le contrata precisamente para añadir independencia, fiscalización y transparencia a procesos de esta naturaleza. Para revisar. Para supervisar. Para evitar conflictos. Para que las cosas se hagan correctamente.

Pues parece que, de todo lo que se consiguió, la transparencia fue precisamente lo que menos apareció. Es decir, contrataron una oficina independiente para que entrara luz al proceso… y terminamos buscando el interruptor.

Esto es Puerto Rico en su máxima expresión burocrática: contratamos a alguien para vigilar al que contrata, para supervisar al que recomienda, para revisar al que adjudica, para evitar conflictos entre los que administran… y al final nadie vio venir la firma que ahora todo el mundo está investigando.

Pero tranquilos. Había compliance.

La Junta concluyó que el contrato estaba “irreparablemente viciado”, revocó su aprobación y ordenó terminarlo. Además, señaló que habían transcurrido 66 días desde su firma sin que se hubiese informado progreso significativo. SESENTA Y SEIS DÍAS. Hay que reconocer cierta eficiencia.

Para producir los 400 megavatios: ningún progreso significativo. Para producir un escándalo: rendimiento extraordinario.

Después vino lo mejor. El asunto que parecía demasiado mediático para discutir terminó referido al Departamento de Justicia y a las autoridades federales. El contrato que había sido presentado como una pieza importante para atender la emergencia energética terminó cancelado.

Y la AEE añadió otra razón nada pequeña: Power Expectations tampoco había presentado la garantía de cumplimiento requerida, de aproximadamente $1,180 millones.

O sea, hagamos inventario.

No está el contrato. No están los 400 megavatios. No apareció la fianza requerida. Hay referidos. Hay investigaciones. Hay documentos cuestionados. Hay una compañía diciendo que utilizaron su nombre y firma sin autorización. Hay preguntas de la Junta. Hay investigaciones legislativas. Hay cuestionamientos sobre 3PPO.

Y ahora hasta la Junta de Gobierno de la AEE ordenó preservar evidencia y revisar el proceso completo para determinar qué rayos ocurrió.

Pero recuerde: el problema era el “show de medios”. Y hablando del show, hay un actor principal que últimamente parece haberse ido detrás del telón.

¿Dónde está el zar de Energía? Josué Colón era figura constante cuando había que anunciar planes, generación, contratos y soluciones energéticas. Ahora que el contrato explotó políticamente, el zar anda bastante más difícil de encontrar.

Curiosamente, hace apenas unos días su nombre sonaba hasta para convertirse en secretario de la Gobernación, luego de la salida de Francisco Domenech.

Menos mal que no lo nombraron. Porque a estas alturas, con este escándalo encima de la mesa, ya probablemente estaría redactando la carta de renuncia.

Imagínese. De candidato a secretario de la Gobernación a explicar cómo un contrato de casi $5,900 millones terminó cancelado, referido y bajo investigación. Eso sí hubiese sido movilidad vertical. Vertical hacia abajo.

Esto sería cómico si no estuviéramos hablando del sistema eléctrico de un país donde cualquier nube oscura produce dos preguntas: ¿va a llover? ¿Y se va a ir la luz?

Porque aquí está la parte que no podemos perder entre Jhoby Weaks, Enchanted Rock, Power Expectations, 3PPO, cartas, firmas, fianzas y abogados.

Puerto Rico necesitaba esa generación. Ese era el propósito de todo esto.

No estábamos comprando adornos para La Fortaleza.El contrato surgió porque Puerto Rico enfrenta un déficit serio de generación. El proyecto pretendía incorporar hasta 400 megavatios precisamente para darle estabilidad a un sistema eléctrico que sigue viviendo al borde de otra emergencia.

Y después de todo este revolú, ¿cuántos megavatios produjo el gran contrato?

Cero.

Pero produjo muchas conferencias de prensa. Algo es algo.

Ahora la gobernadora dice que quienes manejaron el proceso la mantuvieron al margen y que pedirá cuentas sobre lo ocurrido.

Y aquí entramos en otro de esos maravillosos callejones políticos donde ninguna salida es particularmente buena.

Porque si la gobernadora sabía, tiene que explicar qué sabía y cuándo lo supo. Pero si no sabía, entonces la pregunta tampoco es muy cómoda: ¿cómo un contrato de casi $5,900 millones, vinculado a uno de los problemas más graves que enfrenta Puerto Rico, recorrió semejante camino dentro de su administración mientras ella estaba al margen?

No estamos hablando del contrato para limpiar las alfombras de una oficina regional.

Cinco mil ochocientos ochenta y siete millones de dólares.

Para energía... En Puerto Rico... Con apagones...

Uno pensaría que ese asunto ameritaba subir alguna vez en el chat de grupo. Y ahí está precisamente el problema mayor de esta administración.

No es Power Expectations. Power Expectations eventualmente será investigada, defendida, demandada, exonerada o responsabilizada según determinen las autoridades y los tribunales.

El problema político es otro.

Es esa obsesión con creer que gobernar consiste en controlar la narrativa. Que si una noticia molesta, se mata el issue. Que si un periodista pregunta demasiado, se desacredita. Que si una denuncia viene por redes sociales, entonces vale menos. Que si se repite suficientemente que todo está bajo control, eventualmente la realidad tendrá la cortesía de cooperar.

Pero la realidad es muy maleducada. La realidad no lee talking points. La realidad no participa en chats de estrategia. La realidad no sabe cuándo La Fortaleza quiere cambiar de tema. Y, sobre todo, la realidad tiene la terrible costumbre de aparecer con documentos.

La semana pasada hablábamos de María Antonieta. Quizás ahí está el hilo conductor.

Cuando falta agua: “Es la sequía.” Cuando falta luz: “Estamos trabajando.” Cuando aparece un contrato cuestionado: “Es un show de medios.” Cuando aparecen los documentos: “Lo estamos investigando.” Cuando llegan los referidos: “Que se cancele.” Cuando finalmente se cancela: “A mí me mantuvieron al margen.” Y cuando preguntamos por el zar: ¿alguien lo ha visto?

Esto ya no parece una estrategia de comunicaciones. Parece un juego de papa caliente con un contrato de $5,900 millones.

Y todos tratando de demostrar que cuando empezó la música ellos estaban en otro salón.

Lo verdaderamente preocupante es que Puerto Rico sigue sin los 400 megavatios que necesitaba.

Porque al final se puede cancelar un contrato. Se puede sustituir un funcionario. Se puede cambiar un portavoz. Se puede emitir un comunicado. Se puede convocar una conferencia de prensa. Hasta se puede intentar matar un issue.

Lo que no se puede fabricar con relaciones públicas son 400 megavatios. Y mucho menos credibilidad.

La administración quiso apagar el escándalo. Terminó apagando el contrato.

Contrató una oficina para garantizar transparencia y terminó buscando quién sabía qué. Tuvo un zar de Energía para dirigir la política energética y ahora, cuando más explicaciones hacen falta, parece que también hay que generar megavatios para encontrarlo.

Y todavía queda una pregunta que ninguna estrategia mediática podrá matar: si la prensa no hubiese insistido, ¿hasta dónde habría llegado esto?

La semana pasada María Antonieta tenía pastel. Esta semana el Gobierno tenía un “show de medios”. El pastel nunca alimentó al pueblo. Y el “show” tampoco prendió una sola bombilla.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.