Salir con honores: el mensaje equivocado de Fortaleza

La salida de Francisco Domenech e Itza García de La Fortaleza era tan inevitable como el tapón de la Baldorioty un viernes por la tarde. La pregunta no era si se iban. La pregunta era cómo iban a salir.

Y salieron como salen algunos en este país: por la puerta ancha, con música de despedida, abrazos, elogios y certificado de buena conducta política incluido.

Aquello no parecía una administración intentando apagar un fuego. Parecía una actividad de despedida organizada por Recursos Humanos. Solo faltaron el bizcocho, el café en vasitos de foam y una placa que dijera: “Gracias por los servicios prestados”.

La gobernadora Jenniffer González apareció rodeada de buena parte de su gabinete, como quien reúne a la familia para demostrar que aquí no ha pasado nada. No hubo preguntas de la prensa, porque aparentemente las preguntas dañan la decoración. Hubo agradecimientos, reconocimientos y una defensa cerrada de dos funcionarios que abandonan sus posiciones en medio de investigaciones, señalamientos y una crisis política que lleva meses creciendo.

Mientras el país esperaba explicaciones, La Fortaleza repartió laureles.

Mientras la ciudadanía preguntaba qué ocurrió, quién intervino, quién recomendó, quién sabía y desde cuándo lo sabía, la gobernadora respondió con elogios a la honradez, la lealtad, la capacidad y la integridad de ambos.

No hubo conferencia de prensa. Hubo elogios.

Y ese es el verdadero problema.

Una administración no puede pedir confianza mientras actúa como si la confianza fuera un cheque en blanco que el pueblo firma cada cuatro años. Tampoco puede pretender que dos de sus funcionarios más poderosos salgan del gobierno bajo una nube de cuestionamientos y que el país lo reciba como quien despide a dos empleados que se jubilan luego de cuarenta años de servicio impecable.

Aquí nadie está diciendo que Domenech o Itza García sean culpables de delito alguno. La presunción de inocencia existe y debe respetarse. Pero una cosa es la responsabilidad criminal y otra muy distinta es la responsabilidad política.

En la política no hay que esperar una acusación para reconocer que algo huele mal. A veces basta con abrir la nevera.

Un funcionario puede no haber sido acusado y, aun así, tener que responder por sus decisiones, por sus relaciones, por sus intervenciones y por el daño que una controversia causa a la credibilidad del gobierno. Porque la confianza pública no se pierde solamente cuando llega una acusación. También se pierde cuando las explicaciones no llegan.

Pero la gobernadora decidió cerrar filas.

Y, como si eso fuera poco, tampoco los separó inmediatamente de sus funciones.

Francisco Domenech permanecerá en su puesto hasta el 7 de agosto e Itza García hasta el 14. La gobernadora anunció que ambos se van, pero les dejó las llaves de las oficinas, el teléfono oficial, la agenda de contactos y el poder de decisión durante más de dos semanas.

Es como llegar al dentista con una muela podrida, el rostro hinchado y el dolor por las nubes, y que te mande a chupar hielo mientras aparece una cita para el mes próximo. No te resolvió el problema; apenas te enseñó a aguantarlo.

Si las circunstancias eran lo suficientemente graves como para provocar sus salidas, también debieron serlo para apartarlos inmediatamente de toda función oficial. No se puede decirle al país que hay una transición necesaria y, al mismo tiempo, dejar intacta la autoridad de quienes están en el centro de los cuestionamientos.

Durante esos días podrán continuar interviniendo en decisiones gubernamentales, comunicándose con jefes de agencia, coordinando reuniones, impulsando permisos, encaminando contratos y dejando asuntos adelantados. Podrán llamar a sus contactos, conversar con aliados y gestionar asuntos vinculados a personas con quienes han mantenido relaciones políticas, profesionales o comerciales.

No estoy afirmando que necesariamente lo harán. Estoy señalando algo más elemental y preocupante: la gobernadora decidió mantenerles la capacidad institucional para hacerlo.

Y esto no es una especulación nacida de la imaginación de un columnista con demasiado café. La preocupación surge precisamente de la naturaleza de los asuntos por los cuales están siendo investigados por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente: alegaciones relacionadas con influencias, intervenciones gubernamentales, contratos, permisos y decisiones administrativas.

Es decir, las mismas áreas que han generado cuestionamientos permanecen bajo el alcance de sus funciones hasta el día en que finalmente entreguen las llaves.

Por eso, cada determinación que tomen de aquí a sus fechas de salida quedará bajo una sombra innecesaria. No porque toda firma sea irregular ni porque toda llamada esconda una conspiración, sino porque la propia administración decidió sembrar la duda al dejarlos ejerciendo el poder después de anunciar que debían marcharse.

En el gobierno no basta con decir que todo está limpio. También hay que evitar dejar el mapo al lado del charco.

La separación inmediata habría protegido a la administración, a las agencias y hasta a los propios funcionarios. Habría enviado el mensaje de que, mientras se investigan asuntos delicados, nadie conserva acceso irrestricto a los mecanismos relacionados con los cuestionamientos.

Pero aquí se escogió lo contrario: despedida con anticipación, poderes completos hasta nuevo aviso y confianza absoluta decretada desde el podio.

En lugar de marcar distancia, la gobernadora asumió la defensa. En lugar de reconocer que la controversia había erosionado la confianza pública, presentó las salidas como parte natural de una transición política. En lugar de explicar qué falló, quién sabía qué y desde cuándo, se convirtió en abogada defensora, testigo de reputación y jurado absolutorio, todo desde el mismo podio.

La gobernadora declaró la integridad de Domenech e Itza como si La Fortaleza también expidiera certificados de inocencia. Y al hacerlo, convirtió la suerte política de ambos en parte de su propio expediente.

Domenech habló de sacrificios, largas horas, valor moral, servicio e integridad. Itza García habló de compromiso con Puerto Rico y concluyó recordando que “quien no vive para servir no sirve para vivir”.

Hermosa frase.

Pero servir también es rendir cuentas.

Servir no es solamente madrugar, asistir a reuniones, firmar documentos y coordinar proyectos. Servir es entender que el poder público no pertenece al funcionario que lo ejerce. Es prestado. Y quien recibe algo prestado tiene que explicar cómo lo utilizó, a quién benefició y en qué condiciones lo devuelve.

No basta con decir: “Trabajé mucho”.

Hay gente que trabaja mucho haciendo las cosas mal.

La decisión de no permitir preguntas de la prensa terminó de completar la estampa. La conferencia estaba diseñada para hablarle al país, pero no para escuchar al país. Para controlar el libreto, pero no para aclarar las dudas. Para fabricar una despedida honorable sin discutir las razones que hicieron políticamente insostenible la permanencia de ambos funcionarios.

Fue comunicación de una sola vía, como esas llamadas automáticas en las que una grabación habla, uno aprieta todos los números y nunca aparece un ser humano.

El país no necesitaba saber cuánto aprecia la gobernadora a Domenech e Itza. Tampoco necesitaba conocer la profundidad de su amistad ni escuchar un inventario de sacrificios personales.

El país necesitaba respuestas.

Necesitaba conocer qué ocurrió con los contratos, las influencias, las intervenciones, los procesos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y las actuaciones que provocaron investigaciones y referidos.

Necesitaba saber si alguien dentro del gobierno falló, si existieron conflictos, si se violentaron controles o si todo fue, como insiste la administración, producto de una inmensa conspiración de enemigos, periodistas, legisladores y ciudadanos con demasiado tiempo libre.

Porque esa es otra costumbre de nuestros gobiernos: cuando las preguntas aprietan, la culpa siempre es de la narrativa.

Nunca es el problema. Es la narrativa.

Nunca es la actuación. Es la percepción.

Nunca es el funcionario. Es la agenda de quien pregunta.

El problema para Jenniffer González es que su defensa fue tan categórica que terminó amarrándose políticamente a ambos funcionarios. Si mañana las investigaciones producen nuevos hallazgos, la gobernadora no podrá decir que aquello le quedaba lejos o que desconocía la magnitud de los señalamientos.

Ella decidió subirlos al mismo bote.

Y cuando uno amarra todos los botes juntos, si uno empieza a hundirse, los demás sienten el tirón.

Por eso la salida de Domenech e Itza no resuelve la crisis. Apenas cambia el lugar donde se encuentra. Antes estaba concentrada en dos oficinas importantes de La Fortaleza. Ahora llegó directamente al despacho de la gobernadora.

Una salida puede servir para corregir el rumbo de una administración. Pero para eso tiene que venir acompañada de una admisión del problema, una explicación clara y decisiones concretas.

Aquí ocurrió lo contrario.

Se negó la crisis.

Se exaltó a los funcionarios.

Se denunciaron supuestas agendas políticas.

Se cerraron los micrófonos.

Se les permitió conservar el poder por más de dos semanas.

Y se esperaba que el país aplaudiera.

La administración perdió la oportunidad de enviar un mensaje poderoso: que nadie está por encima del gobierno, que la lealtad al país está antes que la lealtad personal y que cualquier duda sobre el uso del poder será atendida con transparencia.

En cambio, el mensaje fue otro.

Que se puede salir bajo una nube de cuestionamientos y recibir laureles.

Que la amistad pesa más que la rendición de cuentas.

Que las preguntas incómodas se resuelven no permitiéndolas.

Que un funcionario puede ser anunciado como saliente, continuar varias semanas ejerciendo todo su poder y esperar que el país confíe ciegamente en cada firma, llamada o reunión que haga antes de entregar las llaves.

Que aquí no hay crisis, siempre y cuando nadie tenga acceso al micrófono.

Eso no es renovación.

Es cambiar las cortinas mientras la casa sigue cogiendo agua.

Y dejar a quienes están bajo investigación controlando la llave de paso hasta mediados de agosto.

Juan Luis Camacho es empresario, comunicador, analista político y exsecretario general del Partido Popular Democrático. Ha trabajado en medios, gobierno y estrategia pública, con experiencia en comunicaciones, mercadeo, asesoría legislativa y asuntos públicos. Escribe sobre política, gobierno y temas de actualidad con un enfoque crítico, directo y orientado al interés público.