Ortega entierra las elecciones y blinda su dictadura

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró que en el país no se celebrarán nuevas elecciones y anunció que promoverá leyes para impedir que la oposición pueda alcanzar el poder, en una nueva demostración del endurecimiento autoritario del gobierno que encabeza junto a su esposa, Rosario Murillo.

Durante un acto celebrado el 19 de julio por el aniversario 47 del triunfo de la Revolución Sandinista, Ortega sostuvo que sus adversarios políticos conspiran con el respaldo de Estados Unidos para recuperar el control del Gobierno.

“Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó Ortega, quien posteriormente sentenció que los partidos vinculados a Washington no regresarían al poder “jamás, jamás, jamás”.

Aunque hasta el momento no se ha divulgado una resolución electoral que cancele formalmente los próximos comicios, originalmente previstos para noviembre de 2027, las declaraciones representan el anuncio más explícito de Ortega sobre su intención de eliminar cualquier posibilidad de alternancia política.

Consolidación del poder familiar

Ortega regresó a la Presidencia en 2007 y, desde entonces, ha ampliado progresivamente su control sobre el Poder Legislativo, los tribunales, las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación.

Una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en enero de 2025 extendió de cinco a seis años el término presidencial, creó el cargo de copresidenta para Murillo y subordinó los distintos poderes del Estado al Ejecutivo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que los cambios eliminaron, en la práctica, la separación de poderes y facilitaron la continuidad de una estructura política de carácter familiar.

La oposición nicaragüense ya había quedado severamente debilitada durante las elecciones de 2021, cuando varios aspirantes presidenciales fueron arrestados antes de la votación. Estados Unidos y otros gobiernos desconocieron la legitimidad de aquel proceso.

Desde las protestas de 2018, centenares de opositores, dirigentes religiosos, periodistas y activistas han sido encarcelados, expulsados del país o despojados de su nacionalidad. Más de 5,000 organizaciones civiles y religiosas también han sido clausuradas por las autoridades.

Rubio reclama mayor presión internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reaccionó al anuncio afirmando que el Gobierno nicaragüense “abandonó incluso la apariencia de consentimiento popular”.

Rubio pidió a la comunidad internacional unir esfuerzos para demostrarle al gobierno de Ortega y Murillo que no puede mantener relaciones normales con otros países mientras vulnera los principios democráticos del hemisferio.

Washington ha recurrido principalmente a sanciones individuales, restricciones de visado y medidas contra sectores vinculados al círculo presidencial. En febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a cinco funcionarios de las principales agencias financieras, laborales, militares y de telecomunicaciones de Nicaragua por presuntamente facilitar la represión política.

Posteriormente, las sanciones alcanzaron a dos hijos de Ortega y Murillo por su alegada participación en una red relacionada con la industria del oro, uno de los sectores que genera ingresos para el gobierno y sus aliados.

Estados Unidos también conserva herramientas comerciales relacionadas con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Hasta ahora, sin embargo, Washington no ha impuesto las sanciones comerciales más severas disponibles bajo ese marco.

Washington evita una intervención directa

Analistas consultados por CNN señalan que la política estadounidense hacia Nicaragua es distinta a la aplicada contra Venezuela o Cuba. La Casa Blanca buscaría evitar una crisis política que provoque una nueva ola migratoria, mayor represión interna o un vacío de poder sin una oposición organizada capaz de asumir el Gobierno.

“Nicaragua no tiene los recursos naturales de Venezuela”, explicó el profesor Kai Thaler, de la Universidad de California en Santa Bárbara, al señalar que el país centroamericano tampoco ocupa el mismo nivel de prioridad estratégica que Cuba para Rubio.

A diferencia de Venezuela y Cuba, Nicaragua mantiene una economía relativamente estable, apoyada considerablemente por las remesas enviadas desde el exterior. Esa estabilidad, combinada con la ausencia de protestas masivas y la fragmentación de la oposición, ha permitido que Ortega y Murillo resistan las sanciones sin realizar concesiones políticas significativas.

El politólogo Manuel Orozco sostuvo que Washington estaría apostando por aumentar gradualmente la presión económica y diplomática con miras al proceso electoral de 2027, aun cuando Ortega ahora amenaza con eliminarlo.

Murillo se prepara para la sucesión

Las declaraciones también se producen mientras aumenta el protagonismo político de Rosario Murillo. Ortega, de 80 años, aparece cada vez menos en actividades públicas, mientras su esposa, de 74, administra buena parte de las operaciones diarias del Gobierno.

Expertos consideran que la transición de poder hacia Murillo ya está en marcha. Sin embargo, la copresidenta no cuenta con la misma base política histórica de Ortega y depende de la lealtad de las Fuerzas Armadas, la Policía y un reducido círculo de funcionarios y empresarios vinculados al régimen.

La eliminación abierta de la competencia electoral permitiría a la pareja presidencial proteger esa sucesión, impedir el surgimiento de alternativas dentro del sandinismo y evitar que una eventual campaña política se convierta en un espacio para reorganizar a la oposición.

Con su anuncio, Ortega no solo desafía las exigencias democráticas de Washington. También abandona la última apariencia de pluralismo electoral y coloca a Nicaragua más cerca de un modelo de partido único, bajo el control político de una misma familia.

Los vínculos históricos del PIP con Ortega

El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño mantuvo durante años vínculos políticos con Daniel Ortega y el sandinismo. En 2015, Ortega nombró a Rubén Berríos Martínez asesor ad honorem de la Presidencia de Nicaragua en asuntos de descolonización y posteriormente le cedió espacio para hablar en la cumbre de la CELAC, donde incluso encabezó la delegación nicaragüense. Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago defendieron públicamente aquella participación.