¿Qué es una certificación intrajurisdiccional y por qué el Gobierno acudió al Supremo contra LUMA Energy?
El mecanismo permite al Alto Foro intervenir de inmediato en casos excepcionales sin esperar el proceso normal de las demandas en Puerto Rico
Por Rafelli Gonzalez|Policía y Tribunales|
La certificación intrajurisdiccional es un recurso procesal extraordinario mediante el cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede asumir jurisdicción directa sobre un caso que todavía se encuentra ante un tribunal inferior, sin que exista una sentencia final. Su uso está estrictamente regulado y reservado para situaciones excepcionales de alto interés público.
Según establece la Regla 23 del Reglamento del Tribunal Supremo, este recurso “se expedirá discrecionalmente”, lo que significa que el máximo foro no está obligado a acogerlo, aun cuando se cumplan los requisitos formales. La certificación se solicita mediante un escrito presentado directamente en la Secretaría del Tribunal Supremo y debe ser notificada al tribunal donde está pendiente el caso dentro de un término estricto de 72 horas.
El reglamento dispone que la mera presentación de la solicitud no detiene los procedimientos en el foro primario. Sin embargo, el tribunal inferior no puede dictar sentencia mientras el Supremo decide si expide o no el auto de certificación. Si el Supremo acoge el recurso, el caso pasa en su totalidad a la consideración del Tribunal Supremo.
Para que una certificación intrajurisdiccional sea considerada, la solicitud debe incluir, entre otros requisitos, una referencia clara al caso original, una relación sucinta de los hechos relevantes y una explicación fundamentada de por qué el asunto amerita que sea el Supremo quien lo atienda directamente. El escrito no puede exceder de 25 páginas y debe acompañarse de los documentos esenciales del expediente.
Más allá de los requisitos formales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que este mecanismo solo procede cuando el caso plantea controversias puramente jurídicas, noveles o de gran trascendencia pública, cuya resolución inmediata sea necesaria para evitar un daño institucional mayor o para adelantar significativamente la administración de la justicia. No se expide cuando existen controversias de hechos pendientes o cuando el asunto puede resolverse adecuadamente mediante el trámite ordinario de apelación.
El propio reglamento también reconoce límites y excepciones. El Tribunal Supremo no expedirá certificación cuando el planteamiento sea mixto —es decir, que combine derecho local con derecho federal que deba resolver otro foro— ni cuando la controversia dependa del desarrollo probatorio del caso. Asimismo, el Tribunal puede variar términos y procedimientos si lo estima necesario para manejar el caso de manera más eficiente.
En el contexto del pleito contra LUMA Energy, el Gobierno invocó este recurso al argumentar que la controversia sobre la validez de la extensión contractual es exclusivamente de derecho, de impacto inmediato sobre el sistema eléctrico de la isla y de interés público apremiante. Corresponderá ahora al Tribunal Supremo decidir si ese planteamiento justifica una intervención directa o si el caso debe continuar su curso ordinario en el Tribunal de Primera Instancia.
La decisión de acoger o rechazar la certificación intrajurisdiccional no prejuzga los méritos del caso, pero sí define quién resolverá primero una de las controversias más importantes de la situación energética en Puerto Rico.