Legislador acude al Tribunal para exigir a la Policía divulgar informe sobre escoltas de Wanda Vázquez

El misterioso análisis legal que presuntamente fue realizado por la División Legal de la Policía de Puerto Rico sobre el derecho de la convicta exgobernadora no electa Wanda Vázquez Garced a tener escolta pudiera ver la luz del día.

Y es que el representante por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Torres Cruz presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina un recurso especial de revisión judicial para que se ordene entregar la información relacionada con el uso de agentes y recursos públicos asignados a la escolta de la exmandataria, conforme a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019).

En declaraciones escritas, el legislador popular explicó que el 30 de septiembre de 2025 solicitó a la agencia copia del informe y/o escrito con el cual se tomó la determinación de mantener agentes asignados a darle seguridad y escolta, la cantidad de agentes y supervisores asignados con sus respectivos sueldos y pagos por horas extras y la cantidad, marca y modelo de los vehículos asignados y el gasto anual de dichos vehículos.

La Policía denegó el pedido mediante carta del 8 de octubre, alegando que la solicitud debía canalizarse conforme al reglamento de la Cámara de Representantes, argumento que Torres calificó de improcedente y contrario a la política pública de transparencia.

En su recurso, el legislador sostuvo que “las razones esbozadas en la carta denegatoria de satisfacer mi solicitud de información son erradas y contrarias a Derecho. Equivalen a clasificarme como una persona con menos derechos que el resto de las personas que residen en Puerto Rico por el simple hecho de ser representante en la Cámara de Representantes”.

¿Qué sabemos de sus escoltas?

INDIARIO supo que son cinco los agentes asignados a proveerle seguridad a Vázquez Garced, pero no ha recibido información sobre sus salarios ni horas extras. Además, constató que la División Legal de la Policía de Puerto Rico habría sido quien determinó que el documento mediante el cual se justificó la permanencia de las escoltas permanecería confidencial por tiempo indeterminado. Se desconoce si esta determinación fue por iniciativa propia o motivada por La Fortaleza, quien estaría preparando su propio análisis jurídico sobre el tema, según fuentes de este medio.

No obstante, la Oficina de Prensa de la Policía indicó en declaraciones escritas que el documento existe y comentó sobre su contenido, aunque se negó a entregarlo.

“Según el marco jurídico vigente, la escolta de los exgobernadores de Puerto Rico constituye un derecho adquirido, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en el caso Hernández Colón. La legislación actual no establece disposición alguna que contemple la pérdida de dicho derecho por una convicción en el foro federal ni estatal", indicó el portavoz de comunicaciones Juan José Díaz.

"La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga, aplicable únicamente de forma prospectiva.

En consecuencia, aun cuando la exgobernadora Wanda Vázquez se declaró culpable en el Tribunal Federal, la Policía de Puerto Rico no puede, bajo la normativa vigente, eliminarle la escolta, salvo que exista una legislación nueva que expresamente contemple esa limitación o que ella renuncie voluntariamente a dicho beneficio", añadió el vocero de la agencia.

"Se debe mantener la escolta conforme a lo dispuesto en la Ley 83-2025 y a la jurisprudencia aplicable, hasta tanto la Asamblea Legislativa disponga lo contrario mediante una enmienda legal expresa y prospectiva", concluyó Díaz.

En su demanda, Torres resaltó que el derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido en Puerto Rico como uno de rango constitucional, sustentado en las libertades de expresión, prensa y asociación garantizadas por la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Añadió que la Ley 141-2019 “se presume pública y accesible a todas las personas por igual”, y que toda documentación gubernamental es patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.

El representante denunció además que la negativa de la Policía lacera su derecho constitucional de acceso a la información y advirtió que la interpretación de la agencia “sería violatoria del mandato constitucional en contra del discrimen por condición social y la igual protección de las leyes”.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a la ética en el servicio público.

“Hagamos buenos los principios que fortalecen nuestra democracia y nuestro entramado constitucional, ese es nuestro principal deber ministerial”.