Supremo rechaza intervención en caso del CPI contra La Fortaleza

El Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó intervenir de forma inmediata en la controversia entre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Gobierno de Jenniffer González, relacionada con la exigencia de credenciales del Departamento de Estado para permitir el acceso de periodistas a conferencias de prensa en La Fortaleza.

Mediante resolución emitida ayer, viernes, el Alto Foro declaró “No Ha Lugar” al recurso urgente de certificación intrajurisdiccional presentado por la gobernadora, la secretaria de Prensa Marieli Padró y otras agencias, devolviendo el trámite del caso al curso ordinario apelativo.

La determinación del Supremo ocurre en un momento procesal clave, pues el Tribunal de Primera Instancia ya había fallado a favor del CPI y de los periodistas Luis J. Valentín Ortiz y Noel Algarín Martínez al concluir que la política del Ejecutivo que exigía una certificación oficial como condición para acceder a actividades de prensa violenta la libertad de prensa protegida por la Constitución.

El caso se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando el CPI acudió al tribunal solicitando una sentencia declaratoria e injunction contra la práctica de exigir credenciales emitidas por el Departamento de Estado para cubrir eventos oficiales en La Fortaleza.

El 23 de febrero de 2026, la jueza Iris L. Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia, resolvió a favor de los periodistas, al entender que la medida del Gobierno “coarta e incide sustancialmente” sobre el derecho a la libertad de prensa y limita el acceso a información pública.

Inconforme, el Estado apeló esa determinación el 20 de marzo de 2026 ante el Tribunal de Apelaciones. Ese mismo día, en un movimiento paralelo, acudió directamente al Tribunal Supremo solicitando certificación intrajurisdiccional para que el máximo foro atendiera el caso de forma expedita.

Supremo se aparta… por ahora

El Tribunal Supremo rechazó asumir jurisdicción inmediata, dejando claro que corresponde al Tribunal de Apelaciones atender el caso. No obstante, varios jueces hicieron expresiones que delinean la importancia constitucional del asunto.

En su voto de conformidad, el juez asociado Ángel Colón Pérez subrayó que la controversia gira en torno a si el Estado puede condicionar el acceso de periodistas a conferencias de prensa mediante una certificación administrativa, una pregunta puramente jurídica.

El juez coincidió con el foro primario en que no era necesaria una vista evidenciaria para resolver el caso, al tratarse de un asunto de derecho y no de hechos en disputa. Más aún, respaldó la conclusión de instancia al afirmar que exigir dicha certificación constituye una restricción irrazonable que incide directamente sobre las funciones periodísticas, lo cual incide negativamente sobre los derechos de acceso, recopilación y publicación de información.

Este caso se une a una serie de controversias latentes en el ordenamiento jurídico sobre el alcance del acceso de la prensa a información gubernamental y el uso de mecanismos administrativos como filtros de entrada. El Gobierno ha defendido la política alegando razones de seguridad y orden, así como su carácter neutral. Sin embargo, tanto el Tribunal de Primera Instancia como expresiones en el Supremo apuntan a que la certificación del Departamento de Estado —concebida originalmente para fines de estacionamiento— no puede convertirse en un requisito para ejercer funciones periodísticas.

El análisis judicial también se apoya en precedentes que reconocen la libertad de prensa como un derecho fundamental que incluye el acceso y la recopilación de información, pilares esenciales para el flujo democrático de ideas.

Con la negativa del Supremo, el caso continuará su curso en el Tribunal de Apelaciones. Allí se revisará la sentencia que ya favoreció al CPI, mientras queda abierta la posibilidad de que el caso regrese eventualmente al máximo foro judicial.