Tribunal de Apelaciones valida al FEI en caso de compra de pruebas COVID-19

Surgen más detalles del controversial contrato de $38 millones por pruebas COVID-19 que generó una tormenta política en gobierno de Wanda Vázquez

Redacción InDiario

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico determinó que el Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) actuó correctamente en el proceso judicial contra el empresario Aaron Vick y el suspendido licenciado Juan Maldonado de Jesús, relacionados con la fallida adquisición de pruebas rápidas de COVID-19 durante el gobierno de Wanda Vázquez Garced.

El caso tiene su origen en un controvertido contrato, otorgado por el Departamento de Salud a la empresa constructora Apex General Contractors, para comprar pruebas serológicas por un valor de $38 millones. Dicha transacción despertó sospechas por el aparente sobreprecio y la falta de transparencia, detonando una crisis política y legal que impactó significativamente a la administración de Vázquez Garced en los primeros meses de la pandemia.

Aaron Vick enfrenta imputaciones por falsificación de documentos e intervención indebida en operaciones gubernamentales, mientras que Maldonado de Jesús fue señalado como abogado gestor del polémico contrato.

Inicialmente, el juez del Tribunal Superior de San Juan, Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne, había desestimado los cargos en septiembre de 2022. Sin embargo, en septiembre de 2023, el Tribunal Supremo reinstaló todos los cargos contra los acusados, reactivando así el proceso judicial.

En el transcurso del caso, se suscitó una intensa disputa sobre el acceso de los acusados al Informe de Investigación Preliminar del Departamento de Justicia. Aunque inicialmente se ordenó entregar partes del documento por considerarse evidencia exculpatoria, finalmente el Tribunal de Apelaciones dictaminó que dicha información no constituía prueba exculpatoria suficiente para ser entregada, según la resolución del 9 de junio de 2025.

El tribunal destacó que la ley y jurisprudencia establecen claramente que el sumario fiscal es privado y secreto, y que los investigados no tienen derecho absoluto a obtenerlo, salvo situaciones excepcionales.

El caso ahora regresará al Tribunal de Primera Instancia para continuar con los procedimientos, cerrando un capítulo más en uno de los episodios más polémicos del manejo gubernamental de la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico.