Alcaldes federados defienden arbitrios de construcción
Gabriel Hernández pidió al congresista Paul Gosar reconsiderar su reclamo contra la Ley 215 y advirtió sobre el impacto fiscal en los municipios.
Por Redacción InDiario|Política|
El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, defendió la vigencia de la Ley 215 de 2024 y reclamó al congresista republicano por Arizona, Paul Gosar, que reconsidere su petición para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) actúe contra la legislación que regula el cobro de arbitrios municipales en proyectos de construcción.
En una carta dirigida al congresista, el también alcalde de Camuy sostuvo que eliminar estos recaudos reduciría ingresos utilizados por los municipios para sufragar servicios esenciales y argumentó que cualquier exención contributiva aplicable a proyectos financiados con fondos federales debe ser establecida directamente por el Congreso.
“Compartimos el interés de que cada dólar destinado a la reconstrucción se utilice de manera responsable, pero eliminar ingresos municipales sin identificar cómo se sustituirán puede reducir nuestra capacidad para mantener carreteras, atender emergencias, manejar desperdicios, realizar inspecciones y ofrecer seguridad”, expresó Hernández Rodríguez.
El líder de los alcaldes federados planteó además que la Junta Fiscal no debe utilizarse como mecanismo para imponer una exención contributiva que, según sostiene, no ha sido aprobada mediante legislación federal.
“Si el Congreso entiende que determinados proyectos financiados con fondos federales deben estar exentos de contribuciones estatales o municipales, tiene la facultad para establecerlo mediante legislación. Lo que no debe ocurrir es utilizar PROMESA o la Junta Fiscal para imponer una exención contributiva que el Congreso no ha aprobado”, añadió.
Gosar cuestiona impacto sobre fondos de reconstrucción
La controversia surge luego de que Gosar enviara el pasado 18 de agosto una comunicación al director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, solicitando al organismo que tome acción contra la Ley 215 y cuestione su validez bajo las disposiciones de PROMESA.
Según el planteamiento del congresista, la legislación permite que fondos federales destinados a la recuperación sean utilizados para pagar arbitrios municipales, lo que a su juicio eleva el costo de los proyectos y reduce los recursos disponibles para la reconstrucción.
Gosar hizo referencia en su comunicación a una carta de la Junta Fiscal de diciembre de 2025 y sostuvo que la controversia podría poner en riesgo cerca de $4,000 millones en fondos federales. El congresista otorgó al organismo hasta el 15 de septiembre para responder cuatro interrogantes relacionadas con la ley y su impacto.
El legislador federal también cuestionó el uso que algunos municipios habrían dado a los recaudos obtenidos mediante estos arbitrios.
En su carta señaló que un municipio habría utilizado alrededor de $4 millones provenientes de estos ingresos para financiar gastos de su policía municipal. Además, hizo referencia a contratos otorgados en Humacao por aproximadamente $500,000 relacionados con festivales, entretenimiento y producción.
Federación rechaza que se trate de un nuevo impuesto
Hernández Rodríguez respondió que la discusión debe separar dos asuntos: la fiscalización sobre el uso de fondos federales y la autoridad contributiva delegada a los municipios bajo las leyes de Puerto Rico.
El presidente de la Federación rechazó que la Ley 215 haya creado un nuevo arbitrio y sostuvo que esta contribución forma parte del sistema fiscal municipal desde 1996.
También cuestionó que se atribuya exclusivamente al arbitrio municipal el aumento en los costos de las obras de reconstrucción, al señalar que los proyectos enfrentan otros gastos relacionados con materiales importados, transportación, seguros, inflación, aranceles, contribuciones y requisitos regulatorios.
“Si el Congreso determina que los fondos federales para recuperación de desastres deben estar exentos de ciertas contribuciones federales, estatales o municipales, esa política debe establecerse mediante legislación federal específica, debidamente presentada, debatida y aprobada por el Congreso”, indicó Hernández Rodríguez.
El alcalde solicitó además que los gobiernos municipales sean incluidos en cualquier discusión relacionada con cambios contributivos que puedan afectar sus ingresos.
La Federación sostiene que esos recaudos no solo representan una fuente de financiamiento municipal, sino que también contribuyen a sufragar los servicios y la infraestructura que deberán mantenerse una vez culminen los proyectos financiados con fondos federales.
La controversia coloca nuevamente bajo discusión el balance entre la fiscalización de los fondos destinados a la reconstrucción de Puerto Rico y la autonomía fiscal de los municipios, mientras la Junta de Supervisión Fiscal evalúa el reclamo presentado por Gosar.
