Aprobación de OGPe a Esencia divide opiniones en Cabo Rojo

La aprobación concedida por la Junta Adjudicativa Adjunta de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) al proyecto Esencia abrió una nueva etapa en la controversia por el desarrollo turístico y residencial propuesto para la costa de Cabo Rojo.

Mientras sus promotores y varios alcaldes del oeste destacan su potencial para generar inversión, empleos e infraestructura, organizaciones comunitarias y ambientales advierten sobre sus posibles efectos en los recursos naturales, el suministro de agua y la planificación territorial de la región.

Un proyecto valorado en $2,000 millones

Esencia es impulsado por la firma británica Reuben Brothers y la desarrolladora Three Rules Capital. La propuesta representa una inversión estimada en $2,000 millones y contempla alrededor de 1,132 residencias, más de 500 habitaciones hoteleras, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela y una instalación médica con operaciones las 24 horas.

La determinación de la OGPe representa uno de los avances gubernamentales más importantes obtenidos hasta el momento por sus desarrolladores. Sin embargo, la aprobación no implica que todas las obras puedan comenzar inmediatamente, ya que todavía deberán completarse otros permisos y cumplirse las condiciones impuestas por las agencias reguladoras.

Los proponentes anticipan comenzar las ventas durante 2026 y recibir a los primeros residentes y huéspedes hacia finales de 2029.

Desarrolladores celebran la aprobación

La primera reacción favorable provino de los propios desarrolladores, quienes describieron la determinación de la OGPe como un paso importante para adelantar un proyecto que, según aseguran, combinará turismo de lujo, desarrollo económico y conservación ambiental.

Reuben Brothers y Three Rules Capital sostienen que más del 75% de los terrenos permanecerá como espacio abierto o será destinado a conservación. También prometen restaurar unas 33 cuerdas de humedales, rehabilitar dunas y manglares y mantener accesos públicos a la playa.

Los proponentes calculan que el proyecto podría generar más de 17,000 empleos durante sus distintas etapas y aportar alrededor de $40 millones para mejoras públicas que serían determinadas junto con el gobierno municipal.

Aseguran que no dependerá de los sistemas públicos

La segunda reacción favorable fue ofrecida por Roberto Ruiz Vargas, principal oficial de operaciones y socio de Three Rules Capital, quien defendió el plan de infraestructura presentado para Esencia.

Ruiz Vargas aseguró que el complejo no se conectará a los sistemas públicos de agua y energía. Según explicó, aproximadamente tres cuartas partes del agua utilizada provendrían de fuentes reutilizadas, como agua tratada y lluvia, mientras que el 25% restante se obtendría de fuentes subterráneas para consumo potable.

El ejecutivo sostuvo que el proyecto no extraerá agua de los sistemas utilizados por las comunidades ni del valle agrícola cercano. También señaló que el desarrollo funcionará mediante sistemas de energía renovable y contará con infraestructura propia.

El manejo del agua ocupa un lugar central en la discusión debido a que la aprobación ocurre en medio de una emergencia por sequía y de interrupciones recurrentes en el servicio de agua potable en distintas zonas de Puerto Rico.

Alcalde de Cabo Rojo mantiene respaldo condicionado

La tercera reacción favorable corresponde al alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, quien ha mantenido su respaldo condicionado al proyecto por el potencial que tendría para generar empleos, recaudos municipales y actividad económica.

El ejecutivo municipal ha insistido en que Esencia deberá cumplir rigurosamente con las exigencias ambientales, atender las preocupaciones relacionadas con el agua y garantizar que sus operaciones no perjudiquen los servicios disponibles para las comunidades.

Morales Wiscovitch ha planteado que el desarrollo podría abrir nuevas oportunidades laborales para los residentes del municipio y fortalecer la economía del oeste. No obstante, ha reconocido que el crecimiento económico no puede alcanzarse a costa de los recursos naturales de Cabo Rojo.

Coalición denuncia falta de participación ciudadana

La primera reacción en contra fue presentada por la Coalición Defiende a Cabo Rojo, organización que cuestionó que residentes, científicos y expertos no tuvieran una nueva oportunidad para expresarse antes de que la OGPe emitiera su determinación.

El grupo argumentó que la participación ciudadana es esencial cuando una decisión gubernamental puede afectar el agua, las comunidades, los recursos naturales y el futuro económico y ambiental del municipio.

La Coalición también ha advertido que una parte considerable de los terrenos está clasificada como suelo rústico o como suelo especialmente protegido por su valor ecológico.

Sus integrantes han reclamado vistas públicas presenciales y han expresado preocupación por los posibles efectos del proyecto sobre humedales, manglares, dunas, arrecifes, acuíferos y otros ecosistemas de la costa suroeste.

Instituto Socioecológico anticipa impugnaciones

La segunda reacción en contra provino de Braulio Quintero, director ejecutivo del Instituto para la Investigación Socioecológica, quien adelantó que los opositores combatirán el proyecto en los distintos foros administrativos y judiciales disponibles.

Quintero considera que un desarrollo de la magnitud de Esencia representa riesgos para la sostenibilidad ambiental y social del suroeste, particularmente en una región vulnerable a sequías, limitaciones de infraestructura y presiones sobre los recursos costeros.

Los sectores opositores también han cuestionado si los beneficios económicos prometidos compensarán el posible impacto sobre el costo de la vivienda, el tránsito, las carreteras, los servicios esenciales y la disponibilidad de recursos para las comunidades cercanas.

La controversia continuará en otros foros

La aprobación de la OGPe no pone fin a la disputa. Esencia deberá atravesar otros procesos de permisos antes de comenzar su construcción, mientras las organizaciones comunitarias y ambientales evalúan solicitudes de reconsideración, impugnaciones administrativas y posibles recursos ante los tribunales.

La controversia continuará enfrentando dos visiones sobre el futuro del oeste: una que presenta el proyecto como motor de inversión, empleos y turismo, y otra que reclama mayor participación ciudadana y protección para los recursos naturales de Cabo Rojo.