Asociación de Alcalde pide rescatar $700 millones de energía

Exigen al DOE revertir recortes al programa de resiliencia solar

Por Redacción InDiarioPolítica|

Georgie González reclamó al DOE reconsiderar la cancelación de fondos. (Foto: Suministrada)
Comparte el artículo:

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge “Georgie” González Otero, solicitó formalmente al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que reconsidere la cancelación de aproximadamente $700 millones en adjudicaciones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico, conocido como PR-ERF.

El reclamo municipalista surge luego de que el Departamento de Energía cancelara o redirigiera fondos previamente destinados a programas de energía solar residencial y baterías para familias vulnerables, incluyendo hogares de ingresos bajos y moderados, personas con discapacidades y ciudadanos que dependen de equipos médicos eléctricos.

“Son miles las familias puertorriqueñas que pueden beneficiarse de estos fondos, y estamos en la dinámica de solicitar formalmente una reconsideración”, expresó González Otero, también alcalde de Jayuya.

En la carta enviada a Wright, el líder municipalista sostuvo que la Asociación representa al 52% de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico y, por extensión, a cientos de miles de residentes que dependen de los municipios como primer punto de respuesta durante emergencias.

La comunicación advierte que unas 12,000 familias ya habían sido identificadas, evaluadas y aprobadas para recibir sistemas solares y de baterías al momento de la terminación del programa el 9 de enero de 2026. Además, señala que alrededor de 6,000 sistemas residenciales ya habían sido instalados antes de la cancelación.

“Los alcaldes son los primeros respondedores y, con frecuencia, el primer y último punto de contacto para esas familias”, plantea la misiva.

El PR-ERF fue creado por el Congreso mediante la Ley Consolidada de Asignaciones de 2023, que autorizó $1,000 millones para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico de Puerto Rico. Según la propia descripción federal del programa, los fondos estaban dirigidos a inversiones de resiliencia para hogares de ingresos bajos y moderados, así como hogares con personas con discapacidades, incluyendo tecnologías de energía renovable y almacenamiento. 

González Otero argumentó que la cancelación de cerca de $700 millones, incluyendo aproximadamente $365 millones redirigidos el 30 de septiembre de 2025 y otros $350 millones cancelados el 9 de enero de 2026, levanta interrogantes sobre si el Departamento de Energía se apartó del propósito original establecido por el Congreso.

“Reasignar esos fondos a proyectos generales de transmisión, distribución o generación centralizada, aunque puedan ser necesarios, no atiende directamente a las familias que el Congreso buscó beneficiar”, sostuvo.

El Departamento de Energía informó en su página oficial que el 30 de septiembre de 2025 anunció la reasignación de hasta $365 millones para atender la crisis de resiliencia de la red eléctrica y que esos fondos serían canalizados a la Autoridad de Energía Eléctrica para reparaciones necesarias al sistema. 

La Asociación, sin embargo, cuestiona la falta de información pública específica sobre los proyectos, contratistas, cantidades y calendarios asociados a los fondos redirigidos. Según González Otero, esa ausencia de detalles limita la capacidad de los municipios para planificar sus respuestas de emergencia.

El reclamo también apunta a una posible duplicidad de fondos, al señalar que varias de las actividades mencionadas como destino de los recursos —manejo de vegetación, reparación de plantas y modernización de infraestructura— ya forman parte de categorías cubiertas por fondos obligados de FEMA para el sistema eléctrico.

La controversia ya escaló al Congreso. El 23 de abril de 2026, la comisionada residente Pablo José Hernández, junto a Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez, Jared Huffman y otros legisladores, reclamó explicaciones al Departamento de Energía por el uso y la cancelación de fondos del PR-ERF. En esa gestión participaron 46 miembros del Congreso, quienes solicitaron una reunión informativa con la agencia federal. 

“Somos funcionarios electos responsables ante nuestras comunidades, las cuales necesitan tanto una red eléctrica estable como resiliencia energética distribuida a nivel residencial y comunitario. Ambas son necesarias y una no debe desplazar a la otra”, expresó González Otero.

La Asociación de Alcaldes pidió al Departamento de Energía tres acciones principales: reconsiderar la terminación de los acuerdos del Programa Acceso Solar, establecer un mecanismo de transición para completar instalaciones ya iniciadas y publicar un informe detallado sobre los proyectos específicos a los que serán dirigidos los fondos reasignados.

“Los hombres y mujeres que servimos como alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico no tenemos el privilegio de escoger entre la confiabilidad de una red centralizada y la resiliencia energética a nivel residencial. Enfrentamos ambos retos simultáneamente y con recursos limitados”, concluyó González Otero en la carta enviada al secretario Wright.