Blanca Medina señala también a la Gobernadora por presiones
Medina declaró que González Colón le pidió reinstalar a un funcionario vinculado al viaje de Star Academy y que había alertado sobre irregularidades.
Por Redacción InDiario|Política|
La controversia por los contratos millonarios de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) alcanzó directamente a la gobernadora Jenniffer González Colón, luego de que la exadministradora Blanca Medina Díaz revelara ante el Senado que la mandataria intervino para solicitarle la restitución de un funcionario que había sido removido de su puesto.
Durante su testimonio bajo juramento, Medina Díaz aseguró que González Colón le pidió personalmente, mediante una llamada telefónica, que reinstalara al subadministrador Juan Avilés Silvestry, quien había participado en un viaje a Luisiana relacionado con el proyecto Star Academy, de la empresa NOLA Education LLC.
La revelación surgió durante la investigación de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado sobre el fallido contrato de hasta $38.5 millones que se pretendía financiar con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
A preguntas del senador Juan Oscar Morales, Medina Díaz identificó directamente a la gobernadora como la funcionaria que solicitó la reincorporación de Avilés.
“Quien me pidió que volviera a su puesto el señor Juan Avilés, el subadministrador, fue la gobernadora”, declaró la exadministradora.
El señalamiento introduce un nuevo elemento en la controversia, hasta ahora concentrada principalmente en las presuntas presiones ejercidas por la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para conseguir la firma de dos contratos cuestionados por Medina Díaz.
Sin embargo, la declaración sobre la gobernadora estuvo relacionada específicamente con la restitución del funcionario y no constituyó una acusación de que González Colón le hubiera ordenado firmar el contrato de Star Academy.
Alertó a La Fortaleza sobre los problemas
Medina Díaz también reveló que informó al entonces secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, sobre las situaciones que enfrentaba en ADSEF y las presiones que atribuía a Roig Fuertes.
Según su testimonio, Domenech conocía lo que estaba ocurriendo, pero no tomó medidas para atender sus señalamientos.
La exfuncionaria aseguró que también tuvo la oportunidad de comunicarle directamente a González Colón que confrontaba problemas dentro de la agencia, particularmente relacionados con su subadministrador.
Al ser cuestionada posteriormente sobre si la gobernadora respondió a sus preocupaciones, Medina Díaz indicó que no recibió respuesta.
El testimonio coloca bajo escrutinio qué información conocían los principales funcionarios de La Fortaleza sobre los conflictos administrativos en ADSEF y qué acciones, si alguna, adoptaron después de recibir las advertencias.
El viaje a Luisiana y el contrato de $38.5 millones
La participación de Avilés en el viaje a Luisiana adquirió relevancia durante la audiencia legislativa.
El funcionario formó parte de una delegación que viajó del 7 al 10 de diciembre de 2025 para conocer el modelo educativo de Star Academy, que posteriormente fue objeto de una propuesta contractual valorada en hasta $38.5 millones.
Durante la vista se cuestionó que el entonces administrador de ADSEF, Ramón Burgos Bermúdez, no tuviera conocimiento de ese desplazamiento y que la directora del programa TANF, Johana Hernández Andalúz, no participara.
Medina Díaz también sostuvo que no se gestionaron las autorizaciones federales correspondientes para el viaje.
Por otra parte, información presentada durante la investigación legislativa situó el costo de la visita en más de $7,600, un desembolso que provocó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos vinculados con el proyecto.
La exadministradora reiteró que el equipo legal y técnico de ADSEF había advertido que utilizar fondos TANF para los servicios educativos propuestos resultaba improcedente bajo las regulaciones aplicables.
Además, denunció que la evaluación de las propuestas no estuvo a cargo del comité interno de ADSEF, sino de la empresa externa LAP Consulting Group.
También denunció presiones por otro contrato
La exfuncionaria reiteró que la controversia no se limitó a Star Academy.
Según declaró, Roig Fuertes también insistió en la aprobación de un contrato de aproximadamente $300,000 con Strategic Technology Advisors para servicios tecnológicos y de adiestramiento que, según Medina Díaz, duplicaban funciones que la agencia ya tenía contratadas.
La exadministradora señaló además a Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, como otra funcionaria que presuntamente ejerció presión para conseguir la contratación.
Durante la audiencia también se examinó un correo electrónico relacionado con este segundo contrato, en el que se hacía referencia al interés de funcionarios de La Fortaleza en su formalización.
Estos planteamientos amplían el alcance de la investigación sobre los procesos de contratación y la participación de funcionarios ajenos a la administración directa de ADSEF.
Medina atribuye su destitución a represalias
Medina Díaz sostuvo que su negativa a autorizar contrataciones que consideraba improcedentes provocó el deterioro de su relación con Roig Fuertes y, eventualmente, su destitución.
La exadministradora, quien acumuló unos 35 años de servicio en la agencia, afirmó que interpretó su salida como una represalia por resistirse a las instrucciones que recibía.
Durante su comparecencia se mostró visiblemente emocionada al recordar las circunstancias que la llevaron a denunciar públicamente lo ocurrido.
La exfuncionaria relató que decidió acudir a los medios después de recibir una llamada de su hijo, preocupado por los cuestionamientos públicos contra su trayectoria y desempeño profesional.
Medina Díaz también indicó que había ofrecido información a organismos fiscalizadores y autoridades investigativas, incluyendo la Oficina del Inspector General y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Por su parte, Roig Fuertes ha rechazado las acusaciones de la exadministradora y ha sostenido que sus señalamientos son falsos.
La comparecencia de Medina Díaz precedió el interrogatorio legislativo a la secretaria de la Familia, quien fue citada para explicar los procesos de evaluación, adjudicación y cancelación de los contratos cuestionados.
Las declaraciones de la exadministradora no establecen por sí solas que la gobernadora haya participado en irregularidades contractuales. No obstante, abren interrogantes sobre el conocimiento de La Fortaleza respecto a las denuncias internas, la intervención en asuntos de personal y las actuaciones gubernamentales relacionadas con las contrataciones.
La controversia continúa bajo investigación legislativa, mientras permanecen pendientes las determinaciones de las autoridades correspondientes sobre las posibles irregularidades denunciadas.
