Pablo José exige la salida de Josué Colón del Gobierno

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, insistió este martes en que la gobernadora Jenniffer González Colón debe destituir al zar de Energía, Josué Colón Ortiz, ante las aparentes contradicciones entre su testimonio ante la Cámara de Representantes y los documentos divulgados sobre el fallido contrato de $5,900 millones con Power Expectations.

Hernández Rivera cuestionó que el Gobierno no actuara con mayor rapidez ante las denuncias de presunto fraude relacionadas con la contratación de generación temporera y sostuvo que las actuaciones del funcionario justifican su salida de la administración.

Durante una conferencia de prensa, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) reiteró que había reclamado anteriormente la destitución de Colón Ortiz por su manejo de las advertencias sobre posibles irregularidades contractuales.

El comisionado residente señaló que el Gobierno estuvo cerca de mantener un contrato multimillonario con una empresa vinculada a señalamientos de fraude, pese a que las autoridades habían recibido información sobre las presuntas irregularidades.

Según Hernández Rivera, transcurrieron aproximadamente dos meses entre las advertencias iniciales y el referido del asunto a las autoridades, luego de que la controversia trascendiera públicamente.

Contradicciones entre testimonio y documentos

Hernández Rivera sostuvo que la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes debe examinar las comunicaciones divulgadas recientemente para determinar si existen contradicciones con las declaraciones ofrecidas por Colón Ortiz bajo juramento.

“Le corresponde a la Cámara de Representantes hacer los referidos correspondientes”, expresó el comisionado residente.

La controversia adquirió una nueva dimensión luego de que se entregaran a la comisión legislativa conversaciones de Telegram y otras comunicaciones relacionadas con las gestiones para concretar el contrato de Power Expectations.

Los documentos han generado cuestionamientos sobre el grado de participación de Colón Ortiz en las negociaciones y su conocimiento de las advertencias relacionadas con la empresa Enchanted Rock, cuya incorporación al consorcio fue objeto de alegaciones sobre documentos y firmas falsificadas.

El zar de Energía ha defendido sus actuaciones y ha sostenido que no participó en la evaluación ni adjudicación de las propuestas, aunque reconoció haber realizado gestiones para acelerar la contratación de capacidad de generación temporera.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés Otero, ha anticipado que examinará las aparentes contradicciones para determinar si procede realizar referidos a las autoridades.

Hasta el momento, los señalamientos sobre un posible falso testimonio no constituyen una determinación judicial de perjurio.

Vincula controversia con apagones y relevos de carga

Hernández Rivera también relacionó el fracaso de la contratación de generación temporera con los problemas de capacidad que enfrenta actualmente el sistema eléctrico.

A su juicio, las irregularidades denunciadas y la eventual cancelación del contrato contribuyeron a que Puerto Rico continúe sin parte de la generación adicional que se pretendía contratar para atender las deficiencias del sistema.

El comisionado residente sostuvo que los apagones y relevos de carga reflejan las consecuencias de una planificación deficiente y de decisiones administrativas que no atendieron oportunamente los riesgos del proceso contractual.

Cuestiona monopolio del gas natural

Además de reclamar la destitución de Colón Ortiz, Hernández Rivera amplió sus críticas al modelo de contratación energética y al papel de New Fortress Energy en el suministro de gas natural.

El funcionario sostuvo que una de las principales deficiencias del sistema es la concentración de infraestructura y suministro energético en empresas relacionadas, particularmente mediante los acuerdos de generación y combustible.

A su juicio, futuras alianzas público-privadas deben impedir que una misma estructura empresarial concentre el control de instalaciones estratégicas y del suministro necesario para operar las unidades generatrices.

También planteó la necesidad de eliminar la exclusividad que atribuye a New Fortress en las instalaciones portuarias utilizadas para recibir gas natural y establecer mecanismos más rigurosos para prevenir posibles conflictos de interés.

Hernández Rivera relacionó esa situación con las controversias sobre costos de combustible que examina el Negociado de Energía y sus consecuencias para la factura eléctrica.

Reclama mayor intervención federal

El comisionado residente informó que desde Washington ha impulsado gestiones para aumentar la fiscalización de los fondos federales destinados al sistema eléctrico y lograr una mayor intervención técnica del Departamento de Energía de Estados Unidos.

Entre sus preocupaciones mencionó el manejo de más de $300 millones originalmente destinados a iniciativas de energía solar, así como los problemas de coordinación entre LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Hernández Rivera sostuvo que las conversaciones con representantes de estas entidades reflejan deficiencias en la coordinación de las operaciones y la planificación energética.

También cuestiona permanencia de Suzanne Roig

Durante la conferencia de prensa, Hernández Rivera extendió sus críticas a la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, cuya permanencia en el gabinete también ha sido cuestionada por distintos sectores políticos.

El comisionado residente consideró que las controversias que rodean a la funcionaria, particularmente las relacionadas con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), han afectado la confianza necesaria para dirigir la agencia.

También advirtió que la acumulación de controversias administrativas en Puerto Rico perjudica la imagen del Gobierno ante funcionarios e instituciones federales.

Sus señalamientos ocurren mientras la gobernadora González Colón mantiene tanto a Colón Ortiz como a Roig Fuertes en sus respectivos cargos, pese a las exigencias de destitución y las investigaciones legislativas relacionadas con sus gestiones.