Ley fija pagos según ingresos para deudas de agua y luz
La nueva ley limita el pronto a entre 5 % y 20 % de la deuda y las mensualidades al 5 % del ingreso familiar; también beneficia a pequeños comercios
Por Redacción InDiario|Política|
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que obligará a establecer planes de pago ajustados a la capacidad económica de los clientes residenciales que mantienen deudas con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y con el servicio de energía eléctrica administrado por LUMA Energy.
La Ley 235-2026, originada en el Proyecto de la Cámara 133, de la autoría del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, establece límites para los pagos iniciales y las mensualidades de los acuerdos de deuda, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones económicas y reducir el riesgo de suspensión de servicios esenciales.
La legislación, firmada el jueves, también incorpora mecanismos de alivio para pequeños comerciantes que enfrentan incrementos extraordinarios en sus facturas de electricidad.
¿Cuánto tendrán que pagar los abonados?
Uno de los cambios más importantes de la nueva legislación es que el pago inicial para acogerse a un plan deberá fluctuar entre el 5 % y el 20 % de la deuda acumulada, tomando en consideración la capacidad económica de la unidad familiar.
Además, las mensualidades correspondientes al acuerdo no podrán exceder el 5 % del ingreso mensual familiar.
Por ejemplo, una familia que genere ingresos mensuales de $2,000 tendría un límite de $100 mensuales para el pago de la deuda bajo el acuerdo, sujeto a los criterios establecidos en la ley.
La medida representa un cambio frente a las condiciones descritas durante el proceso legislativo, cuando se señaló que LUMA exigía un pronto equivalente al 50 % de la deuda para conceder determinados acuerdos de pago.
La legislación también contempla que no se cobren intereses sobre las deudas menores de $5,000.
Para acreditar su situación económica, los consumidores podrán presentar documentos como planillas de contribución sobre ingresos, talonarios de pago o certificaciones de sus patronos.
Buscan evitar la suspensión de los servicios
La ley, denominada Ley de Planes de Pagos para Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales, parte del reconocimiento de que el acceso al agua potable y a la electricidad constituye una necesidad fundamental de los hogares.
Su exposición de motivos establece que los acuerdos deben permitir a los consumidores cumplir con sus obligaciones sin comprometer desproporcionadamente su estabilidad económica.
Bajo ese principio, la medida persigue evitar que familias con dificultades económicas pierdan el acceso a los servicios mientras cumplen con los planes de pago acordados.
La legislación no elimina ni condona las deudas acumuladas. Su propósito es establecer mecanismos para saldarlas mediante acuerdos económicamente sostenibles.
Pequeños comercios también podrán acogerse
La nueva ley también incluye disposiciones dirigidas a pequeños establecimientos comerciales que reciben servicio eléctrico bajo determinadas clasificaciones tarifarias.
Los negocios elegibles podrán acogerse a planes para atender sus deudas, con pagos iniciales que no excederán el 10 % del balance correspondiente.
En determinadas circunstancias, el pronto podrá ser eliminado para aquellos comerciantes que hayan mantenido un historial de pago favorable durante los 12 meses anteriores.
Los acuerdos podrán extenderse hasta 24 meses o hasta 36 meses cuando la deuda supere los $10,000, sin intereses durante el primer año.
Asimismo, cuando los ajustes trimestrales por combustible y compra de energía representen incrementos de tres centavos o más por kilovatio-hora, los pequeños comerciantes elegibles podrán distribuir la porción extraordinaria de sus facturas en hasta seis pagos mensuales iguales.
La legislación también contempla la evaluación de mecanismos de facturación nivelada para determinados clientes comerciales.
LUMA y Acueductos expresaron objeciones
Durante el proceso legislativo, tanto LUMA Energy como la AAA plantearon preocupaciones sobre las consecuencias económicas y operacionales de la medida.
La AAA sostuvo que ya disponía de mecanismos de pago flexibles y advirtió que imponer límites a los acuerdos podría afectar sus recaudos.
Por su parte, LUMA manifestó preocupación por el efecto que podrían tener las restricciones sobre el financiamiento de las operaciones del sistema eléctrico.
Tras la firma de la ley, LUMA calificó la medida como una solución temporal y sostuvo que no atiende las causas principales del aumento en las facturas eléctricas.
La empresa señaló que los altos costos responden, entre otros factores, al deterioro de la flota generatriz, el uso de combustibles más costosos y la incertidumbre en el suministro de gas natural.
También advirtió que los nuevos requisitos de documentación podrían desalentar a algunos clientes de solicitar los acuerdos.
Por otro lado, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) había advertido que no era posible cuantificar con precisión el impacto fiscal de la medida, debido a la incertidumbre sobre sus efectos en el flujo de efectivo de los proveedores de servicios esenciales.
¿Cuándo entrará en vigor?
Aunque la gobernadora ya convirtió la medida en ley, sus disposiciones entrarán en vigor 60 días después de su aprobación, por lo que su implantación comenzaría en enero de 2027.
La legislación aplicará prospectivamente a las solicitudes de planes de pago presentadas después de su entrada en vigor.
Los consumidores que entiendan que los acuerdos ofrecidos incumplen los criterios de la ley podrán solicitar una revisión administrativa ante el proveedor correspondiente o el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), conforme al procedimiento establecido.
Con esta legislación, el Gobierno busca atender las dificultades económicas de las familias y pequeños negocios que enfrentan balances pendientes por servicios esenciales, en momentos en que el aumento de los costos energéticos continúa representando una carga significativa para los consumidores puertorriqueños.




