ASSMCA reclamó a Suzanne Roig $2,127.78 por pagos indebidos

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) reclamó a la actual secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, $2,127.78 por pagos que la agencia catalogó como indebidos y llegó a plantear que el impago constituía una “apropiación ilegal de Fondos Públicos penado por la ley”, según documentos oficiales examinados por INDIARIO.

El señalamiento consta en una moción presentada el 13 de abril de 2026 ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), como parte de un litigio administrativo iniciado por la propia Roig Fuertes en noviembre de 2023 contra ASSMCA para reclamar la restitución de un diferencial salarial.

La controversia terminó en junio de 2026 con una resolución adversa a la funcionaria, luego de que la CASP le impusiera una sanción económica de $500 y posteriormente archivara con perjuicio su apelación por incumplir reiteradamente las órdenes del organismo.

El expediente revela así una controversia que trasciende el reclamo económico: una integrante del gabinete de la gobernadora Jenniffer González Colón fue sancionada por un foro administrativo que concluyó que había demostrado un “abandono total” de la reclamación que ella misma presentó.

ASSMCA alegó apropiación ilegal de fondos públicos

En la moción solicitando desestimación, firmada por el licenciado Aníbal Lugo Irizarry, representante legal de ASSMCA, la agencia identificó una deuda de $2,127.78 por pagos indebidos correspondientes al periodo del 2 al 15 de enero de 2025.

El documento establece expresamente que “el impago constituye una apropiación ilegal de Fondos Públicos penado por la ley”.

DOCUMENTO: Solicitud de Desestimación de ASSMCA

La alegación adquiere particular relevancia porque no proviene de un adversario político ni de una denuncia anónima, sino de una moción suscrita por la representación legal de una agencia gubernamental ante un organismo adjudicativo.

El periodo identificado por ASSMCA coincide con las primeras dos semanas de Roig Fuertes al frente del Departamento de la Familia, luego de su designación por la gobernadora González Colón el 2 de enero de 2025.

En el mismo escrito, ASSMCA sostuvo que la funcionaria había incumplido reiteradamente las órdenes de la CASP para responder a la contestación de la agencia y solicitó la desestimación de su apelación.

Aunque ASSMCA utilizó expresamente el término “apropiación ilegal de fondos públicos”para describir la falta de devolución de los $2,127.78, la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) no adjudicó esa alegación. Su determinación se limitó a sancionar los incumplimientos procesales de Roig Fuertes y archivar con perjuicio la apelación que ella misma había presentado, sin resolver la controversia sobre la deuda reclamada ni ordenar la devolución del dinero.

Una disputa salarial que comenzó en 2023

El litigio se originó el 10 de noviembre de 2023, cuando Roig Fuertes acudió por derecho propio a la CASP para cuestionar una determinación de ASSMCA relacionada con la reubicación de su puesto como directora de Centro de Tratamiento en la Clínica de Tratamiento con Metadona de Bayamón.

La controversia también incluía la eliminación de un diferencial salarial por condiciones extraordinarias, luego de que la agencia determinara que las circunstancias que justificaban esa compensación ya no prevalecían.

Roig solicitó la restitución del diferencial argumentando que continuaba desempeñando tareas extraordinarias.

La reclamación ocurrió después de su regreso a ASSMCA, tras haber dirigido la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

Su desempeño en esa división había sido objeto de una investigación relacionada con contrataciones para el cuidado de una persona con discapacidad intelectual, controversia en la que posteriormente surgió el conocido contacto identificado como “Baby”.

Aquella investigación fue referida al Departamento de Justicia, pero terminó archivada por insuficiencia de evidencia. En mayo de 2026, Justicia también determinó que no existían elementos nuevos que justificaran reabrirla.

Se trata, no obstante, de una investigación distinta del pleito salarial ante la CASP, cuyos documentos permiten examinar por separado la conducta procesal de Roig Fuertes frente a las órdenes del organismo administrativo.

La controversia no figuró en informe del Senado

Cuando el Senado aprobó el nombramiento de Suzanne Roig Fuertes como secretaria de la Familia, el 10 de febrero de 2025, la reclamación administrativa que mantenía contra ASSMCA llevaba aproximadamente 15 meses activa ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP).

Documento: Informe del Senado sobre el Nombramiento

Sin embargo, una revisión del informe senatorial de confirmación revela que no se hizo mención del caso, ni de la controversia relacionada con la reubicación de su puesto y la eliminación del diferencial salarial que reclamaba la funcionaria.

De las advertencias a una sanción de $500

Mientras Roig Fuertes ejercía como secretaria de la Familia, el litigio contra ASSMCA continuó su curso.

En junio de 2025, ASSMCA presentó su contestación a la reclamación. El 3 de julio, la CASP ordenó a Roig responder al escrito en un término de 20 días, advirtiéndole que el incumplimiento podía provocar sanciones económicas e incluso la desestimación del procedimiento.

DOCUMENTO: Orden de CASP para que Roig contestara en 20 días

Pero la respuesta requerida no llegó dentro del término concedido, según determinó posteriormente la Comisión.

En septiembre, el organismo volvió a intervenir y le concedió otros 20 días para justificar su incumplimiento, bajo advertencia expresa de una posible sanción de $500.

DOCUMENTO: CASP advierte a Roig Fuertes por incumplimiento

La advertencia tampoco produjo el cumplimiento requerido.

El 11 de mayo de 2026, la CASP finalmente impuso a Roig Fuertes una sanción económica de $500, ordenó su pago y le concedió otra oportunidad para atender los requerimientos pendientes.

DOCUMENTO: Sanción de $500 por el incumplimiento de Roig Fuertes

Además, le advirtió que un nuevo incumplimiento conllevaría la desestimación de su apelación por incumplimiento, abandono y falta de interés.

No se trató, por tanto, de una determinación sorpresiva. El expediente documenta varias oportunidades concedidas a la funcionaria para responder antes de que se impusiera la sanción y se decretara el archivo.

CASP determinó “abandono total” y archivó el caso

El 4 de junio de 2026, la CASP concluyó que Roig Fuertes había incumplido reiteradamente las órdenes emitidas durante el procedimiento, pese a las advertencias y oportunidades concedidas.

La Comisión sostuvo que la funcionaria tampoco había justificado sus incumplimientos luego de recibir la sanción económica.

En su resolución, el organismo fue particularmente severo al señalar que había quedado demostrado un “abandono total de la parte con interés”, y que la imposición de una sanción había resultado ineficaz para conseguir el cumplimiento de sus órdenes.

La CASP también advirtió sobre el perjuicio que representa mantener activos procedimientos cuyos promoventes no demuestran diligencia, particularmente ante la acumulación de reclamaciones de otros empleados públicos que esperan por la adjudicación de sus casos.

Con esos fundamentos, resolvió archivar con perjuicio la apelación presentada por Roig Fuertes.

DOCUMENTO: Archivo con perjuicio

La secretaria intentó revertir la determinación mediante una solicitud de reconsideración presentada el 9 de junio. Sin embargo, el 17 de junio, un panel de la CASP se reafirmó en su decisión y declaró “No Ha Lugar” su petición.

DOCUMENTO: "NO HA LUGAR" a reconsideración

De esa manera, el organismo puso fin al procedimiento administrativo sin adjudicar en los méritos la reclamación original de la funcionaria.

La responsabilidad de una secretaria bajo escrutinio

Más allá de los $2,127.78 reclamados por ASSMCA y la sanción económica de $500, el expediente deja sobre la mesa interrogantes sobre la diligencia y responsabilidad administrativa de Roig Fuertes.

La controversia documenta que una funcionaria encargada de dirigir una de las principales agencias del Gobierno fue advertida en múltiples ocasiones por un organismo administrativo, recibió una sanción económica y finalmente vio archivada su propia reclamación por incumplimientos que la CASP consideró injustificados.

Una cadena de controversias rodea a la secretaria

La controversia con ASSMCA se suma a una serie de señalamientos que han colocado a Suzanne Roig Fuertes bajo escrutinio público durante 2026, comenzando con su vinculación a un contrato de aproximadamente $60,000 mensuales para el cuidado de un solo participante mientras dirigía la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. El caso involucró a One Source Investigations, empresa cuya contratación y subcontratación fueron cuestionadas, y adquirió mayor notoriedad tras divulgarse un correo electrónico en el que Roig reenvió documentos relacionados con la investigación a un contacto identificado como “Baby”. La investigación fue archivada por Justicia por insuficiencia de prueba. 

Más recientemente, la destitución de Blanca Medina Díaz como administradora de ADSEF desató una confrontación pública con Roig Fuertes. Medina denunció presiones para firmar un contrato de hasta $38.5 millones con NOLA Education para implementar Star Academy utilizando fondos federales TANF, además de cuestionar otra contratación de aproximadamente $300,000 para adiestramientos y tecnología. La exfuncionaria reiteró sus señalamientos mediante una declaración jurada presentada esta semana. Por su parte, Roig ha rechazado las acusaciones, cuestionado el desempeño de Medina y sostenido que el proyecto Star Academy fue cancelado sin que existiera un contrato vigente ni desembolsos de fondos públicos. 

Citada al Senado entre crecientes pedidos de renuncia

Roig Fuertes deberá comparecer este miércoles, 7 de octubre, a la 1:00 de la tarde, ante la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado, presidida por Wanda Soto Tolentino. La exadministradora Blanca Medina Díaz está citada para las 10:00 de la mañana, como parte de la investigación legislativa sobre el proceso de contratación de Star Academy y las presuntas presiones para autorizar el uso de fondos TANF. 

La comparecencia ocurre mientras aumentan los reclamos para que abandone el cargo. El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago; la delegación popular en el Senado, encabezada por Luis Javier Hernández Ortiz; Proyecto Dignidad y el senador novoprogresista Héctor Joaquín Sánchez han solicitado su renuncia. El lunes, los senadores populares reiteraron su exigencia de destitución inmediata y plantearon que la investigación se amplíe a una Comisión Total, para permitir la participación de los 28 integrantes del Senado. 

Aunque la citación legislativa responde directamente a las controversias en ADSEF, Roig llegará al Senado con otros cuestionamientos sobre su trayectoria administrativa, incluyendo los relacionados con One Source Investigations y el expediente de ASSMCA ante la CASP. Su comparecencia representa una oportunidad para explicar los procesos cuestionados y responder a los señalamientos que han intensificado el escrutinio sobre su permanencia al frente del Departamento de la Familia.