LUMA cifra en $1,300 millones costo de anular extensión

LUMA Energy alegó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico que declarar nula la extensión de su contrato para operar el sistema de transmisión y distribución eléctrica provocaría aproximadamente $1,300 millones en costos, mientras cuestionó que el Gobierno haya solicitado su salida sin presentar, según la empresa, un plan concreto para sustituirla.

El planteamiento forma parte del Alegato en Oposición presentado por LUMA en los casos mediante los cuales el Gobierno, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) impugnan la validez de la carta que extendió en noviembre de 2022 el periodo interino del contrato del operador privado. 

La cifra de $1,300 millones es una estimación presentada por LUMA y no una determinación judicial.

La presidenta y principal oficial ejecutiva de la compañía, Janisse Quiñones, sostuvo bajo juramento que al menos $726 millones serían costos que considera inevitables, sin una fuente de financiamiento identificada y sin que ese dinero necesariamente se traduzca en mejoras a la red eléctrica o al servicio de los consumidores. 

LUMA detalla los $1,300 millones

Según el desglose sometido por la empresa, los costos potenciales incluirían $143.3 millones por el cargo contractual de terminación, $117.8 millones por una transición de salida de 12 meses y otros $117.8 millones para la entrada de un operador sustituto.

LUMA añadió $588.3 millones que, según su análisis, la AEE tendría que mantener en cuentas relacionadas con el servicio y otros $347.1 millones en cuentas por pagar a suplidores.

La empresa también calculó aproximadamente $8 millones para remover y sustituir identificaciones, rótulos y vestimenta asociados a LUMA, además de posibles aumentos de alrededor de $5 millones anuales en costos de seguros. 

Quiñones sostuvo que los costos de terminación, transición de salida, transición de entrada y cuentas pendientes con suplidores sumarían alrededor de $726 millones y ocurrirían incluso bajo un escenario de transición adecuadamente coordinada.

Advierte sobre $6,177 millones federales

LUMA fue más allá de los costos inmediatos y aseguró que la terminación del contrato podría colocar en riesgo aproximadamente $6,177 millones en fondos federales obligados para reconstruir la red eléctrica.

La compañía planteó además que la AEE podría exponerse a reclamaciones relacionadas con unos $2,200 millones que ya habrían sido invertidos en proyectos financiados con recursos federales. 

La empresa argumenta que un cambio de operador podría interrumpir procesos de planificación, contratación y aprobación de proyectos que actualmente administra como parte de la reconstrucción del sistema.

También advirtió sobre el impacto laboral que tendría una salida abrupta. En sus planteamientos públicos, LUMA ha señalado que más de 4,000 trabajadores participan en los trabajos de reconstrucción y operación relacionados con la red. 

Cuestiona ausencia de plan de transición

Uno de los principales argumentos del operador ante el Supremo es que, a su juicio, el Gobierno no ha explicado quién asumiría inmediatamente la operación de la red si la extensión es declarada nula.

LUMA sostuvo que tampoco se ha establecido cómo se financiaría la transición, quién administraría los proyectos federales ni qué entidad asumiría los contratos y demás funciones que actualmente maneja la empresa.

La compañía cuestionó específicamente la posibilidad de que la AEE retome provisionalmente la operación mientras se selecciona un nuevo operador, al alegar que la corporación pública no cuenta actualmente con el personal, la infraestructura ni los recursos necesarios para asumir todas las funciones de manera inmediata. 

Quiñones estimó que un proceso competitivo para seleccionar un nuevo operador podría tomar alrededor de dos años. Posteriormente, según su declaración, llevar nuevos proyectos desde su desarrollo hasta la obligación de fondos federales podría requerir al menos otros 18 meses.

Gobierno cuestiona legalidad de extensión

La controversia ante el Supremo, sin embargo, no gira únicamente alrededor de cuánto costaría remover a LUMA, sino sobre si la extensión aprobada en 2022 fue jurídicamente válida.

La AAPP y la AEE han alegado en sus demandas que la carta-extensión no contó con la aprobación válida de la Junta de Directores de la AAPP porque los dos representantes del interés público se abstuvieron durante la votación.

Según el planteamiento gubernamental, al no obtenerse el voto afirmativo de esos integrantes, la extensión debía considerarse rechazada y constituiría un acto ultra vires, es decir, realizado fuera de la autoridad legal de la entidad. 

El Gobierno también sostiene que la extensión dejó a Puerto Rico atado indefinidamente a un periodo contractual interino que, según su demanda, carece de algunos de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas contemplados originalmente. 

LUMA defiende votación de 2022

LUMA rechaza esa interpretación.

La empresa argumenta que la decisión del 30 de noviembre de 2022 no constituyó un contrato nuevo ni una modificación sustancial, sino el ejercicio de una facultad que ya estaba incluida en el acuerdo original.

Como parte de su defensa, pidió al Supremo tomar conocimiento de una opinión jurídica preparada el 28 de noviembre de 2022 para la AAPP por el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez.

Ese análisis concluyó que extender el periodo interino no constituía una nueva transacción bajo la Ley 29 de Alianzas Público-Privadas y que podía aprobarse mediante una mayoría de la Junta de Directores. 

LUMA solicita ahora que el Tribunal Supremo determine que la extensión de 2022 fue válida y permanece vigente mientras se cumplan las condiciones establecidas contractualmente.

El alto foro tendrá así que resolver una controversia que enfrenta dos planteamientos distintos: por un lado, el Gobierno sostiene que la extensión nació jurídicamente defectuosa; por otro, LUMA argumenta que invalidarla no solo sería incorrecto en derecho, sino que provocaría una transición costosa y sin una alternativa operacional definida.