Puerto Rico arriesga $3,360 millones al año en Medicaid
Informe multisectorial advierte que el FMAP federal podría bajar de 76% a 55% desde el año fiscal 2028 si el Congreso no actúa.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Política|
Puerto Rico podría enfrentar una reducción de aproximadamente $3,360 millones anuales en fondos federales para Medicaid si el Congreso no modifica antes del año fiscal 2028 la estructura de financiamiento del programa, según un informe multisectorial divulgado por el Gobierno.
El Informe Final de la Junta Asesora Multisectorial sobre el Programa Medicaid de Puerto Rico advierte que, sin acción congresional, el porcentaje federal de asistencia médica, conocido como FMAP, regresaría al 55% establecido por ley.
Actualmente, Medicaid ofrece cubierta de salud a cerca del 40% de la población de Puerto Rico, por lo que una reducción sustancial de los recursos federales tendría implicaciones para el financiamiento del sistema de salud y los servicios disponibles para sus beneficiarios.
Bajo el Consolidated Appropriations Act, 2023, el FMAP de Puerto Rico aumentó temporeramente a 76% hasta el año fiscal 2027, junto con asignaciones federales adicionales para financiar el programa.
El informe sostiene que esos recursos han permitido ampliar la elegibilidad de Medicaid, incorporar servicios y aumentar los pagos a proveedores.
Entre las medidas implantadas se encuentra el aumento del reembolso mínimo de Medicaid para servicios médicos hasta alcanzar el 100% de la tarifa de Medicare Parte B. También se elevaron las tarifas para servicios de salud conductual, se revisaron las correspondientes a servicios dentales y se modificaron mecanismos de pago a hospitales.
El documento también recoge las medidas adoptadas para cumplir con requisitos federales relacionados con integridad programática, contratación, fiscalización y transparencia en el manejo de Medicaid.
La Junta Asesora Multisectorial fue establecida mediante la Orden Ejecutiva 2026-006 y contó con la participación de agencias gubernamentales, proveedores de servicios de salud, centros de salud comunitarios, organizaciones de cuidado coordinado y representantes de beneficiarios, entre otros sectores.
El informe fue presentado por la gobernadora Jenniffer González Colón como parte de los esfuerzos de su administración para impulsar en el Congreso una nueva estructura de financiamiento que mantenga los recursos federales disponibles después de 2027.
