Buscan proteger a maestros que denuncien agresiones

La representante por acumulación y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Tatiana Pérez Ramírez, presentó una medida legislativa dirigida a proteger a los maestros que denuncien agresiones, amenazas y situaciones de riesgo en las escuelas públicas, evitando que enfrenten represalias administrativas por realizar estos señalamientos.

El Proyecto de la Cámara 1563, denominado Ley para el Fortalecimiento de la Autoridad Docente y la Convivencia Escolar, propone establecer un protocolo uniforme de respuesta ante incidentes graves y prohibir que los traslados o cambios de funciones se utilicen como sanciones encubiertas contra docentes que presenten denuncias de buena fe.

“Un maestro no debe tener miedo de informar una agresión o una amenaza por temor a que hacerlo tenga consecuencias en su contra. Debe contar con una respuesta clara, medidas de seguridad y el respaldo institucional necesario para continuar su labor”, expresó Pérez Ramírez.

Establecen plazos para atender incidentes

La legislación propone que, ante una situación de riesgo inmediato, la dirección escolar adopte medidas de protección que incluyan separación física, supervisión continua, primeros auxilios y activación de servicios de emergencia cuando resulte necesario.

Además, establece términos específicos para documentar e investigar las situaciones reportadas.

Dentro de 24 horas o el próximo día laborable, la administración escolar tendría que preparar un informe preliminar confidencial y notificar a la Oficina Regional Educativa.

Posteriormente, personal autorizado contaría con 72 horas laborables para evaluar los riesgos, las necesidades de las personas involucradas y las intervenciones correspondientes.

La propuesta permitiría adoptar medidas protectoras provisionales inmediatamente después de documentarse un incidente grave, sin necesidad de agotar previamente otros procedimientos ordinarios.

Protección contra represalias

Uno de los aspectos principales del proyecto es la prohibición expresa de represalias contra docentes, estudiantes y empleados que denuncien situaciones graves de buena fe.

Los maestros tendrían derecho a recibir constancia de sus reportes y conocer las medidas de seguridad adoptadas, respetando la confidencialidad de la información estudiantil.

Asimismo, el Departamento de Educación tendría que establecer un mecanismo confidencial para revisar denuncias de inacción institucional o posibles represalias.

La legislación también contempla orientación, apoyo psicosocial y evaluación de asistencia jurídica para el personal docente afectado.

“No basta con recibir un reporte. Tiene que haber seguimiento, evaluar el riesgo y atender a las personas afectadas”, sostuvo la representante.

Garantías para los estudiantes

La medida establece que las acciones protectoras provisionales no constituirían sanciones disciplinarias definitivas.

Los estudiantes involucrados conservarían el derecho a presentar su versión de los hechos, mientras que el Departamento de Educación tendría que garantizar la continuidad de sus servicios educativos y los acomodos correspondientes, particularmente para estudiantes con discapacidades.

También dispone que las víctimas no estarían obligadas a participar en procesos de mediación.

Capacitación y supervisión

El proyecto incluye capacitación anual sobre prevención de violencia, documentación de incidentes e intervención segura, además de un registro central para recopilar información sobre las situaciones reportadas.

El Departamento de Educación tendría que publicar estadísticas anuales agregadas, protegiendo la identidad de los estudiantes, y presentar un informe anual a la Asamblea Legislativa.

La medida permanece bajo consideración legislativa en la Cámara de Representantes.

“La seguridad en nuestras escuelas requiere proteger al maestro, atender al estudiante y apoyar a las personas afectadas”, concluyó Pérez Ramírez.