CEE reacciona al reportaje del CPI sobre fraude electoral con miles de muertos inscritos
Jessika Padilla arremetió contra el reportaje del CPI y amenazó con ir a los tribunales "en defensa del interés público".
La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de Puerto Rico, Jessika Padilla Rivera, emitió hoy un comunicado en respuesta al reportaje publicado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el cual denuncia un esquema de fraude electoral en la isla. El reportaje destaca que personas fallecidas y ciudadanos que no residen en Puerto Rico aparecen registrados como votantes activos en las elecciones de 2016 y 2020, señalando serias irregularidades en el sistema electoral.
En su comunicado, Padilla Rivera expresó su preocupación por lo que considera un acceso indebido a información confidencial del Registro General de Electores (RGE). La presidenta alterna afirmó que el CPI no tuvo autorización para acceder a estos datos, citando el Artículo 3.6 (4) del Código Electoral de Puerto Rico, el cual establece que los documentos de inscripción son privados y solo pueden ser consultados por personas y entidades autorizadas.
“La Comisión Estatal de Elecciones está llamada a proteger la información de los electores en Puerto Rico, razón por la cual, tal como afirman en el reportaje, la CEE no autorizó y mucho menos compartió el documento. Claramente, el Artículo 3.6 (4) del Código Electoral de Puerto Rico establece que “Los documentos de inscripción serán considerados privados, confidenciales y solamente podrán solicitar copia de estos el Elector inscrito, los Comisionados Electorales, la Comisión y sus organismos oficiales o cualquier tribunal con competencia en el desempeño de sus funciones, cuando se trate de asuntos de naturaleza específicamente electoral o la configuración de las listas de candidatos a miembros de jurado en procesos judiciales”, expresó la presidenta alterna por escrito.
El reportaje del CPI reveló que al menos 5,872 personas fallecidas entre 2015 y 2020 seguían registradas como votantes activos, y más de 2,800 personas con más de 100 años de edad también figuraban en los registros electorales. A pesar de estas denuncias, Padilla Rivera defendió la gestión de la CEE, afirmando que se han tomado medidas para excluir a los electores fallecidos, lo que ha resultado en la reducción de los casos de votantes inactivos de 16,000 a 13,500.
La presidenta alterna también sugirió que las afirmaciones del CPI pueden ser cuestionables, aludiendo a posibles violaciones a la Ley Núm. 58 del 2020 que regula el manejo de la información electoral. Además, Padilla Rivera no descartó emprender acciones legales contra el CPI por el supuesto acceso ilegal a los datos.
“Ante esto, es razonable concluir que el resultado de la búsqueda que dio paso al reportaje periodístico es cuestionable, toda vez que, reiteramos, el acceso al Registro se distancia, a todas luces, de las prohibiciones contenidas en la Ley Núm.58 del 2020”, añadió Padilla Rivera, quien se reafirmó en que la Comisión ha sido responsable en el manejo de la información concerniente a los esfuerzos que se realizan para excluir del Registro General de Electores a los electores fallecidos en estricto cumplimiento con los procesos establecidos.
El reportaje del CPI ha puesto al descubierto no solo la existencia de votantes fallecidos en el registro electoral, sino un patrón más amplio de fraude, que incluye la falsificación de firmas y el uso indebido de la información para emitir votos falsos. Movilizadores y gestores políticos de los principales partidos estarían detrás de este esquema, según la investigación, lo que compromete la integridad del sistema electoral de Puerto Rico.
A pesar de las denuncias, las autoridades han sido lentas en su respuesta, lo que ha generado preocupación sobre la capacidad de la CEE para fiscalizar y detener estas supuestas prácticas fraudulentas que, según el CPI, llevan décadas ocurriendo en el sistema electoral puertorriqueño.