Cámara buscará frenar "crudita" ante la Junta de Supervisión Fiscal

La Cámara de Representantes se dispone a solicitar formalmente a la Junta de Supervisión Fiscal la suspensión temporera de una de las llamadas “cruditas”, en un intento por aliviar el costo del combustible para los consumidores en Puerto Rico, en momentos en que el precio de la gasolina continúa impactando el bolsillo de los ciudadanos.

El presidente cameral, Johnny Méndez, defendió la iniciativa como una medida necesaria ante el impacto económico que enfrenta la ciudadanía, al tiempo que señalo la importancia de ser responsables en que el proceso no afecte la solvencia del gobierno..

“No puede ser en un vacío (la derogación del impuesto) o con parámetros poco responsables que coloquen la solvencia del Gobierno de Puerto Rico en riesgo, por eso vamos a reunirnos con miembros de la Junta de Supervisión para determinar los mecanismos que logren suspender este arbitrio por un tiempo específico y, a la misma ves, identificar las herramientas para derogar esa ley”, sostuvo el Presidente Cameral en declaraciones escritas.

La propuesta surge en medio de un debate recurrente sobre el peso de estos arbitrios adicionales al combustible, que se han convertido en una fuente significativa de ingresos para el gobierno. En el año fiscal 2023, una de estas “cruditas” generó $141.6 millones, lo que evidencia su importancia dentro de la estructura presupuestaria del país.

Sin embargo, ese mismo elemento fiscal es el principal obstáculo. La Junta ha sostenido que los ingresos provenientes de las “cruditas” representan una porción relevante del presupuesto, lo que limita el margen para eliminarlas o suspenderlas sin identificar fuentes alternas de recaudo.

Entre alivio económico y presión fiscal

El planteamiento legislativo busca ofrecer un respiro inmediato a los consumidores ante el alza en los costos energéticos, particularmente en un contexto donde el precio de la gasolina continúa fluctuando. No obstante, la medida no está exenta de controversia, ya que cualquier reducción en estos arbitrios tendría un impacto directo en las finanzas públicas.

Aquí es donde entra el choque estructural: por un lado, la presión política para bajar costos; por otro, la realidad fiscal de un gobierno que depende de esos ingresos para cuadrar su presupuesto.

Una discusión que va más allá del combustible

Más allá del efecto inmediato en el precio de la gasolina, el debate sobre las “cruditas” vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: hasta qué punto el gobierno puede sostener su operación dependiendo de impuestos al consumo, particularmente en áreas esenciales como la energía.

La movida de la Cámara no solo busca atender el impacto económico inmediato, sino también presionar por una reevaluación del modelo de recaudos, en un escenario donde cada ajuste fiscal requiere el visto bueno de la Junta.

Lo que está en juego

La solicitud legislativa abre un frente político y económico complejo. Suspender la “crudita” podría traducirse en un alivio inmediato para los ciudadanos, pero también obligaría a replantear cómo se sustituyen esos ingresos sin afectar servicios esenciales.

Propuesta esta radicada hace más de dos meses

El portavoz del PPD en la Cámara radicó el 17 de marzo la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 315 que busca suspender temporalmente la crudita por 45 días, y da espacio a extenderlo por 45 días adicionales.

En días recientes, Ferrer ha señalado que la medida fue bloqueada por la mayoría, en una solicitud para llevarlo a votación por mecanismo de descargue.