Presentan nueva evidencia para reabrir caso contra la secretaria de la Familia

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó lo que describió como nueva evidencia en el controvertido caso de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a quien se le imputa haber beneficiado a una compañía de seguridad en el cuido de un paciente del Departamento de Salud en dos hogares distintos, mediante contratos cuyos costos se estipularon en $60,000 y $50,000 mensuales.

Con la presentación de esta evidencia, la delegación reiteró su posición —planteada en días recientes— de solicitar la reapertura del caso en el Departamento de Justicia. La investigación se inició en 2021 tras una solicitud del Departamento de Salud, pero fue archivada en 2025 durante la administración de Jenniffer González, en circunstancias que la delegación calificó como sospechosas. Según se ha reportado, estas incluyeron el ascenso de una fiscal que tomó la decisión de cerrar el caso por ausencia de prueba suficiente para sostener la sospecha de un delito.

La delegación —representada durante la conferencia de prensa por el portavoz de la minoría, Luis Javier Hernández Ortiz; el senador José A. Santiago Rivera; la portavoz alterna, Marially González Huertas, y el senador José Luis Dalmau Santiago— sostuvo que la nueva evidencia surge de un requerimiento de admisiones vinculado a una demanda presentada por One Source, la empresa de seguridad, contra un segundo proveedor de servicios del paciente. La supuesta conducta impropia, que dio paso a una pesquisa del Departamento de Salud, ocurrió cuando Roig Fuertes se desempeñaba como directora de la División de Personas con Discapacidad Intelectual de esa agencia.

Como parte de ese litigio, alegaron, se estipula que un allegado de la secretaria de la Familia intervino, junto al presidente de la empresa, en la gestión del contrato.

Según la delegación, la evidencia apunta a que el segundo proveedor tuvo conocimiento de la oportunidad de custodiar al paciente a través de empleados de One Source; que el 16 de diciembre de 2021, a las 9:00 a.m., un hombre identificado como Wilfredo Benítez, en representación de la empresa, visitó uno de los hogares para evaluar si podía albergar al paciente; y que la oferta inicial de contratación fue de $45,000 mensuales, de los cuales $40,000 corresponderían a One Source y $5,000 al proveedor. Añadieron que, tras el desacuerdo con el proveedor, el dueño de One Source intervino para aumentar el contrato a $50,000 mensuales.

Otro de los elementos destacados fue un correo electrónico enviado originalmente por el propietario del primer hogar a One Source y posteriormente reenviado por la funcionaria a una persona identificada como “Baby”. La delegación sostuvo que evidencia relacionada con ese intercambio —recopilada durante la investigación senatorial— no fue incluida en el expediente evaluado por el Departamento de Justicia.

“No incluyeron el correo electrónico enviado a ‘Baby’ por Roig Fuertes. ¿Y por qué eso es importante? Porque de investigarlo confirma que existía un vínculo entre ellos y la teoría de influencia contractual”, sostuvo Hernández Ortiz

Asimismo, aseguraron que el Departamento de Justicia les entregó un expediente de 240 páginas, en el que faltaban 24 páginas.