Contraloría detecta fallas millonarias en Junta de Retiro
Auditoría reveló pagos indebidos, contratos deficientes y diferencias de millones entre los inventarios de la Junta y los registros de Hacienda.
Por Redacción InDiario|Política|
Una auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico identificó pagos indebidos, deficiencias en la contratación de servicios profesionales y discrepancias millonarias en el manejo de propiedad pública de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico.
El Informe de Auditoría OC-27-25, divulgado este jueves, examinó operaciones realizadas entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de mayo de 2025 y produjo tres hallazgos significativos y dos comentarios especiales relacionados con contratación, propiedad y gobernanza interna.
Entre los señalamientos figura el pago de $8,049 a un contratista por servicios prestados después de haberse agotado los fondos disponibles en el contrato.
Los auditores encontraron además deficiencias durante la preintervención de facturas, incluyendo documentos que carecían de información requerida, ausencia de informes sobre los servicios prestados y certificaciones sin las firmas autorizadas.
A esto se suma un pago de $293 en exceso correspondiente a una comisión publicitaria que sobrepasó el límite permitido.
Contrato a compañía no registrada
La Contraloría señaló también que la Junta otorgó un contrato de $348,333, seguido de una enmienda por $140,000, a una corporación foránea que al momento de formalizarse los acuerdos no estaba inscrita en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales.
Entre ambos acuerdos, la contratación ascendió a $488,333.
Según el informe, la situación incumplió disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la contratación gubernamental.
Millonarias diferencias en propiedad
Uno de los señalamientos de mayor cuantía está relacionado con los registros de propiedad de la Junta.
La auditoría determinó que no se realizó un inventario físico cuando en 2022 fue nombrada la funcionaria encargada de la propiedad.
Al comparar los registros internos con los del Departamento de Hacienda, los auditores encontraron 1,199 unidades valoradas en $2.6 millones que figuraban en los libros de la Junta, pero no estaban registradas en Hacienda.
A la inversa, otras 894 unidades valoradas en $4.1 millones, que ya habían sido eliminadas de los registros internos de la Junta, continuaban apareciendo activas en el sistema oficial de Hacienda.
Las cantidades representan discrepancias entre registros y no significan, por sí solas, que $6.7 millones en propiedad pública hayan desaparecido o se hayan perdido. El señalamiento de la Contraloría se concentra en la ausencia de conciliación y actualización adecuada de los inventarios gubernamentales.
$28.6 millones y una reconstrucción sin comenzar
La auditoría también puso la mirada sobre la antigua sede de la Administración de los Sistemas de Retiro.
Según uno de los comentarios especiales del informe, al 8 de diciembre de 2025 todavía no habían comenzado los trabajos de reconstrucción del edificio, pese a que la Junta contaba con asignaciones provenientes de FEMA y del programa CDBG-DR, además de reclamaciones ante compañías aseguradoras que totalizaban $28.6 millones.
El informe no establece que esos $28.6 millones hayan sido desembolsados o utilizados indebidamente, sino que cuestiona que el proyecto de reconstrucción aún no hubiese comenzado pese a los recursos y reclamaciones disponibles.
Comité pasó casi tres años sin reunirse
La Oficina del Contralor encontró además que el Comité de Auditoría Interna de la Junta no celebró una sola reunión desde que fue creado en junio de 2022 hasta mayo de 2025.
Ese período de casi tres años sin reuniones incumplió los requisitos de la Carta Circular 2022-002, según determinó el organismo fiscalizador.
La contralora Carmen A. Vega Fournier advirtió que los hallazgos reflejan debilidades que pueden aumentar la exposición de la agencia a irregularidades.
“Estas deficiencias identificadas en la auditoría debilitan los procesos administrativos y aumentan el riesgo de irregularidades”, sostuvo Vega Fournier, quien exhortó a fortalecer los controles internos y garantizar el manejo responsable de los recursos públicos.
El nuevo informe añade así otra serie de señalamientos sobre la administración de la Junta de Retiro, esta vez concentrados en contratos, pagos, controles internos y millones de dólares en propiedad cuyos registros oficiales no coincidían entre las dependencias gubernamentales.
