Defensor Personas con Impedimentos arrastra señalamientos de extorsión en tribunales

El nombramiento en receso de la gobernadora Jenniffer González Colón al doctor David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos llegó bajo la sombra de un historial judicial que lo vincula como supuesta parte perjudicada en numerosas demandas frívolas contra negocios, por supuestamente no brindarle acomodos razonables bajo la Ley para Personas con Discapacidades (ADA, en inglés). Pero este no es el único problema que enfrenta su confirmación.

El designado también está señalado por conductas catalogadas por fuentes de INDIARIO como extorsivas, durante varias pugnas recientes contra dos entidades del propio Estado, incluyendo la que hoy dirige.

Distintos documentos judiciales fueron enviados a este medio ayer, martes, cuyos resultados pudieran inhabilitarlo durante su proceso de confirmación ante el Senado.

En 2020, el entonces presidente de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional acudió al Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso dd Mandamus. Figueroa Betancourt demandó a la Defensoría de las Personas con Impedimentos y a su Consejo Directivo, alegando que había sido nombrado legítimamente como Defensor en propiedad y que debía destituirse al entonces Defensor interino, Gabriel Colchado Méndez, para que se hiciera la transición de poderes.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que intervenía como síndico de la Defensoría, pidió la desestimación del caso. Argumentó que no existía una controversia real, que Colchado —el funcionario directamente afectado— no había sido incluido como parte indispensable en la demanda, y que no se podía forzar la transición sin cumplir con la Ley 158-2015, que regula la institución.

El Tribunal por conducto del juez Anthony Cuevas Ramos concluyó que la Ley 158-2015 es clara en establecer que los Defensores en propiedad son nombrados por un término de seis años y, en caso de vacante, el Consejo Directivo solo puede designar un sustituto que culmine el período del funcionario anterior. En ese sentido, Colchado debía continuar en el cargo como sustituto hasta concluir el término, y el Consejo no tenía discreción para removerlo antes.

Este pleito reflejó la estrategia de Figueroa Betancourt para presionar judicialmente a la entidad que hoy lidera, con el fin de desplazar al funcionario interino.

Dos años más tarde, en 2022, el hoy designado presentó un recurso contra el Tribunal de Apelaciones para reclamarles información bajo la Ley de Transparencia 141-2019. El escrito exigía, entre otros puntos, “copia de los documentos que permitan evidenciar que el Tribunal de Apelaciones tiene las condiciones de diseño y soluciones técnicas necesarias para permitir a todas las personas comunicarse, ser comprendidas, y que se produzca el entendimiento necesario para una persona con discapacidades auditivas”.

También reclamó copia de las órdenes de compra, así como de todo documento que describa las caracterizas o funcionalidades de las oficinas del Tribunal de Apelaciones, tales como visualización de textos o subtítulos en pantallas, dispositivos multimedia de fácil acceso, lenguaje escrito y sistemas de información en lenguaje de señas o interpretes ASL.

El Tribunal de Primera Instancia de Carolina terminó desestimando el caso al acoger la moción del Apelativo. La resolución recogió que ya se le había notificado a la representación legal del peticionario la contestación al requerimiento de información mediante correo electrónico y que la parte recurrida refirió al peticionario al website de los Tribunales en el que se encuentra publicada la documentación e información detallada sobre la Accesibilidad en el Poder Judicial.

La sentencia también señaló que el recurso se tornó académico luego de que la información fuera provista.

Este expediente legal arroja más sombras sobre su idoneidad para ocupar la designación en receso. La gobernadora firmó la Ley 46-2025 y la Ley 48-2025, que le permitió extender el término del nombramiento a 10 años. Luego, llenó la vacante en propiedad sin el aval del Senado el 11 de julio de 2025. La designación en receso es un mecanismo que le otorga al funcionario el poder del cargo hasta tanto sea evaluado.

¿Participó de demandas frívolas?

El nombramiento del doctor en trabajo social David Figueroa Betancourt se encuentra ante el cedazo legislativo, donde ya enfrentaba serias objeciones.

El récord periodístico recoge que el nombramiento de David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos enfrenta oposición no solo política, sino también ciudadana. Distintos reportes señalan que se han levantado denuncias por conflictos de interés vinculados a su historial de litigios.

Según El Nuevo Día, senadores confirmaron haber recibido denuncias ciudadanas sobre posibles conflictos en la nominación. El señalamiento central es que Figueroa mantiene vínculos con un abogado acusado de presentar demandas frívolas bajo la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Estas querellas ciudadanas alegan que la designación de un litigante activo en casos de este tipo al frente de la Defensoría compromete la imparcialidad de la institución.

El San Juan Daily Star también documentó que legisladores del Partido Popular Democrático expusieron denuncias sobre el patrón de litigios de Figueroa. Los ciudadanos que han contactado a la Legislatura alegan que él ha demandado a pequeños comercios, oficinas médicas y agencias públicas, utilizando la Ley ADA. Entre las entidades mencionadas en denuncias periodísticas figuran la Junta de Planificación, la Autoridad de Edificios Públicos, el Municipio de Santa Isabel e incluso la propia Defensoría de las Personas con Impedimentos, que ahora dirige.

Por otro lado, El Diario reportó que algunos ciudadanos cuestionan directamente su idoneidad, advirtiendo que los supuestos vínculos profesionales y el historial de demandas podrían representar un serio conflicto de interés. Estas denuncias se suman a las críticas de sectores legislativos que ya han solicitado a la gobernadora el retiro del nombramiento.

El liderato del Partido Popular Democrático en el Senado también había advertido que existen conflictos de interés en la nominación y han pedido su retiro. Mientras tanto, organizaciones de personas con diversidad funcional han mantenido silencio o han mostrado reservas sobre la idoneidad del designado.