FEI amplía investigación de OGPe e incluye a Lefranc Fortuño

Testimonios recopilados durante la pesquisa llevaron a solicitar que se investigue si el subsecretario del DDEC incurrió en alguna conducta criminal.

Por Redacción InDiarioPolítica|

Roberto Lefranc Fortuño, subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico (Archivo)
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) autorizó ampliar por segunda ocasión la investigación relacionada con la controversia en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), esta vez para incluir al subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño.

La determinación surge luego de que la fiscal especial independiente Fabiola Acarón Porrata-Doria y los fiscales especiales delegados Ileana Agudo Calderón y Arcelio A. Maldonado Avilés II solicitaran el 22 de septiembre ampliar el alcance de la pesquisa.

Según la resolución del Panel, fechada el 23 de septiembre y divulgada este miércoles, la petición surgió a raíz de información obtenida durante las propias gestiones investigativas del FEI.

Particularmente, el documento establece que la solicitud se origina en testimonios ofrecidos por testigos con conocimiento personal y directo de una conducta que podría constituir delito.

Los fiscales indicaron que la evidencia recopilada requiere ampliar la investigación para determinar la posible responsabilidad criminal, si alguna, de Lefranc Fortuño.

Es importante señalar que la ampliación de la investigación no constituye una determinación de culpabilidad ni implica que se hayan presentado cargos criminales contra el funcionario. Precisamente, el propósito autorizado por el Panel es investigar y determinar si existe responsabilidad penal.

Investigación alcanza a cinco funcionarios y exfuncionarios

La resolución identifica como parte del expediente DI-FEI-2026-0011 a Norberto Almodóvar Vélez, exsecretario auxiliar de OGPe; Charlene Neuman Rivera, exjefa de personal de OGPe; Francisco Domenech Fernández, exsecretario de la Gobernación; Itza M. García Rodríguez, exsubsecretaria de la Gobernación; y ahora Roberto Lefranc Fortuño, subsecretario del DDEC.

El expediente hace referencia a posibles infracciones de los artículos 254 y 261 del Código Penal de Puerto Rico, además de los artículos 4.2(b), 4.2(f) y 4.2(s) de la Ley de Ética Gubernamental. La inclusión de esas disposiciones en el encabezamiento de la resolución tampoco equivale a una adjudicación de que alguno de los investigados las haya infringido.

El Panel determinó que la nueva vertiente está “intrínsecamente relacionada” con la encomienda investigativa original y autorizó la ampliación al amparo del Artículo 11 de la Ley Núm. 2 de 1988, que permite extender la jurisdicción de un FEI cuando surgen asuntos relacionados durante una pesquisa.

Un caso que comenzó dentro de OGPe

La controversia se remonta a una investigación interna del DDEC relacionada con un proceso competitivo para un contrato de publicidad financiado con fondos federales. En junio, el Departamento de Justicia refirió al PFEI al entonces secretario auxiliar de OGPe, Norberto Almodóvar, luego de alegaciones sobre presiones indebidas, represalias y posibles intervenciones en el proceso evaluativo. En aquel momento, Justicia recalcó que su referido tampoco constituía una adjudicación de responsabilidad penal. 

El asunto adquirió una dimensión política y administrativa adicional tras la salida del entonces secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, quien denunció alegadas intervenciones de La Fortaleza en decisiones administrativas de su agencia. Tras su renuncia, Lefranc Fortuño asumió funciones operacionales en el DDEC mientras mantenía su posición como director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO). 

Ahora, los fiscales sostienen que los testimonios recopilados durante la investigación justifican examinar también la actuación de Lefranc Fortuño.

El PFEI indicó que, por tratarse de una investigación en curso, no emitirá declaraciones adicionales sobre el asunto. La resolución también deja abierta la posibilidad de conceder tiempo adicional a los fiscales si posteriormente resulta necesario para completar la pesquisa.