Ferrer pide más alivios tras anuncio de exención del IVU

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, reconoció la decisión de la gobernadora Jenniffer González Colón de proponer una suspensión temporera del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, pero advirtió que la medida resulta insuficiente ante el aumento sostenido en el costo de vida.

Ferrer Santiago reclamó que el Ejecutivo considere otras dos iniciativas impulsadas por su delegación legislativa: suspender temporalmente los arbitrios sobre la gasolina y el diésel, y establecer un incentivo contributivo reembolsable dirigido a la clase trabajadora y la clase media.

"Finalmente, la Gobernadora acogió una de las medidas que llevamos meses proponiendo desde la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes: suspender temporalmente el IVU en los alimentos preparados", expresó el legislador.

La gobernadora anunció este viernes que sometió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una propuesta para eximir del impuesto a los alimentos preparados vendidos en restaurantes y establecimientos de comida durante noviembre y diciembre.

La iniciativa todavía requiere la validación del organismo fiscal, por lo que la suspensión del impuesto no ha entrado en vigor.

Solicitan eliminar temporalmente la crudita

Ferrer Santiago explicó que la delegación popular ha promovido la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que propone suspender durante 45 días los arbitrios sobre la gasolina y el aceite diésel.

Según el análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la medida tendría un impacto fiscal estimado de $19.6 millones durante ese período, aunque contempla un costo máximo potencial de $25 millones.

La propuesta forma parte de las alternativas que el legislador presentó formalmente mediante una carta fechada el 22 de octubre y dirigida al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica Jr.

"Sin embargo, el alivio no puede quedarse ahí. El aumento en el costo de la electricidad, la gasolina, los alimentos y los servicios esenciales continúa golpeando el bolsillo de nuestras familias y poniendo en riesgo la supervivencia de miles de pequeños y medianos negocios", sostuvo Ferrer Santiago.

Buscan incentivo contributivo para trabajadores

Además de las exenciones temporeras, el portavoz popular propuso establecer un nuevo incentivo contributivo reembolsable que permita entregar asistencia económica directamente a contribuyentes de ingresos bajos y medios.

En su comunicación a la Junta Fiscal, Ferrer Santiago recordó que durante este año el Gobierno distribuyó aproximadamente $554 millones en pagos a unos 690,000 contribuyentes trabajadores y de clase media, correspondientes al año contributivo 2025.

El representante propone utilizar un mecanismo similar para el año contributivo 2026, mientras continúa pendiente una reforma contributiva más amplia.

Como alternativa de financiamiento, mencionó la Resolución Conjunta de la Cámara 257, presentada en enero, que propone una reducción de 5% en los presupuestos de las agencias gubernamentales para generar economías destinadas a financiar alivios contributivos.

El legislador aseguró estar dispuesto a evaluar otros mecanismos que permitan implementar las propuestas sin comprometer el cumplimiento del Plan Fiscal certificado.

Advierten sobre posibles cierres de miles de negocios

La solicitud a la Junta Fiscal está acompañada de datos sobre el impacto del aumento en la factura de electricidad sobre los hogares y los comercios.

Según la carta del portavoz popular, los ajustes tarifarios aprobados para el trimestre de octubre a diciembre aumentaron el costo de la electricidad en 5.284 centavos por kilovatio hora.

Para un consumidor residencial no subsidiado que utiliza 800 kilovatios hora mensuales, el pago estimado pasaría de $228.59 a $270.86, un incremento de $42.27 mensuales, equivalente a aproximadamente 18.5%.

El documento también recoge la advertencia del Centro Unido de Detallistas sobre el riesgo de cierre de aproximadamente 12,000 pequeñas y medianas empresas debido a los elevados costos energéticos, lo que podría afectar unos 70,000 empleos.

Asimismo, cita estadísticas de 551 quiebras registradas durante septiembre, un aumento de 5.8% frente al mismo mes del año anterior.

Ferrer Santiago planteó que la pérdida de negocios y empleos también perjudicaría los recaudos del Gobierno y su estabilidad fiscal.

Junta Fiscal evaluará las propuestas

La Junta de Supervisión Fiscal confirmó este viernes que evaluará la propuesta presentada por la gobernadora para eliminar temporalmente el IVU de los alimentos preparados.

El organismo reconoció el impacto que tienen los altos costos de electricidad sobre las familias y los negocios, aunque reiteró que cualquier alternativa debe ser fiscalmente responsable.

Por su parte, Ferrer Santiago informó que solicitó una reunión con Mujica para discutir la viabilidad de las propuestas presentadas por la delegación popular.

"Precisamente, ayer solicitamos una reunión con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir estas alternativas y viabilizar su implementación de manera fiscalmente responsable", indicó.

El portavoz insistió en que las medidas deben atender tanto las necesidades inmediatas de los consumidores como las dificultades económicas que enfrentan los pequeños comerciantes.

"Si la gobernadora está dispuesta a actuar, que lo haga con sentido de urgencia y que amplíe el alivio. Nuestra gente necesita un respiro y nuestros pequeños negocios necesitan oportunidades para sobrevivir", concluyó Ferrer Santiago.

Las propuestas sobre combustibles e incentivos contributivos continúan pendientes de evaluación, mientras la exención temporera del IVU anunciada por La Fortaleza espera la determinación de la Junta Fiscal.