Gobernadora mantiene racha de vetos en medio de tensiones con el poder legislativo

La gobernadora Jenniffer González mantuvo su racha de vetos a medidas legislativas, con cinco en días recientes, mientras aparentemente continúan enfriándose las relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo por controversias relacionadas con contrataciones públicas y los poderes para la aprobación de permisos mediante el proyecto de permisología presentado por la administración penepé.

Uno de los vetos más recientes fue al Proyecto del Senado 683, conocido como la Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria, que buscaba prohibir la imposición de cargos o contribuciones por la entrada de furgones a la jurisdicción de Puerto Rico como mecanismo de financiamiento para la seguridad portuaria.

En síntesis, Jenniffer González determinó que la medida no “atiende adecuadamente la realidad jurídica y fiscal que rodea” la zona portuaria, ya que existe un pleito pendiente de adjudicación en el Tribunal Federal que podría incidir sobre la medida.

El Gobierno de Puerto Rico había descontinuado el programa de escaneo de furgones en agosto de 2025 tras determinarse que “no cumplía con los objetivos de seguridad ni de fiscalización contributiva que originalmente motivaron su implementación”. Además, un estudio realizado por la Uniformada concluyó que el programa no constituía una obligación federal.

“La eliminación legislativa del cargo que históricamente ha financiado dicho programa, sin considerar el desenlace de este litigio, podría tener el efecto de obligar al Gobierno a asumir potenciales costos sin contar con una fuente de ingresos para sufragarlos. Este escenario podría generar cargas fiscales no contempladas, particularmente en el contexto del marco fiscal vigente bajo la Ley PROMESA, al eliminar una fuente dedicada de ingresos sin atender simultáneamente las posibles obligaciones contractuales en disputa”, sostuvo la Gobernadora mediante una comunicación oficial.

Entretanto, la Gobernadora también vetó el Proyecto del Senado 711, que hubiese enmendado la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 para establecer solicitudes de órdenes de protección por riesgo extremo y prohibir temporalmente que un ciudadano compre, posea o porte armas de fuego cuando esto represente un peligro significativo.

“El Artículo 2.13 de la Ley de Armas ya faculta a los agentes del orden público a ocupar armas sin orden judicial; en las mismas circunstancias que contempla el PS 711. Además, el proyecto parte del supuesto de que los actos de violencia y los suicidios son cometidos por personas con licencia de armas, sin que del trámite legislativo surja evidencia empírica que sustente tal premisa. En consecuencia, la medida no atiende la violencia perpetrada por quienes no poseen licencia”, indicó la Gobernadora.

Asimismo, la Primera Ejecutiva adelantó que el proyecto autorizaría la incautación de armas bajo circunstancias ambiguas, así como “una orden de protección por el ejercicio de un derecho fundamental que hoy solo se sanciona administrativamente”.

“Es parte integral del compromiso de la gobernadora de proteger a la ciudadanía de la violencia armada y prevenir el suicidio; sin embargo, la medida propuesta no es el mecanismo adecuado para atender estas preocupaciones”, indicó la Gobernadora.

Vetos previos

En una ronda previa de vetos, la gobernadora Jenniffer González rechazó tres medidas adicionales al sostener que no atendían su impacto fiscal o contradecían objetivos de la administración. Entre ellas figuró el Proyecto del Senado 531, dirigido a ampliar el acceso de los pacientes a información médica, cuya implantación —según La Fortaleza— generaría costos adicionales para instituciones de salud. También vetó el Proyecto del Senado 582, que extendía beneficios del plan médico gubernamental a vigilantes activos y retirados del DRNA y sus familias, así como otra medida para transferir al Municipio de San Germán instalaciones del antiguo centro de transbordo, al entender que afectaba la planificación del manejo de desperdicios sólidos.  Estos proyectos eran de la aurtoría del senador Juan Oscar Morales, quien ha alegado represalias luego de otro veto a otro de sus proyectos que pretendía eliminar las escoltas para los exgobernadores.