Informe acusado a Walz de ignorar fraude millonario
Comité del Congreso señala represalias contra denunciantes en Minnesota
Por Redacción InDiario|Política|
Un nuevo informe del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara federal acusa a la administración del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, de haber ignorado durante años advertencias internas sobre fraude en programas sociales financiados con fondos federales, mientras empleados que levantaron bandera sobre las irregularidades habrían enfrentado represalias dentro del gobierno estatal.
El documento, de más de 200 páginas, fue divulgado por la mayoría republicana del comité y lleva por título The Cost of Doing Nothing: How Tim Walz and Keith Ellison Fueled Minnesota’s Fraud Explosion. Según el informe, altos funcionarios del gobierno de Minnesota, incluyendo la oficina del gobernador Walz y la del fiscal general Keith Ellison, conocían desde 2019 preocupaciones sobre fraude en programas de servicios sociales, pero no actuaron con la rapidez ni la firmeza necesaria para detener pagos a proveedores sospechosos.
La pesquisa sostiene que las fallas de supervisión permitieron la pérdida de aproximadamente $300 millones en fondos federales de nutrición infantil vinculados al caso de Feeding Our Future, además de poner en riesgo hasta $9,000 millones en fondos relacionados con Medicaid. Para los republicanos del comité, el problema no fue únicamente la existencia de esquemas criminales, sino la respuesta tardía, débil o políticamente condicionada del gobierno estatal.
Uno de los señalamientos más fuertes del informe apunta al trato contra denunciantes internos. Según el comité, empleados del Departamento de Educación de Minnesota y del Departamento de Servicios Humanos habrían sido presionados para dejar de investigar o reportar posibles irregularidades. Algunos denunciantes alegaron que se les advirtió que levantar preocupaciones sobre ciertos proveedores podía ser interpretado como discrimen, racismo o islamofobia.
Alegaciones de vigilancia e intimidación
El informe también recoge denuncias de empleados que afirmaron haber sido objeto de investigaciones arbitrarias, monitoreo de computadoras y teléfonos, fotografías de sus vehículos y residencias, así como intentos de obtener información personal sobre sus familias. La mayoría republicana sostiene que estas acciones crearon un ambiente de intimidación que desalentó nuevas denuncias internas.
En una de las partes más delicadas del documento, el comité señala que funcionarios del Departamento de Servicios Humanos reconocieron que la agencia utilizó entidades externas para investigar empleados. Aunque no quedó claro si se contrataron firmas legales o investigadores privados en todos los casos, el informe utiliza esos testimonios para sostener que el gobierno estatal dedicó recursos a investigar a empleados que denunciaban fraude, en lugar de concentrarse exclusivamente en detener a los proveedores sospechosos.
La administración Walz ha rechazado la caracterización republicana del informe. Un portavoz del gobernador dijo que el comité ha demostrado ser “una broma” y sostuvo que Walz se alegra de que los defraudadores estén yendo a prisión. La oficina del fiscal general Keith Ellison también rechazó el informe, alegando que contiene inexactitudes, tergiversa los hechos y busca politizar el tema en vez de ayudar a Minnesota a proteger fondos públicos.
La defensa del gobierno estatal
La oficina de Walz ha insistido en que su administración tomó medidas contra el fraude, incluyendo la creación de nuevas estructuras de supervisión, mayor capacidad de auditoría, uso de análisis de datos, inspecciones a proveedores de alto riesgo y legislación para permitir la suspensión temporal de pagos cuando exista evidencia de fraude. También ha destacado que el estado impulsó visitas no anunciadas, congelación de nuevas licencias en áreas sensibles y revisiones de proveedores de Medicaid.
Sin embargo, para los republicanos en Washington, esas medidas llegaron tarde. El presidente del comité, James Comer, envió además una carta al vicepresidente J.D. Vance solicitando que la fuerza de tarea federal contra el fraude revise los programas sociales de Minnesota desde 2019. El comité también busca utilizar el caso como argumento para impulsar legislación federal dirigida a reducir pagos indebidos y fortalecer controles sobre fondos públicos.
El choque coloca nuevamente a Walz en el centro de una controversia nacional sobre fraude, supervisión gubernamental y uso de fondos federales. Para sus críticos, el caso representa una advertencia sobre lo que ocurre cuando la corrección política, el temor a acusaciones de discrimen y la burocracia impiden actuar contra señales de fraude. Para sus defensores, el informe es un documento partidista que ignora las acciones tomadas por el estado y convierte un problema criminal complejo en munición política.
Aun con esa división, el caso deja una pregunta difícil para Minnesota y para Washington: si empleados internos advirtieron a tiempo sobre el fraude, ¿por qué el gobierno no actuó antes para proteger el dinero de los contribuyentes?
