J.D. Vance reúne fiscales generales estatales en ofensiva antifraude
Casa Blanca busca apoyo estatal para investigar fraudes en programas federales
Por Redacción InDiario|Política|
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezó esta semana una reunión con fiscales generales estatales como parte de la ofensiva de la administración Trump contra el fraude en programas federales, una iniciativa que la Casa Blanca presenta como una cruzada para recuperar fondos públicos, pero que también ha provocado críticas de fiscales demócratas por alegado manejo partidista.
Según reseñó POLITICO, Vance convocó a fiscales generales estatales a una mesa redonda sobre fraude gubernamental. El encuentro fue confirmado por la Casa Blanca, que publicó el evento bajo el título de “State Attorneys General Roundtable on Anti-Fraud Initiatives”, celebrado el martes 26 de mayo en Washington.
La reunión forma parte de la “Task Force to Eliminate Fraud”, creada por orden ejecutiva del presidente Donald Trump en marzo. Esa orden estableció un esfuerzo coordinado desde la Casa Blanca para combatir fraude, desperdicio y abuso en programas federales de beneficios, particularmente aquellos administrados con participación estatal, local, tribal o territorial.
Durante el encuentro, Vance defendió los resultados iniciales de la ofensiva federal. “En apenas dos meses, hemos expuesto miles de millones de dólares en beneficios que han sido robados al pueblo estadounidense”, dijo el vicepresidente en sus palabras de apertura, según reportó The National News Desk.
La Casa Blanca ha presentado la iniciativa como una operación amplia contra esquemas de fraude en Medicaid, préstamos federales, programas de asistencia, contratos gubernamentales y fondos de emergencia relacionados con la pandemia. En un comunicado publicado el 26 de mayo, la administración Trump sostuvo que la fuerza de trabajo se mueve con rapidez para identificar fraude, recuperar dinero y restaurar la confianza pública en el manejo de fondos federales.
Entre los casos destacados por la administración figuran la suspensión o revisión de pagos de Medicaid, investigaciones contra proveedores de salud, referidos de préstamos pandémicos presuntamente fraudulentos y acciones del Departamento de Justicia contra esquemas de fraude en varios estados. La Casa Blanca también afirmó que la Administración de Pequeños Negocios refirió 562,000 préstamos fraudulentos o morosos, por unos $22,000 millones, para gestiones agresivas de cobro.
El Departamento de Justicia, por su parte, informó este mes que su División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude ha tomado acciones en casos que representan cerca de $1,000 millones en fraude. La agencia sostuvo que la nueva división trabaja para investigar y procesar esquemas contra programas federales, ciudadanos, empresas y organizaciones sin fines de lucro.
El fiscal auxiliar general Colin McDonald pidió cooperación directa de los estados. “Necesitamos documentos. Necesitamos testigos”, dijo McDonald, al reclamar que los estados compartan datos de Medicaid, expedientes de pagos y experiencia investigativa para detectar esquemas fraudulentos.
Sin embargo, el evento quedó marcado por la ausencia de fiscales generales demócratas. De acuerdo con Courthouse News Service, más de 20 fiscales demócratas no asistieron tras alegar que fueron invitados a última hora, días después que sus colegas republicanos. En una carta dirigida a Vance, los fiscales sostuvieron que la invitación llegó con menos de un día laborable de aviso y sin agenda, lo que, según ellos, no reflejaba un verdadero espíritu de colaboración federal-estatal.
El fiscal general de California, Rob Bonta, acusó a la Casa Blanca de convertir el evento en un “truco político” dirigido a dividir al país y enfrentar estados y partidos. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también criticó el proceso y afirmó que combatir el fraude “no es un asunto político”, al cuestionar que los republicanos recibieran las invitaciones iniciales.
Según CBS Minnesota, 24 fiscales generales demócratas firmaron la carta de rechazo, mientras que al encuentro asistieron representantes de 15 fiscales generales republicanos y algunos funcionarios enviados por oficinas demócratas.
El trasfondo político de la controversia está en el foco que la administración Trump ha puesto sobre estados gobernados por demócratas, especialmente Minnesota y California, donde funcionarios federales han señalado posibles esquemas de fraude en programas de salud, asistencia social y servicios financiados con fondos públicos. La Casa Blanca ha dicho que su esfuerzo busca proteger al contribuyente; los fiscales demócratas responden que el gobierno federal está politizando la fiscalización y, al mismo tiempo, debilitando recursos de supervisión.
