Junta pide datos antes de aprobar $9.6 millones para pozos

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reclamó al Gobierno de Puerto Rico información adicional antes de decidir si autoriza el uso de hasta $9.6 millones de la Reserva de Emergencia para rehabilitar cinco pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como parte de la respuesta a la sequía.

En una comunicación dirigida a la gobernadora Jenniffer González Colón, el director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., reconoció la situación de emergencia que enfrenta Puerto Rico, pero planteó interrogantes sobre la viabilidad de los pozos, el tiempo que tomaría devolverlos a operación y los costos que generarían una vez concluya la emergencia.

La solicitud del Gobierno, presentada el 1 de septiembre, busca utilizar hasta $9,688,345 para evaluar, rehabilitar y reactivar los pozos Dorado Dairy 1, Dorado Dairy 2, Maguayo 2, Campanilla 8 y Levittown 4.

Según ha planteado la administración, las cinco instalaciones podrían aportar en conjunto cerca de cinco millones de galones de agua diarios al sistema de la AAA y aumentar la disponibilidad de agua para la zona metropolitana.

Sin embargo, la Junta quiere conocer cuánto tiempo tomaría poner en funcionamiento cada instalación, la cantidad de agua que puede producir actualmente y si existen condiciones de contaminación o problemas con la calidad del agua que puedan impedir su utilización.

El organismo fiscal también pidió conocer la fecha y las razones por las que cada pozo dejó de operar, cuánto producía antes de quedar fuera de servicio, las comunidades que abastecía y su condición física actual.

Además, solicitó información sobre las evaluaciones técnicas, ambientales y regulatorias que todavía serían necesarias antes de determinar si los pozos pueden regresar al sistema de agua potable.

Cuestionan selección de los cinco pozos

La Junta también quiere que el Gobierno justifique por qué seleccionó esas cinco instalaciones sobre otros pozos actualmente fuera de servicio o frente a otras posibles medidas para enfrentar la emergencia.

Entre las preguntas planteadas figura cuánto aumentaría realmente el suministro disponible, cuáles comunidades se beneficiarían y hasta qué punto la rehabilitación de los pozos reduciría la dependencia de los embalses, el Superacueducto y otras fuentes afectadas por la sequía.

Otro de los asuntos bajo evaluación es el costo.

La Junta solicitó un desglose individual de los $9,688,345, incluyendo cuánto correspondería a estudios, permisos, diseño, rehabilitación e interconexión.

Asimismo, cuestionó por qué el Gobierno está solicitando autorización para utilizar la totalidad del dinero cuando todavía faltan estudios que determinen cuáles de los cinco pozos son realmente viables.

El organismo pidió además que se explique qué ocurriría con los fondos destinados a cualquiera de las instalaciones que eventualmente resulte imposible o poco conveniente rehabilitar.

Junta pone la mirada en los costos futuros

Mujica levantó igualmente preocupaciones sobre quién asumirá los gastos de operación, mantenimiento y monitoreo de las instalaciones una vez pase la emergencia.

“La AAA ya enfrenta considerables desafíos fiscales y operacionales”, advirtió Mujica en la comunicación, al señalar que parte de la presión que actualmente enfrenta el sistema responde a problemas acumulados de mantenimiento.

La propuesta gubernamental contempla que los gastos recurrentes puedan ser absorbidos posteriormente por el presupuesto certificado de la AAA o atendidos mediante los procesos presupuestarios y del Plan Fiscal.

No obstante, la Junta señaló que todavía no conoce cuánto costaría mantener los pozos operando anualmente ni cuál agencia tendría la responsabilidad sobre cada uno de esos gastos.

También quiere saber si, una vez termine la sequía, los pozos permanecerían operando permanentemente o serían utilizados como una reserva para futuras emergencias, así como las medidas que se adoptarían para evitar que vuelvan a quedar fuera de servicio.

Como parte del proceso, Mujica solicitó una reunión con representantes de la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y otras dependencias que puedan intervenir en los trabajos.

La petición de fondos permanece así bajo evaluación y no ha sido rechazada, pero la Junta dejó claro que espera recibir las respuestas y documentación adicional antes de determinar si autoriza el desembolso de los casi $9.7 millones solicitados por el Gobierno.