PPD propone usar $131.6 millones para aliviar la luz

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó este lunes tres medidas legislativas dirigidas a utilizar $131.6 millones del Fondo de Reserva de Emergencia para aliviar el aumento en las facturas de electricidad que enfrentan los consumidores residenciales, comerciales e industriales en Puerto Rico.

El portavoz de la delegación popular, Luis Javier Hernández Ortiz, encabezó una conferencia de prensa en la que reclamó acción inmediata del Gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante el incremento de 18.5% aprobado por el Negociado de Energía el pasado 30 de septiembre.

El ajuste elevó el costo promedio del kilovatio hora de aproximadamente 28.57 a 33.85 centavos, una de las tarifas más altas registradas en Puerto Rico.

“Esto no es un problema, esto es una emergencia, y todos tenemos la responsabilidad de proponer soluciones, de discutir ideas y que se brinden alternativas para mejorar esta lamentable situación”, expresó Hernández Ortiz.

El legislador sostuvo que el encarecimiento del servicio eléctrico está obligando a familias a escoger entre pagar la luz o cubrir necesidades básicas, mientras pequeños comerciantes enfrentan mayores costos operacionales.

Tres medidas para utilizar el Fondo de Emergencia

La primera propuesta, presentada por el senador Josian Santiago Rivera, es la Resolución Conjunta del Senado 229, que busca reasignar $131,650,334.94 del Fondo de Reserva de Emergencia a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según explicó Santiago, entre junio y agosto de 2026 los costos de combustible alcanzaron $627.1 millones, mientras que la cantidad facturada fue de $486.4 millones. Luego de aplicar un crédito de $9 millones, quedó una diferencia aproximada de $131.6 millones que el Negociado autorizó recuperar mediante las facturas del trimestre de octubre a diciembre.

El senador indicó que el fondo contaba con $1,055 millones en abril de 2024 y estimó que su balance actual podría acercarse a $1,200 millones. De confirmarse esa cifra, la asignación propuesta representaría aproximadamente el 11% de sus recursos.

La segunda medida, el Proyecto del Senado 1599, fue presentada por la senadora Ada Álvarez Conde y propone enmendar la legislación del Fondo de Emergencia para permitir expresamente que sus recursos se utilicen para mitigar ajustes trimestrales por combustible que aumenten las tarifas eléctricas.

La legislación mantendría como requisitos una declaración de emergencia de la gobernadora y una solicitud de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ante la Junta de Supervisión Fiscal.

Álvarez Conde recordó que la Junta autorizó durante agosto la utilización de recursos del fondo para enfrentar la sequía, precedente que, a su juicio, demuestra que también podrían emplearse para atender la crisis energética.

“Si el agua es un servicio esencial, ¿qué es la luz? Sin luz no hay agua en muchas comunidades, no funcionan los equipos médicos en los hogares y hospitales y no abren los negocios”, argumentó.

La tercera propuesta, la Resolución Concurrente 22, fue presentada por el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago y exhorta a la gobernadora Jenniffer González Colón a modificar las órdenes ejecutivas relacionadas con la emergencia energética para incluir expresamente el impacto de las tarifas en los consumidores.

Dalmau sostuvo que las órdenes vigentes atienden asuntos de generación y transformación del sistema eléctrico, pero no establecen mecanismos específicos para enfrentar los incrementos en las facturas.

Aumentos de hasta $29,108 mensuales para grandes empresas

La portavoz alterna de la delegación, Marially González Huertas, detalló el impacto del ajuste tarifario utilizando las cifras del Negociado de Energía.

Para un cliente residencial que consume 800 kilovatios hora mensuales, la factura aumentó de $228.59 a $270.86, una diferencia de $42.27.

En el caso de los pequeños comercios, el incremento estimado es de $63.42 mensuales, mientras que un cliente comercial o industrial mediano podría experimentar un aumento de $4,851.43 y uno grande, de hasta $29,108.65, según los niveles de consumo utilizados por el regulador.

González Huertas advirtió, además, sobre la posibilidad de nuevos aumentos durante el trimestre de enero a marzo de 2027, debido al uso de combustibles más costosos ante las dificultades que enfrenta el sistema de generación.

Reclaman acción de la gobernadora y la Junta Fiscal

Hernández Ortiz explicó que las tres iniciativas buscan complementarse: una asignaría los recursos, otra establecería expresamente la autorización legal y la tercera solicitaría la intervención de la gobernadora mediante las órdenes ejecutivas.

El portavoz popular pidió a la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) que evalúe las propuestas y evite descartarlas sin un análisis de sus posibles beneficios.

El planteamiento de utilizar recursos de emergencia también surgió este lunes desde la presidencia del Senado, cuando Thomas Rivera Schatz reclamó a la Junta Fiscal permitir la liberación de fondos para ofrecer alivio temporero a familias y comercios.

No obstante, la utilización de estos recursos todavía dependería de los trámites legislativos y administrativos correspondientes, así como de las autorizaciones fiscales aplicables. Tampoco se ha detallado una fórmula definitiva para distribuir el alivio entre las distintas categorías de consumidores.

Mientras tanto, la delegación del PPD insistió en que el aumento eléctrico constituye una situación extraordinaria que amerita utilizar mecanismos de emergencia para reducir su impacto económico.

“El dinero existe, y está guardado precisamente para emergencias”, concluyó Hernández Ortiz.