Lula gana en Brasil bajo polémica por intervención judicial

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva consiguió este domingo su reelección en Brasil al derrotar al conservador Flávio Bolsonaro, en una jornada marcada por una inédita intervención judicial que extendió el horario de votación, provocó cierres desiguales de los colegios electorales y desató serios cuestionamientos de sectores de la derecha brasileña sobre la transparencia del proceso.

Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo aproximadamente el 51.77 % de los votos válidos frente al 48.23 % de Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según el escrutinio del Tribunal Superior Electoral (TSE). La diferencia rondó los 4.4 millones de sufragios.

El resultado representa un cuarto mandato presidencial para Lula, de 80 años, y un revés para el movimiento conservador brasileño, que había conseguido una importante victoria política en la primera vuelta del pasado 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro superó al mandatario por más de dos millones de votos.

Sin embargo, la victoria de la izquierda llega acompañada de una controversia que podría trasladarse a los tribunales.

El exabogado de Lula interviene en la elección

La principal polémica se produjo cuando el magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó extender la votación nacional hasta las 7:00 de la noche, dos horas después del cierre originalmente establecido.

La determinación atendió una solicitud presentada ante el Supremo por la campaña de Lula, que denunció problemas de transporte público que presuntamente dificultaban el acceso de los electores a sus centros de votación.

El elemento más controvertido es que Zanin fue abogado personal de Lula durante los procesos judiciales de la operación Lava Jato y posteriormente fue nombrado al Supremo Tribunal Federal por el propio mandatario en 2023.

Aunque Zanin no preside el Tribunal Superior Electoral —cargo ocupado por Kassio Nunes Marques—, fue quien emitió la orden que alteró el horario nacional de votación.

Esta relación profesional entre el juez y el candidato beneficiado políticamente por la decisión es uno de los argumentos utilizados por sectores conservadores para cuestionar la apariencia de imparcialidad de la intervención judicial.

El vínculo, sin embargo, no demuestra por sí mismo que Zanin haya actuado ilegalmente ni que la decisión respondiera a intereses partidistas.

Urnas abiertas para unos y cerradas para otros

La orden judicial fue emitida prácticamente cuando concluía el horario regular de votación. Para entonces, numerosos colegios electorales habían cerrado sus urnas electrónicas y algunos ya habían comenzado a transmitir resultados.

La confusión obligó al TSE a suspender temporalmente la totalización nacional.

Posteriormente, Zanin aclaró que la extensión aplicaría únicamente a los colegios que todavía mantenían abiertas sus urnas. Los centros que habían cerrado a las 5:00 de la tarde no podrían reabrir.

El resultado fue una situación extraordinaria: mientras algunos brasileños tuvieron dos horas adicionales para ejercer el voto, otros encontraron cerrados sus colegios electorales.

Las denuncias de la oposición apuntan precisamente a esa desigualdad y a la posibilidad de que sectores electorales favorables a Lula se beneficiaran de la extensión mientras otros, con mayor respaldo a Bolsonaro, no tuvieron la misma oportunidad.

Hasta el momento, no se ha publicado evidencia concluyente que demuestre una selección deliberada de colegios según sus preferencias políticas. También se registraron cierres en regiones favorables al propio Lula.

La campaña de Bolsonaro había solicitado igualmente extender la votación en municipios afectados por fuertes lluvias, inundaciones y problemas eléctricos en estados del sur y sureste brasileño. No obstante, la orden nacional del Supremo surgió del recurso presentado por la campaña oficialista.

La pregunta que deberán responder las autoridades electorales es cuántos centros permanecieron abiertos, dónde estaban ubicados y cuántos votos adicionales fueron emitidos durante las dos horas extraordinarias.

La derecha denuncia interferencia judicial

Las reacciones de dirigentes conservadores no se hicieron esperar.

Rogério Marinho, coordinador general de la campaña de Bolsonaro y senador del Partido Liberal, criticó duramente la decisión de Zanin y advirtió sobre la posibilidad de un golpe judicial o una maniobra administrativa que interfiriera con la voluntad popular.

El gobernador conservador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, también acusó al PT de recurrir al Supremo para perturbar el proceso electoral.

Mientras tanto, el diputado federal Nikolas Ferreira, una de las figuras más visibles de la nueva generación conservadora brasileña, sostuvo que la extensión beneficiaba políticamente a la izquierda y planteó la posibilidad de impugnar el resultado.

La campaña de Lula rechazó las acusaciones y argumentó que la medida era necesaria para proteger el derecho al voto de ciudadanos afectados por deficiencias en el transporte colectivo.

Su coordinador, Edinho Silva, acusó a autoridades municipales de incumplir sus obligaciones de garantizar el transporte de electores y advirtió sobre posibles delitos electorales.

Al cierre de los primeros informes sobre el resultado, Bolsonaro permanecía reunido con sus asesores políticos y jurídicos, mientras sus aliados evaluaban las consecuencias de la decisión judicial.

Un triunfo de la izquierda frente a un Congreso conservador

La victoria de Lula también representa un revés para la expansión electoral de la derecha latinoamericana y para los sectores brasileños partidarios de estrechar las relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump.

Flávio Bolsonaro había basado buena parte de su campaña en propuestas para reducir impuestos y gastos públicos, fortalecer la seguridad y modificar el rumbo económico del país.

Lula, por su parte, defendió su política social y sus programas de asistencia, aunque enfrentó cuestionamientos por el costo de vida, la deuda pública y los problemas de seguridad.

A pesar de su reelección, el mandatario continuará enfrentando un Congreso con una importante representación conservadora, circunstancia que podría dificultar la aprobación de algunas de sus prioridades.

¿Habrá impugnaciones?

El desenlace electoral abre ahora un nuevo escenario jurídico.

La oposición podría cuestionar la aplicación desigual de la extensión del horario y solicitar información detallada sobre los centros que continuaron operando después de las 5:00 de la tarde.

Juristas brasileños han advertido que la confusión puede provocar reclamaciones, aunque cualquier intento de anulación necesitaría fundamentos jurídicos y evidencia suficiente sobre el efecto de las irregularidades.

Por ahora, no existe una determinación judicial que establezca fraude electoral ni que invalide la victoria anunciada por el TSE.

Lo ocurrido, sin embargo, plantea un asunto que trasciende la preferencia por Lula o Bolsonaro: la obligación de garantizar reglas electorales uniformes y una administración judicial libre de dudas razonables sobre su imparcialidad.

Lula obtuvo los votos para continuar en el poder. La Justicia Electoral brasileña tendrá ahora el reto de explicar por qué, en una misma elección presidencial, unos colegios pudieron continuar votando mientras otros permanecieron cerrados.