Lisie Burgos impulsa pesquisa sobre contratos y violencia doméstica

La portavoz cameral de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, presentó dos medidas legislativas dirigidas a ampliar la fiscalización gubernamental en áreas distintas, pero unidas por un mismo reclamo: conocer si las leyes y los procesos públicos están funcionando como fueron diseñados.

Por un lado, la representante por acumulación radicó la Resolución de la Cámara 714 para ordenar una investigación sobre la implementación del protocolo uniforme creado por el Departamento de Salud para atender casos de estrangulamiento o asfixia no letal en incidentes de violencia doméstica. Por otro, presentó el Proyecto de la Cámara 1297, que propone crear un Registro Digital Centralizado de Contratos bajo la administración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

La primera medida busca que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara evalúe si las instituciones médico-hospitalarias están cumpliendo con los procesos de evaluación clínica, intervención y monitoreo de víctimas sobrevivientes de estrangulamiento o asfixia no letal, según lo dispuesto al amparo de la Ley 71-2024.

La investigación también examinaría si los hospitales y centros médicos notifican a la Policía de Puerto Rico cuando exista sospecha razonable de que una persona fue o pudo haber sido víctima de este tipo de agresión, así como el manejo que las autoridades han dado a esos referidos.

“Cuando la Asamblea Legislativa aprueba una ley para proteger vidas, nuestra responsabilidad no termina con la firma de la medida. Tenemos el deber de fiscalizar su ejecución y asegurarnos de que las víctimas estén recibiendo la protección, el seguimiento y la atención que la ley les garantiza”, sostuvo Burgos Muñiz.

La legisladora destacó que el estrangulamiento y la asfixia no letal han sido identificados como indicadores de alto riesgo en situaciones de violencia doméstica, por lo que insistió en que el gobierno debe conocer si los protocolos vigentes están ayudando a prevenir tragedias, identificar víctimas a tiempo y activar respuestas efectivas de seguridad y salud.

Como parte de la pesquisa, la Comisión de Seguridad Pública podría citar a funcionarios, agencias, entidades privadas, organizaciones sin fines de lucro y cualquier persona o institución con conocimiento sobre el tema. También tendría facultad para requerir documentos, estadísticas, informes y otra información pertinente. La resolución ordena rendir informes parciales y un informe final antes de que concluya la Vigésima Asamblea Legislativa.

Registro digital de contratos

En el área de contratación pública, Burgos Muñiz radicó el Proyecto de la Cámara 1297, que enmienda la Ley Núm. 18 de 1975, conocida como la Ley de Registros de Contratos, para establecer una plataforma electrónica uniforme donde agencias, departamentos, instrumentalidades, oficinas y municipios registren, sometan, enmienden y formalicen sus contratos.

La medida propone que el sistema sea administrado por la Oficina del Contralor y permita el acceso, registro, validación, radicación y firma electrónica de contratos en tiempo real. La intención, según la legisladora, es atender la dispersión de sistemas, los retrasos en los procesos de radicación y las inconsistencias en el cumplimiento de requisitos legales.

“Los ciudadanos merecen un gobierno que utilice la tecnología para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas”, expresó Burgos Muñiz, al sostener que la plataforma permitiría que la información sobre contratos gubernamentales sea más accesible, uniforme y confiable.

El proyecto también dispone que, una vez un contrato sea firmado electrónicamente por todas las partes, pueda ser expedido automáticamente. Además, los contratos relacionados con adquisición o disposición de bienes inmuebles y los documentos vinculados a esas transacciones tendrían que registrarse en la plataforma centralizada.

Otro componente de la propuesta es la coordinación entre la Oficina del Contralor y el Departamento de Hacienda. Según la medida, una vez se perfeccione un contrato, el Registro Digital Centralizado emitiría una alerta electrónica a Hacienda para que las partidas presupuestarias acordadas queden identificadas y aseguradas.

La legislación contempla, además, acuerdos colaborativos entre la Oficina del Contralor y el Puerto Rico Innovation and Technology Service para la implantación tecnológica del sistema. Si el Contralor emite reparos o señalamientos sobre un contrato radicado electrónicamente, la entidad gubernamental concernida tendría 30 días para corregir las deficiencias.

La propuesta fue referida a la Comisión de lo Jurídico para su evaluación. En conjunto, ambas medidas colocan a Burgos Muñiz en una línea de fiscalización sobre dos áreas sensibles: la protección de víctimas de violencia doméstica y el control del gasto público mediante mayor transparencia en la contratación gubernamental.