Nueva ley elimina residencia para aspirantes a abogados
También crea una junta para estudiar la reciprocidad y reválidas uniformes, mientras otra ley obliga a PRITS a divulgar proyectos activos.
Por Redacción InDiario|Política|
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que elimina el requisito de residencia de 12 meses para solicitar admisión a la práctica de la abogacía en Puerto Rico, un cambio que permitirá a personas que viven fuera de la Isla iniciar el proceso sin tener que establecer residencia previamente.
La Ley 189-2026, originada en el Proyecto del Senado 1024, enmienda la Ley 17 de 1939, que pasará a denominarse Ley del Ejercicio de la Abogacía en Puerto Rico. Hasta ahora, el estatuto exigía haber residido en Puerto Rico durante los 12 meses inmediatamente anteriores a presentar la solicitud de admisión.
El cambio, sin embargo, no establece una admisión automática por reciprocidad para abogados de otras jurisdicciones. La nueva legislación también elimina del estatuto una antigua disposición que contemplaba la admisión sin examen para determinados abogados admitidos en otras jurisdicciones, mientras se mantiene como norma general el requisito de aprobar la reválida, sujeto a las excepciones que establezca el Tribunal Supremo mediante reglamento.
La legislación crea además la Junta Especial para el Estudio de la Reciprocidad Profesional en la Abogacía y del Examen de Reválida, que estará adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
El organismo tendrá la encomienda de evaluar los modelos de admisión recíproca utilizados en otras jurisdicciones de Estados Unidos e identificar las barreras que actualmente impiden que Puerto Rico forme parte de esos sistemas. También deberá estudiar la posibilidad de adoptar mecanismos que permitan una mayor movilidad profesional entre jurisdicciones.
Entre los asuntos que deberá analizar la junta figura la posible adopción de exámenes uniformes y sistemas de portabilidad de resultados, incluyendo el Uniform Bar Examination (UBE) y el NextGen Uniform Bar. Tras completar sus trabajos, deberá someter al Tribunal Supremo un informe con sus hallazgos y recomendaciones.
El Tribunal Supremo determinará mediante reglamento la cantidad de integrantes de la junta. La composición deberá incluir representación de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, las escuelas de Derecho acreditadas y la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría, entre otros posibles participantes especializados.
La medida fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto con los senadores Brenda Pérez Soto, Rafael Santos Ortiz, Héctor Sánchez Álvarez, Luis Colón La Santa y Wilmer Reyes Berríos.
Más transparencia sobre proyectos tecnológicos
González Colón también firmó la Ley 190-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 1031, que obliga al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) a publicar en su portal digital todos los proyectos tecnológicos activos que estén bajo su jurisdicción.
La legislación persigue que los ciudadanos puedan conocer qué iniciativas tecnológicas mantiene en desarrollo el Gobierno y facilitar la fiscalización sobre su progreso y administración. La publicación deberá realizarse utilizando la infraestructura digital existente, por lo que la medida fue concebida para no generar gastos adicionales al erario.
La ley contempla excepciones cuando divulgar determinada información pueda comprometer asuntos de seguridad nacional o cuando existan restricciones legales de confidencialidad. En esos casos, PRITS podrá publicar versiones con información sensible omitida, pero deberá justificar las partes que no haga públicas.
El Proyecto del Senado 1031 fue presentado por el senador Ángel Toledo López, con la coautoría de Migdalia Padilla Alvelo y Gregorio Matías Rosario.
Las dos nuevas leyes atienden asuntos distintos, pero introducen cambios dirigidos a ampliar el acceso a la profesión legal y aumentar la transparencia sobre la inversión y administración de proyectos tecnológicos del Gobierno.
